La Intervención del Estado descarta un delito de cohecho en el caso Bárcenas

El organismo no ve correlaciones entre las adjudicaciones públicas de las empresas que donaron dinero al PP y las entregas de dinero al partido.

LD/ Agencias

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez Pablo Ruz no ha encontrado relación entre las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP a las empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas y dichas entregas de dinero, lo que descartaría un delito de cohecho.

El informe analiza las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP a las quince empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes al partido de 4,8 millones de euros, sociedades que recibieron un total de 22.452 millones de 2002 a 2009.

En sus conclusiones, la IGAE afirma que "no parece existir una correlación temporal general" entre las donaciones de dinero que el exgerente del PP anotó en su contabilidad paralela y "los volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas" y, en relación a adjudicaciones concretas, indica que no hay "informaciones suficientes en el expediente" para pronunciarse sobre dicha relación.

El informe ha analizado las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios que aparecían en los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas realizaron entre los años 2002 y 2009 por un total de 4,8 millones de euros. En su conjunto se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros en este periodo que fueron aprobados por administraciones gobernadas por el PP.

Las empresas sobre las que se ha realizado la investigación son Sacyr, FCC, OHL, Aldesa, Sando, Assignia, Azvi, Bruesa, Licuas/Desprosa, Asedes, Cyopsa-Sisocia, Construcciones Rubau, Degremont, Sorigue y José Antonio Romero Polo SAU. Sus directivos están imputados en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta 'caja B' del PP.

Todas estas sociedades realizaron donaciones que oscilan entre los 54.000 euros de Romero Polo y los 1,2 millones de Sando, al tiempo que obtuvieron en los ocho años analizados adjudicaciones por parte de administraciones 'populares' que en el caso de Sacyr alcanzaron los seis millones de euros. A continuación se situaron FCC (5,03 millones), OHL (4,16), Aldesa (1,83), Sando (1,51) y Assignia (1,3).

En relación con las adjudicaciones analizadas, los técnicos de la IGAE señalan que, "atendiendo al efecto que pudo producir el cambio de formación política tras las elecciones generales de 2004", que ganó el PSOE, se aprecian "evoluciones dispares en las distintas empresas relacionadas" tanto en lo relativo a las adjudicaciones del Estado como de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El informe completa uno de avance que la IGAE presentó en noviembre de 2013 y que señalaba que no podía establecerse correlación entre las supuestas donaciones al PP y los contratos adjudicados porque "a veces" existía una "diferencia de varios meses" entre las dos operaciones.

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