La Fiscalía pide que el Supremo investigue a Chaves y a Griñán

Alaya considera que los presuntos delitos son responsabilidad de la Junta de Andalucía.

Ángela Martialay/ Pedro de Tena (Sevilla)

La Fiscalía ha presentado este miércoles un informe ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se le pide que asuma la causa de la investigación de los ERE en Andalucía sólo en la parte que afecta a los aforados nacionales, es decir, a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y José Antonio Griñán y sobre los exconsejeros del gobierno andaluz José Antonio Viera Gaspar Zarrías y Mar Moreno, ya que todos ellos son actualmente miembros del Parlamento.

El fiscal considera que el Tribunal debe asumir la investigación de la causa sólo en lo que afecta a los aforados nacionales Chaves, Viera y Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso y Moreno y Griñán, en su calidad de senadores.

En dicho informe, la Fiscalía refiere sólo a la competencia del Supremo para investigar parte del caso de los ERE, pero no entra a analizar el fondo del procedimiento, es decir, si hay indicios de delito o no por parte de estos cinco aforados ante el Alto Tribunal.

El fiscal reitera así la postura expresada en varias ocasiones por Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya, instructor de los ERE, sobre la conveniencia de dividir la causa principal donde hay imputados más de 200 personas en diversas piezas separadas.

El Ministerio Público considera que la causa es escindible y que nada impide que en su caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también pueda asumir la investigación en lo referido a los aforados autonómicos, es decir, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio. Esta es la única forma, en opinión del Ministerio Público, de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo.

Ahora la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, deberá decidir si sigue el criterio del Fiscal y limita su instrucción de los eres sobre estos cinco diputados y senadores o si, por el contrario, asume toda la instrucción de esta macrocausa de corrupción.

El Supremo designó como ponente de ese asunto, de acuerdo al turno preestablecido en la Sala, al magistrado de corte conservador Miguel Colmenero.

Una decisión política

La juez Mercedes Alaya siempre ha sostenido que el procedimiento de los ERE fue el resultado de una decisión política de la cúpula de la Junta de Andalucía lo que valió la hostilidad de la administración autonómica y del PSOE.

Por su parte, la Audiencia de Sevilla consideró que era posible pensar que el sistema se instauró "para propiciar lo que finalmente ocurrió –el fraude–". "¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pidiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?", se preguntó la Audiencia en uno de sus autos.

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que el sistema empleado, fondo de reptiles incluso, era legal y que de ello se tenía constancia firme en los Presupuestos anuales.

El Ejecutivo andaluz siempre arguyó que el que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía aprobara las ayudas que luego pagaba un ente instrumental del Gobierno andaluz, la Agencia IDEA, mediante las transferencias de financiación, que no puede ser aplicadas a este tipo de subvenciones, era legal. Gracias a este mecanismo, que fue criticado por la propia Intervención General de la Junta, durante diez años no fueron controlados 721 millones de euros, convertidos ya con el tiempo en 1.217 millones de euros dando paso a un "saqueo" y a un descontrolado tráfico de comisiones ilegales por gestionar despidos, prejubilaciones y ERE.

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