El 9-N de Mas topa con las reticencias de los directores de instituto a acatar órdenes verbales

Sociedad Civil Catalana elabora una guía jurídica en la que aconseja pedir por escrito la orden de ceder los centros para el referéndum

Pablo Planas (Barcelona)

No todos los directores de instituto catalanes acaban de ver claro lo que se les está pidiendo desde instancias como los servicios territoriales de la consejería de Enseñanza de la Generalidad y que no es otra cosa que su participación como voluntarios y responsables de los "locales de votación" del referéndum "alternativo" del 9-N.

Tras las presiones denunciadas la semana pasada, algunos de estos directores, decenas de profesores y padres de alumnos se han dirigido a Ciudadanos, al PP y a Sociedad Civil Catalana, la entidad cívica de oposición al separatismo, para mostrar su inquietud por las consecuencias legales que pueda acarrear el cumplimiento de unas órdenes sobre las que no hay constatación escrita oficial.

Las llamadas son reiteradas y siempre con interlocutores diferentes, denuncian. Las presiones en las ciudades más pequeñas vienen también de la todopoderosa Assemblea Nacional Catalana (ANC), cuyas labores de control y agitación abarcan cualquier aspecto de la vida cotidiana, desde la catalanización de las tiendas a la implantación del odio a España en los colegios e institutos. Se ha instado a los profesores a colocar carteles bien visibles de la organización, de la campaña "Ahora es la hora" y de la fecha del referéndum y se recomienda aleccionar a los estudiantes sobre el derecho a decidir o la posición "intransigente" del Estado "opresor".

Ante las denuncias y las peticiones de apoyo, Sociedad Civil Catalana ha elaborado una guía para directores, profesores y padres en la que se les recomienda solicitar constancia escrita de las órdenes al jefe de los servicios territoriales correspondientes y elevarlas tanto a los "la inspección de la consejería de Enseñanza como a la Alta Inspección de Enseñanza del Estado". También se les recomienda impedir la entrada de particulares en los institutos (que podrían tener acceso a datos confidenciales de los alumnos), ya que a los directores que han declinado la "invitación" a participar en el referéndum se les exige que den las llaves de los centros a quien designe la Generalidad.

Muchos de estos directores no tienen inconveniente en seguir las directrices de la Generalidad en materia lingüística, aunque supongan el incumplimiento de sentencias del Constitucional, del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, porque se consideran protegidos y respaldados por la administración autonómica. En cambio y en esta ocasión, el hecho de que ni Mas ni ningún miembro del Gobierno, alto cargo o eminente funcionario se preste a firmar órdenes relativas a la organización y desarrollo del 9-N ha causado inesperadas reticencias entre muchos responsables y trabajadores de los centros de enseñanza designados por la Generalidad como "colegios electorales"

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