El juez de Cádiz se inhibe y el caso del exconsejero Ojeda va a manos de Alaya

La juez investigará cómo Ángel Ojeda y su familia obtuvieron más de 50 millones de euros en subvenciones y a través de un conglomerado de entidades.

Pedro de Tena

Lo anticipó Libertad Digital el pasado mes de mayo cuando informó de que cuando Mercedes Alaya envió por segunda vez a la Guardia Civil a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía a retirar expedientes de subvenciones para cursos de formación, se llevaron también expedientes de ayudas al entramado empresarial formativo del ex consejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda Avilés.

Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha decidido inhibirse sobre la operación Óscar (sobre el fraude de la formación), en el marco de la que fue detenido el exconsejero socialista Ángel Ojeda y que investiga un supuesto fraude en subvenciones a cursos de formación, en favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya. El argumento jurídico aducido es que el juzgado que dirige Alaya ya investiga ese supuesto fraude, lo cual es totalmente cierto.

El juez de la operación Óscar ha admitido, pues, la petición que le formuló la Fiscalía Provincial de Cádiz a principios de septiembre. López Marchena dejó en libertad con cargos al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda y le retiró el pasaporte como medida cautelar.

Ojeda estuvo el 6 de agosto en las dependencias judiciales de Cádiz durante más de cinco horas, tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría de Cádiz. Los cargos que se le imputan son los de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida. Según El Mundo, en los furgones de nueva documentación que llegó ayer al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla había al menos el expediente de dos ayudas de formación concedidas en 2009 y en 2011 a una de las fundaciones del entramado del exconsejero Ojeda Avilés.

Ahora, el caso de Ojeda Avilés y su familia, con más de 50 millones de euros obtenidos en subvenciones varias y a través de un conglomerado de entidades, empresas y fundaciones, cae en manos de la juez Alaya.

Los expedientes que estaban en manos de Alaya

En concreto, se trata de los expedientes codificados como 98/2009/M/74 y 98/2011/E/3678 correspondientes a subvenciones de 158.910 y 224.700 euros concedidas a Prevención de Riesgos Seguridad y Calidad SL (Prescal) y a la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe). No eran los más importantes pero evidencian que la juez Alaya fue la primera en tomar cartas en el asunto Ojeda Avilés.

Si se tiene en cuenta el dinero concedido como subvenciones a las empresas, sociedades, asociaciones y fundaciones impulsadas por Ojeda, es una cantidad mínima porque el total del dinero supera ampliamente los 50 millones de euros. Por poner un solo ejemplo, en un solo día Ojeda recibió más de 10 millones de euros en subvenciones.

La cuñada de Ojeda, María Teresa Florido Mancheño anunció querellas contra el PP y contra Libertad Digital y su corresponsal, Pedro de Tena por haberla acusado de favorecer a su cuñado, algo que no aparece en ninguno de los artículos publicados. Tras el preceptivo trámite, no hubo acuerdo entre las partes por lo que Florido deberá ahora, si quiere, seguir con los trámites de la querella.

El hecho incuestionable es que la resolución por la que se dio publicidad en el BOJA a algunas de las subvenciones concedidas a Ojeda lleva la firma de la entonces directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada de Ángel Ojeda Avilés. Aunque ella niega ahora haber participado en la tramitación o en la concesión de ayudas a las empresas de su familar -por lo que interpone las querellas - es su firma la que consta en el Boletín Oficial cuando no debería constar si se hubiera abstenido.

Recuérdese además que la exconsejera María del Mar Moreno "avocó" en 2013 (fecha en la que se conoció la avocación) las competencias de revisión de esos expedientes a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, por concurrir en ella "causas de abstención" y las delegó en el secretario general.

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