Alaya descubre más tramas e impone nuevas fianzas

Las investigaciones de la juez Alaya no sólo no han decrecido con la elevación del caso al TS sino que parecen haberse incrementado.

Pedro de Tena (Sevilla)

Las investigaciones de la juez Alaya, no sólo no han decrecido con la elevación del caso al Tribunal Supremo sino que parecen haberse incrementado. Como respuesta, cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares no quisieron declarar ante la juez. Según ABC, se trata de una estrategia concertada para intentar bloquear la instrucción a la espera de que el Tribunal Supremo dictamine sobre la responsabilidad en el presunto fraude de los nueve aforados imputados en la causa, incluyendo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla está en contra de que la juez siga instruyendo porque debe esperar la decisión del Supremo y por ello, le pidieron a la magistrada que informara al alto tribunal de la continuidad de su investigación.

Al hilo de la postura de la Fiscalía todos los implicados citados por la juez han mantenido la posición de negarse a declarar ante la juez. Así lo han hecho el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Ya el pasado mes de mayo ni Antonio Fernández ni Francisco Javier Guerrero ni otros ex altos cargos aceptaron declarar. Sea por boicot, por miedo o por esperar al dictamen del Tribunal Supremo, estos son los hechos.

Nuevas fianzas

En su conjunto la juez ha impuesto ya casi 3.000 millones de euros de fianza a 130 imputados para reponer el dinero desviado en el caso ERE si fuesen condenados o abonar las multas que pudieran serles impuestas.

La Audiencia de Sevilla anuló fianzas por 49,8 millones de euros al ex viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano; al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, y a la ex directora de la mediadora Vitalia Gemma Fátima Rodríguez.

Pero en total y descontadas las mencionadas, asciende a más de 2.948 millones de euros el importe global de las fianzas impuestas a 130 encausados.

Por orden de importancia situamos a las siguientes: la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández (807 millones), la del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero (686 millones) y el ex consejero de Empleo Agustín Barberá (490 millones).

De las nuevas fianzas, 10,7 millones ha sido la impuesta al exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román; de 4,07 millones del ex consejero de Innovación Martín Soler;  de 3,46 millones impuesta al ex interventor general  de la Junta Manuel Gómez.

482.790 euros es la fianza impuesta al presidente de Unicaja, Braulio Medel; 2,5 millones de euros al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón; los 1,6 millones  al ex jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía Francisco del Río.

Nueva trama de falsificación

Según El Mundo, la investigación de la Guardia Civil, a raíz de la cual se han destapado nuevas prácticas irregulares en la Consejería de Empleo, ha revelado que llegaban a falsificarse documentos oficiales al objeto de dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.

En el meollo de este nuevo escándalo está otra vez Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla y ex director general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Rivas fue un importante cargo del PSOE de Sevilla, compañero de Susana Díaz en la dirección de los socialistas sevillanos. Fue imputado por la juez Alaya en el caso Mercasevilla.

Según la Guardia Civil, Rivas habría expedido certificados falsos de justificación de subvenciones ya concedidas y gracias a ellos, las entidades que no justificaban las ayudas podían seguir recibiéndolas. Se trata de pues de un procedimiento destinado a desactivar los controles de las subvenciones para otorgarlas discrecionalmente.

Se ha descubierto el nuevo truco al analizarse las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la Asociación San Juan Grande. En esta documentación se ha hallado al menos una certificación en la que se acreditaba que una de las subvenciones recibidas por la ONG había sido aplicada a la finalidad para la que se concedió cuando la realidad es que, señala literalmente el informe de la Guardia Civil, "nunca se justificó ni un solo euro".

Quien firmó la certificación fue Antonio Rivas cuya firma aparece en un documento fechado el 9 de abril de 2008 vinculado al expediente de subvención SE/IG/0106/2007, Rivas  habría cometido, "cuando menos", un delito de falsedad en documento público en calidad de director general del SAE.

También señala el informe de la Guardia Civil a Javier Aguado, ex secretario general de Empleo, puesto que él tenía capacidad de decidir sobre la tramitación de los expedientes de reintegro que se abrieron contra contra la Asociación San Juan Grande para que devolviese las ayudas que no justificó.

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