Se le reclama 1,8 millones de euros

Susana Díaz decide no sancionar a UGT por sus irregularidades con dinero de los parados

Pese a existir herramientas punitivas como la pérdida durante cinco años de subvención o la prohibición de contratar con las administraciones.

Pedro de Tena (Sevilla)

Las sanciones previstas en la Ley General de Subvenciones por el escándalo de las facturas falsas y los desvíos de fondos públicos perpetrados por UGT destapado por Libertad Digital no serán aplicadas a UGT por ahora Es una decisión de Susana Díaz y su gobierno con lo que conductas como las que condujeron a falsear facturas, a cargar como subvenciones lo que eran gastos sindicales, a consumir dinero en comilonas en la Feria de Abril de Sevilla o en regalar los 700 maletines falsificados en fábricas de Asia, no tendrán consecuencias administrativas.

La Junta, subraya El Mundo tiene otra prioridad: ir concluyendo los 19 expedientes de reintegro a UGT por ayudas, que suman 15,2 millones de euros, que mantiene abiertos la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero socialista –y ugetista– José Sánchez Maldonado

Pero de momento, y pese haber pasado un año desde las primeras informaciones de LD, Economía sólo ha cerrado dos de los 21 expedientes de reintegro que abrió y le ha reclamado ya en firme al sindicato UGT que devuelva 1,8 millones de euros, al certificar las irregularidades correspondientes a dos ediciones del plan Orienta. Pero a pesar del comportamiento irregular certificado, tampoco en estos dos casos se aplicarán las sanciones correspondientes, que implican dejar de percibir subvenciones durante cinco años.

La Junta haya optado priorizar los expedientes de reintegro, pero la Ley de Subvenciones contiene "sanciones no pecuniarias", que se podrán imponer en caso de "infracciones graves o muy graves", van desde la "pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones", hasta la “prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las administraciones”.

Las irregularidades perpetradas por UGT tienen el carácter de «infracción muy grave» porque se trata de no haber aplicado "en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida». Es casi exactamente lo que ha hecho UGT falseando facturas para desviar subvenciones y destinándolas  a otros fines.

La Junta ya ha reclamado a UGT que devuelva 1,8 millones de euros correspondientes al plan Orienta, un programa destinado a combatir el desempleo a través de unidades de orientadores para asesorar a los desempleados. Pero como informó Libertad Digital UGT destinó fondos del Orienta que le había pagado la Junta a abonar la indemnización de buena parte de los trabajadores que despidió en 2012 con un ERE, que dejó en la calle a 159 empleados de UGT. Este desvío de fondos constituye "infracción muy grave" de la Ley de Subvenciones.

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