Informe de la Sala de Gobierno

Rapapolvo del Supremo a la reforma de la ley del Poder Judicial de Gallardón

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal critica múltiples aspectos del anteproyecto redactado por el Ministerio de Justicia.

Ángela Martialay

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha elaborado un extenso informe fruto de diversas reuniones entre los magistrados donde se muestra muy crítica con el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) elaborado por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

En el documento, de 67 folios, los jueces explican que el anteproyecto de ley plantea dudas de constitucionalidad respecto de algunos preceptos como, por ejemplo, a la hora de establecer una "jurisprudencia vinculante", de regular los nuevos cánones de la casación o de someter a los jueces y magistrados a la autoridad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con este último aspecto la Sala de Gobierno se muestra especialmente crítica ya que considera que es una "declaración innecesaria", "inoportuna dentro del título dedicado precisamente a la potestad jurisdiccional" que se presta a dar a entender que los jueces ejercen su función "bajo la potestad del Consejo". "Lo más contrario que cabe imaginar a la independencia y la sujeción únicamente del imperio de la ley", añaden los magistrados.

El Alto Tribunal explica que siendo la razón que llevó a la creación del CGPJ la de "velar por la independencia judicial" "parece un contrasentido" que deba enfatizarse en que los jueces y magistrados están bajo "su autoridad".

Asimismo, la Sala de Gobierno explica que "llama la atención" el artículo 15.3 del anteproyecto de LOPJ que somete a los jueces a las instrucciones generales dictadas por "la autoridad competente en la materia, si la hubiere", porque crea confusión aunque se refiera a funciones no jurisdiccionales.

Otra de las críticas al proyecto se refiere a la idea de prohibir a los jueces y a sus asociaciones valorar asuntos pendientes en los medios de comunicación. Los magistrados del Supremo creen que se trata de conductas poco habituales y referida casi siempre a análisis técnicos sobre una determinada resolución .

Además, aplicar la prohibición entrañará la dificultad de discernir el límite entre las declaraciones y las colaboraciones de tipo doctrinal: "¿Dónde estará la frontera?", "¿Qué diferencia hay en publicar en un diario o semanario jurídico y hacerlo en uno de información general de la misma periodicidad?", ¿Qué es lo decisivo? ¿Lo que se dice o dónde y cuándo se dice?", se preguntan de forma retórica los magistrados del Alto Tribunal. "No se percibe pues una prohibición de este alcance", concluyen.

El Consejo General del Poder Judicial solicitó recabar las opiniones de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces Decanos, las asociaciones judiciales y los miembros de la carrera en general sobre el proyecto de reforma de la LOPJ. La Comisión Permanente de este órgano celebrará una reunión monográfica el próximo 12 en la que se perfilará la propuesta de un informe definitivo.

A continuación