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Operación EDU

El dinero para la formación llegó a empresas sin apenas empleados

Una de las conclusiones provisionales de la investigación de la UDEF es que las subvenciones llegaron a ser cobradas por empresas sin empleados.

Pedro de Tena

A lo publicado este martes en Libertad Digital donde se explicaba que incluso a ciertos alumnos se les forzaba notarialmente a renunciar al puesto de trabajo al que tenían derecho según la convocatoria de las subvenciones, se añaden ahora algunos datos nuevos. Uno de los más llamativos es que muchas de las empresas que recibieron las subvenciones investigadas por la UDEF en Málaga tenían un número muy reducido de empleados -cuando tenían alguno- y que varias de ellas están ilocalizadas. Son los primeros resultados de la Operación EDU, inspirada en la investigación de la Seguridad Social y la Policía Nacional.

El objeto social de estas supuestas compañías va de la gestión de salas de fiestas a la fabricación de muebles; de los baños de agua de mar, a peluquerías o gestión de la protección de datos; Del buceo a puestos de comida. Algunas veces se daban en trasteros y las familias de los adjudicatarios ocupaban puestos de monitor o profesores de los cursos.

Uno de los casos más llamativos es el de las peluquerías Yomaluig, que lograron mas de 2 millones en subvenciones. También hay gestorías y academias implicadas en falsificaciones documentales. Hay tiendas beneficiadas por cursos que los daban en la trastienda siendo el marido de la afortunada el "tutor". En otro caso, un camarero se "convirtió" por arte de las subvenciones en profesor de bordados en la escuela de su padre, escuela que entre escuela taller y formación ha logrado cerca de 300.000 euros.

En El Mundo puede verse que la escuela de quiromasaje y naturopatía NaturaClass, radicada en el municipio de Fuengirola, obtuvo 62.634 euros para la formación por medio de la sociedad Mistiyan. El centro de buceo de Benalmádena, en la Costa del Sol, fue beneficiado con dos subvenciones que suman casi 300.000 euros.

La empresa Espectáculos Olorun, con sólo dos empleados, según información de sus cuentas presentadas en el Registro Mercantil, percibió 316.590 euros del programa presupuestario 32D del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Aunque está dedicada a la gestión de salas de espectáculos, no posee siquiera dirección en internet y su domicilio social, en la avenida Pintor Sorolla número 54 de Málaga, coincide con un bloque de viviendas junto a un conocido vivero de la zona. No registra actividad alguna desde hace al menos dos años y es inexplicable cómo los supuestos alumnos podían acceder o conectar con ella.

Go Net Aplicaciones obtuvo 41.310 euros en ayudas en el expediente investigado por la UDEF y que consta en el Boletín Oficial (Boja) del 23 de noviembre de 2010. Está dedicada a las aplicaciones informáticas, pero fue liquidada tras un proceso concursal. Entre 2010 y 2011, años investigados por la Udef, su activo total creció en más de un 90%.

63.870 euros recibió Nexo A.J. en el mismo expediente. Era una empresa de 11 empleados –tres de ellos discapacitados– dedicada a la edición de periódicos y cuyo activo creció un 306,62% entre 2010 y 2011. Pero de nada valió el incremento puesto que tras varias reclamaciones de la Seguridad Social, la empresa entró en concurso de acreedores hace algo más de dos años.

La Academia Europea de Estudios Profesionales recibió 105.750 euros en noviembre de 2010 y lleva años sin cumplir con su obligación de depósito anual de cuentas, por lo que es posible que se cierre su hoja registral. 110.160 euros se concedieron a Buscfonia, una empresa de telecomunicaciones, ilocalizable para el Registro Mercantil.

Los agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas, principalmente aquellas cuyos nombres están incluidos en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Unos 1.000 beneficiarios están bajo sospecha (la mayoría de ellos empresas que han dado cursos de formación que tienen sedes en varias provincias). "Hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar", según dijo un alto cargo policial a El País.

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