Pedraz se niega a archivar el caso Couso tras la reforma de la justicia universal

El juez cree que la nueva ley "contraviene" la Convención de Ginebra en este caso.

Ángela Martialay

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se niega a archivar la investigación por la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra Iraq en el año 2003 tras la entrada en vigor este sábado de la nueva ley de justicia universal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 entiende que la reforma legislativa aprobada por el Parlamento contradice la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado "sin limitación alguna".

La nueva ley orgánica que establece que la jurisdicción española será competente "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio español nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como algunos de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas". El procedimiento abierto para investigar la muerte de Couso no cumple ninguno de estos requisitos.

Sin embargo, la misma ley establece que la Audiencia Nacional es competente para investigar "cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España (...)".

Por esta razón, Pedraz sostiene que la muerte de José Couso en Iraq de manos de tropas estadounidenses se enmarca en los artículos 146 y 147 del IV Convenio de Ginebra que otorga protección a las personas civiles en tiempos de guerra. España firmó, ratificó y publicó dicho convenio que "por ello forma parte de nuestro ordenamiento jurídico", explica el magistrado.

Al suscribir España ese tratado internacional "se obliga a perseguir el delito se cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén. La obligación es clara y terminante", enfatiza Pedraz,

Prima el Derecho Internacional

En un auto, Pedraz subraya que no procede el archivo de esta causa porque "de otro modo estaríamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual esta proscrito".

El instructor destaca que "no cabe duda de la primacía el Derecho Internacional sobre el Derecho interno, máxime en materia de Derecho Internacional Humanitario". Asimismo, Santiago Pedraz cree que la solución del conflicto jurídico en el caso Couso es "evidente: el juez debe inaplicar la nueva norma".

"El Estado de Derecho exige la existencia de órganos independientes que velen por los derechos y libertades de los ciudadanos aplicando imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular y controlando la actuación de los poderes públicos. Al conjunto de estos órganos jurisdiccionales a los que se atribuye este cometido se llama Poder Judicial. (...) Y así mediante la inaplicación de una norma interna contraria a una disposición de un tratado el juez está ejerciendo ese control", reza la resolución.

En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. El juez también recuerda en el auto dictado este lunes que en EE.UU no se ha seguido ni se sigue proceso alguno en el ámbito penal investigando la muerte del cámara español.

Por otro lado, el juez Pablo Ruz ha preguntado este lunes a la Fiscalía y el resto de partes personadas en cinco procedimientos que abrió en virtud del principio de justicia universal si debe archivarlos tras la limitación de la misma.

En el Juzgado Central Número 5 de la Audiencia se mantiene abierta la causa por la creación de la prisión estadounidense de Guantánamo, la muerte del diplomático Carmelo Soria durante la dictadura chilena, el asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel y los genocidios en el Sáhara que se atribuyen Marruecos y el Frente Polisario.

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