La muerte de irregulares, un accidente

El PSOE alertó en 2009 de las "treatralizaciones" de la oposición en las tragedias de la inmigración

Los socialistas intentan desgastar ahora al Gobierno con la tragedia de Ceuta. Defendían la detección y expulsión de irregulares.

J. Arias Borque

El próximo miércoles, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, comparecerá en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar los nuevos datos que se tienen sobre el intento de asalto al perímetro fronterizo de Ceuta que concluyó el pasado 6 de febrero con la muerte de quince inmigrantes subsaharianos en aguas territoriales de Marruecos.

Ésta será la segunda comparecencia sobre este tema en la Cámara Baja, después de la de Jorge Fernández Díaz el pasado 13 de febrero, y ha servido para evitar que el PSOE y otros partidos de la oposición registrasen una moción en la Cámara Baja para reprobar al titular de Interior con el objetivo de seguir exprimiendo políticamente la tragedia.

Las críticas al Gobierno se centraron inicialmente en el uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil, algo que permitió el Gobierno Zapatero al menos desde 2005; la supuesta devolución en caliente de los inmigrantes, siguiendo precisamente una doctrina implantada por los socialistas, diferenciando entre frontera geográfica o jurídica; y, en tercer lugar, por no facilitar los vídeos grabados por las cámaras, algo que se terminó haciendo público el pasado 21 de febrero, pese a que el Gobierno Zapatero se había negado a facilitar grabaciones tras una tragedia similar.

La actitud de los socialistas, sin embargo, fue muy diferente entre los años 2004 y 2012, cuando su secretario general de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, ocupaba la presidencia del Gobierno y residía en el Palacio de La Moncloa. Entonces, pedían al resto de partidos que hicieran un "ejercicio de autocontención" cuando se hablase de las tragedias que se producen por el fenómeno de la inmigración irregular.

El 17 de febrero de 2009, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre el balance de la lucha contra la inmigración ilegal en 2008. Pocos días antes, un cayuco se había hundido frente a las costas de Lanzarote, muriendo ahogados 21 subsaharianos, de los que 14 eran menores de edad, y estos hechos tuvieron un especial protagonismo en el debate parlamentario.

El entonces portavoz socialista en la comisión, Antonio Hernando, dijo que "cuando hablamos de este fenómeno -en alusión a la inmigración- deberíamos todos hacer un ejercicio de autocontención, porque creo que es muy fácil en este fenómeno, y lo hemos visto hoy en esta sala, pero lo vemos constantemente en este y otros países, tender a la exageración, al exceso, a la manifestación absolutamente desproporcionada , a la teatralización y, en una palabra, a la demagogia".

"Y yo creo que si de algo está sobrado el análisis sobre la inmigración es de exageraciones, de teatralizaciones o de descontextualizaciones", insistía el entonces portavoz socialista de Interior, quien decía que "ha habido un portavoz que se ha quedado al borde del precipicio de pedir la dimisión del ministro, al borde del recipicio. (…) Lo único que le preocupa al portavoz de algún partido es que el ministro del Interior sea culpable de lo que sea".

"Pediría a todos los portavoces mucho, mucho, mucho realismo, porque cuando nosotros pedimos eficacia a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando nosotros decimos que los inmigrantes que vienen a España tienen que hacerlo con todos los derechos y con todas las garantías, pero que lo que tienen que hacer es cumplir la ley, lo que también estamos pidiendo a las Fuerzas de Seguridad del Estado es que aquellos que incumplen la ley por no tener documentación debida tienen que ser primero detectados, (…) y después detenidos, para posteriormente pasar a un centro de internamiento y ser expulsados", continuó el dirigente del PSOE.

Antonio Hernando, que en aquella comisión calificó la muerte de los 21 subsaharianos, de los que 14 eran menores, como "un desgraciado accidente", se mostró mucho menos contenido hace unas semanas, cuando pidió la dimisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por la tragedia de Ceuta: "Si los doce muertos fueran blancos, españoles y con DNI, el director general de la Guardia Civil hoy no hubiera ido a su trabajo".

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