La Junta, el PSOE y la Fiscalía acosan al denunciante de Invercaria

Tras despedirlo de la empresa, ahora intentan que lo echen de la Zona Franca de Cádiz.

Pedro de Tena (Sevilla)

Laura Gómiz: "Porque tú sabes perfectamente cómo yo hago las cosas. Digo... no... no... cómo yo hago las cosas con las decisiones que tengo que tomar y cómo tengo que coger de aquí para atrás y decir: "No se ha seguido un procedimiento"'.

Cristobal Cantos: "Pues se hace a partir de ahora. Se hace a partir de ahora".

–L G: "..A partir de ahora... y se montan unos expedientes que valen, porque yo tengo que justificar que Invercaria y los profesionales de Invercaria... ¿Qué tú te crees que no te enmierdas, Cristóbal?".

–C C: "¿Yooo? ¿En qué, Laura? Te lo vuelvo a preguntar: ¿Cuándo he hecho yo un informe que sea falso?".

–L G: "Pero si no...vamos a ver...".

–C C: "O, ¿cuándo he hecho yo una cosa...?".

–L G: "...Vamos a ver, que no te estoy hablando con informes. Te estoy hablando. No te enmierdas desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista de nada. Pero te enmierdas como profesional".

–C C: "¿Por qué?".

–L G: "...Porque en Invercaria se han hecho un montón de cosas en el que ha habido dos cabezas, que son Manolo y tú". (Manolo parece ser Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, analista de Invercaria imputado por el 'proyecto fantasma' de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) que nunca fraguó pese a que la Junta de Andalucía gastó casi 1,7 millones de euros en ayudas. Este imputado confirmó ante el juez que no hubo informes "ni de inversión ni de seguimiento" para el mismo)".

En este diálogo se anuncia con claridad lo que iba a ser el futuro del profesional analista de inversiones, que estudió en la Universidad de Comillas y en la Universidad de San Francisco (USA) Cristóbal Cantos: la persecución sistemática por parte de la Junta de Andalucía y de los responsables que aún quedan en la empresa pública Invercaria tanto a nivel administrativo, como penal si es posible y, por supuesto, profesional. ¿El motivo? Haber denunciado que Invercaria y sus responsables le estaban obligando a realizar falsos informes para justificar inversiones arbitrarias realizadas con dinero de todos los andaluces.

Tras su denuncia fue despedido por la empresa y conoció la situación de desempleo que conllevó durante dos años. Finalmente, encontró trabajo en la Zona Franca de Cádiz a donde se ha extendido la persecución que el PSOE y la Junta han desencadenado contra él, con el apoyo inesperado de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha sumado a la caza.

El propio entonces presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, se refirió a la denuncia de Cristóbal Cantos en sendas grabaciones de mayo y junio de 2011 y llegó a afirmar que las cintas habían sido manipuladas en trece ocasiones, algo que negó taxativamente la Policía Judicial.

Aquellas dudas dieron lugar a un procedimiento judicial pero finalmente, en octubre de 2013, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla archivó dos querellas presentadas por Invercaria y la expresidenta de esta empresa pública Laura Gómiz contra el exdirectivo Cristóbal Cantos por haber aportado al juicio de su despido una serie de grabaciones de sus conversaciones con la propia Gómiz que fueron tildadas de "falsas" y "manipuladas". De este modo, la persecución organizada por la Junta y su empresa pública contra Cantos parecía haber llegado a su fin.

En el auto dictado el pasado 3 de octubre, la juez instructora rechazó los recursos de reforma interpuestos por Invercaria y Laura Gómiz contra el archivo de las querellas, que atribuían a Cristóbal Cantos presuntos delitos de falsedad documental, estafa procesal y calumnias.

Fue el propio presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, quien presentó la querella contra Cantos y recordó que los peritos detectaron "serios indicios de manipulación" en dicha cinta, en concreto "en más de 13 cortes acústicos en la grabación, y siempre cuando habla la voz femenina, la voz de Laura Gómiz, mientras que cuando a Cantos se le escucha no tiene ninguna interrupción ni incidencia acústica". Es lo mismo que defendió el expresidente Griñán públicamente.

De su lado, la expresidenta Laura Gómiz se querelló contra Cantos en defensa de su "honorabilidad" y "gestión profesional" y al entender que la grabación que efectuó Cantos de una conversación entre ambos está "manipulada y sacada de contexto".

Era la tercera vez que un juez avalaba estas escuchas, después de que el juez de lo Social y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las incluyeran en los hechos probados de sus sentencias sobre el despido de Cristóbal Cantos.
Impedirle encontrar trabajo

Tras dos años buscando trabajo sin éxito, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, bajo control del PP desde las últimas elecciones municipales y generales, el PSOE ya protestó cuando el denunciante del caso Invercaria, Cristóbal Cantos, "fuera contratado recientemente como director financiero de Zona Franca".

El PSOE de Cádiz, que gobernó la Zona Franca durante más de veinte años, inició una minuciosa investigación sobre los criterios y los contratos calificando de "enchufismo puro y duro" lo ocurrido en el ente público gaditano y acusando a su director, el ex diputado popular Jorge Ramos, y a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, de lo ocurrido. A pesar de las presiones, Cristóbal Cantos sigue trabajando en la Zona Franca, si bien pronto iban a cargar de nuevo contra su figura como consecuencia del comportamiento de la Fiscalía.

Maniobras para que Cantos sea imputado

El abogado defensor de la expresidenta de la empresa pública Invercaria, Laura Gómiz, imputada por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y tráfico de influencias durante la instrucción de la pieza separada por el caso del ‘portal fantasma’ de internet Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA, una web que nunca llegó a estar operativa pese a que la Junta desembolsó 1,7 millones de euros), maniobró para intentar cuestionar de nuevo de raíz el testimonio de Cristóbal Cantos.

En un momento del proceso judicial, el letrado advirtió de que disponía de "una documentación aún no existente en autos que pudiera tener un contenido incriminatorio y que, relacionadas con otras documentaciones existentes en autos y con lo que hasta el momento ha declarado el testigo, pudiera dar lugar a la necesidad de que Cristóbal Cantos presente declaración con asistencia jurídica", esto es, en calidad de imputado. En realidad, trataba de implicar al ex directivo en las irregularidades que denunció.

Para El Mundo resultó "cuando menos llamativo y efectista que a estas alturas de la instrucción se anuncien pruebas incriminatorias contra el principal testigo de cargo y justo en mitad de una declaración que ya había sido retrasada hasta en dos ocasiones. Sobre todo, llama la atención que la nueva documentación no haya salido a relucir en ninguno de los dos procesos judiciales anteriores de la Junta de Andalucía contra Cristóbal Cantos: ni en el juicio laboral por su despido –declarado improcedente tanto en primera instancia como en el TSJA– ni en la querella criminal que le interpuso en marzo de 2012 (en mitad de la campaña electoral) el presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, acusando al ex directivo de falsedad y estafa procesal por la supuesta manipulación de las conversaciones grabadas a Laura Gómiz, una manipulación que ha quedado ya desmentida judicialmente".

El propósito de la imputación del denunciante Cantos era difundido por el ya exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el socialista Antonio Ávila, sin aportar documento alguno.

Intento de imputación en la Fiscalía

Cristóbal Cantos, además de su denuncia inicial, dijo ante el juez que ni la expresidenta Gómiz, ni el exdirector de análisis, Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, fueron simples "invitados" a los consejos de administración de Invercaria donde se decidían el destino del dinero público y se ideó y autorizó la salida de la empresa Novasoft del proyecto FIVA mediante una operación financiera que la Policía Judicial no duda en describir como un "manifiesto fraude de ley". Cantos reveló que la expresidenta de Invercaria Gómiz "quiso utilizar un informe" del propio Cantos "que no era una propuesta de inversión" y que estaba "sujeto a tres condiciones" que, en caso de cumplirse, daba lugar a que "presentara un perfil positivo para ser recomendado, es decir, para hacer la propuesta de inversión". Este documento es el que se iba a utilizar para imputarlo formalmente.

Pero curiosamente, el representante de la Fiscalía Anticorrupción preguntó a Cristóbal Cantos si asistió a alguna sesión de un consejo de Invercaria. El ex directivo declaró que sólo una vez y apenas diez minutos "para validar técnicamente una propuesta de inversión" relacionada con la empresa Videoplaning.

El PSOE pidió su destitución en la Zona Franca

El entonces presidente del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, hoy consejero de Presidencia de Susana Díaz y hombre fuerte del PSOE andaluz, exigió hace seis meses, en julio de 2013, que el PP destituyera "inmediatamente" a los dos directivos de la Zona Franca que se encontraba "imputados" en distintas causas.

El dirigente socialista se refería al director general de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, en el denominado ‘caso Quality Food’y al "director financiero Cristóbal Cantos por el caso Invercaria", dando por hecho una imputación que no había tenido lugar entonces.

La imputación de Cristóbal Cantos

La Fiscalía Anticorrupción cree que Cristóbal Cantos tuvo un "papel crucial en este presumible expolio de fondos públicos" que investiga el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, a pesar de que su situación profesional no era la de presidente ni gerente ni cargo de confianza del PSOE. Por ello, los fiscales Fernando Soto y Manuel Fernández rechazaron la petición de Cantos de personarse en el caso como acusación particular. Se trataba ahora de presentar al denunciante del caso como cómplice necesario del mismo por su deficiente labor a la hora de controlar el dinero público. La policía tomó declaración a Cantos el 3 de diciembre y le imputó malversación de caudales públicos, "tomando como referencia la deficiente labor del mismo" al frente del área de promoción de Invercaria en la concesión de un préstamo a la empresa jiennense Fumapa. La Fiscalía considera que el papel de Cantos en la concesión de este préstamo es "esencial" al haber informado a favor sobre esta inversión "a pesar de los datos y antecedentes que la desaconsejaban".

Pero, ¿qué ocurrió en Fumapa?

El proyecto de dar dinero a Fumapa no pasó por el departamento de Análisis ni por el comité de dirección, señala Anticorrupción, que asevera que "el único departamento que analizó el proyecto" fue el área de Promoción donde trabajaba Cristóbal Cantos, que sin embargo "realizó un deficiente análisis de la inversión propuesta y siempre de manera fragmentaria y parcial".

Según la Fiscalía, lo que hizo Cantos fue una ficha informativa incompleta y de apenas unos párrafos en medio folio y un informe informativo", el primero de los cuales "concluía que Fumapa y Fumapra mostraban problemas de liquidez y que carecían de datos que indicasen la operación a realizar, inversión, financiación y qué financiación se pedía a Invercaria". O sea, lo desaconsejó.

En un informe posterior, sin formato oficial", se expone que se carece "de datos que se han requerido y se habla de alta consideración e importancia del proyecto", mientras que "se advierte de la deficiente situación de liquidez, fondos propios negativos y fuerte dependencia de un solo cliente". Y ahora, por la ayuda a una diseñadora de trajes de flamenca, que regalaba trajes a los políticos.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga el caso Invercaria, decidía abrir una pieza separada a fin de investigar las ayudas de esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía a la diseñadora cordobesa Juana Martín, especialista en trajes de flamenca, que regalaba trajes a mujeres de políticos y altos cargos de la Junta. La esposa o la familia de Cristóbal Cantos no consta que recibieran regalo alguno. Pero Cantos fue el encargado de realizar el plan de viabilidad de la sociedad creada por Juana Martín para que pudiera participar la Junta.

Juana Martín, según la investigación, habría recibido distintas ayudas por valor de 950.000 euros entre los años 2006 y 2010. Esta es la cuarta pieza separada que abre el juez tras las referentes a Fumapa, empresa dedicada a la fabricación y venta de carpintería metálica, aluminio y cristal del pueblo de La Carolina; Operador Aéreo Andalus, anunciada como la primera compañía aérea andaluza, y Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una feria de muestras en internet que no llegó a estar operativa. Desde el principio, Cantos señaló que el experimento no iba a ser rentable por lo que se ideó una versión "marroquí" del proyecto. Se trataba de producir la ropa en Marruecos con el fin de abaratar los costes. Así, en junio de 2006 se realizó un viaje a Casablanca con el objetivo de conocer sobre el terreno las posibilidades prácticas que ofrecía esta idea. Viajaron a Casablanca, Tomás Pérez y su esposa, Juana Martín y un hermano de ésta, Cristóbal Cantos y María Fernández Pinos. Finalmente, el viaje sirvió para poco. Los interlocutores de Juana Martín fueron el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, y el también directivo Cristóbal Cantos, a cuya familia no consta se regalara ningún traje de flamenca, que ha resultado también imputado esta nueva pieza.

Amparado en ello, el secretario general del PSOE en Cádiz y portavoz municipal en el Ayuntamiento, Fran González, solicitó la celebración "urgente" de un pleno extraordinario del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, tras hacerse pública la imputación judicial del director financiero del organismo, Cristóbal Cantos para apartarlo de su puesto de trabajo.

González considera imprescindible "apartar de forma inmediata a Cristóbal Cantos de su cargo" y espera "las explicaciones oportunas de cómo y por qué se le ficha para un puesto de máxima responsabilidad en la Zona Franca de Cádiz".

El descrédito del héroe

Si en una democracia sana, el héroe de las libertades y las virtudes públicas debería ser aplaudido, en Andalucía, el régimen trata de desacreditarlo e incluso, si fuese posible, dejarlo en el paro de manera perpetua. Es la camisa de fuerza para quienes quieren oponerse a sus prácticas corruptas. El Mundo dijo de Cantos: "Para romper esa camisa de fuerza, son precisas personas dispuestas a denunciar los hechos ilícitos bajo el amparo adecuada, como la Whistleblower Protection Act anglosajona, que sanciona a quienes adoptan represalias como las emprendidas contra Cristóbal Cantos despedido de Invercaria por no prestarse a perpetrar un delito y denunciar la execrable conducta. En Estados Unidos, su actitud le valdría honores de portada como la revista Time hizo con los whistleblowers de los casos Enron, WorldCom y FBI. Pero claro, allí, esa figura goza de arraigo desde la Guerra Civil cuando Abraham Lincoln impulsó una norma basada en ese principio... Empero, aquí denunciar cualquier atropello y extralimitación no goza de prestigio, como prueban las denominaciones peyorativas, cuando no insultantes, que se asignan, como soplón o chivato".

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