Una bronca entre PSOE e IU confirma que la Junta engañó al Parlamento

La ausencia de rigor de la Cámara de Cuentas fue el origen del caso de los ERE, al permitir la adjudicación arbitraria de concesiones.

Pedro de Tena (Sevilla)

Hay un informe anual de la Cámara de Cuentas que se refiere a la cuenta general de la comunidad andaluza. El PP e IUCA impidieron hace unos días la aprobación en el pleno de la Cámara de Cuentas del informe de cuenta general de 2012, votando de forma conjunta contra el voto de los consejeros elegidos por el PSOE. El motivo era que no se incluían las famosas ya transferencias de financiación.

Con ello, se da la razón implícitamente a la juez Alaya que siempre ha defendido que en esas transferencias y en su uso, está la madre del cordero de los ERE y que de ellas no tuvo constancia el Parlamento andaluz. De hecho, de haberse aprobado este lunes el informe presentado, tampoco se conocerían este año dichas transferencias.

El primer documento sobre la cuenta general fue desestimado por el Partido Popular e Izquierda Unida porque no incluía las transferencias de financiación. Posteriormente fue revisado y presentado este lunes con nuevas modificaciones, pero que IUCA, socio de gobierno del PSOE andaluz, no quiso aprobarlo lo que obligó al PSOE a retirarlo para evitar otra votación en contra y a una nueva revisión. Ahora es espera al próximo pleno del 30 de diciembre.

El último informe de 4.000 folios de la Intervención General del Estado, atestiguando cómo se había engañado al Parlamento andaluz desde la Junta por no explicar con detalle cómo se contabilizaban presupuestariamente las transferencias de financiación y su uso posterior como subvenciones arbitrarias y la decisión de la juez Alaya de indagar el comportamiento de la propia Cámara de Cuentas, ha hecho estallar el conflicto entre PSOE e IU.

Recuerda ABC que en su último auto Alaya ordenó a la Intervención General del Estado que investigue la pasividad de la Cámara de Cuentas andaluza ante las irregularidades contables cometidas en la administración autonómica durante una década. En concreto, la juez se pregunta cómo es posible que la Cámara de Cuentas no detectase el desvío de cientos de millones para ser gestionados al margen de los mecanismos de control establecidos. Estos fondos fueron desviados a IDEA a través de las transferencias de financiación, el elemento clave en los ERE e Invercaria.

Siguiendo el camino iniciado en años anteriores, el la Cuenta General de Andalucía, que recoge el movimiento del dinero público en la comunidad durante un año, tampoco se hacía alusión a las transferencias de financiación, lo que motivó que PP e IUCA considerasen que su aprobación desacreditaba la solvencia profesional de la entidad e incluso comprometía la situación de la Cámara de Cuentas respecto a los procesos judiciales abiertos. Es la primera vez en la que IUCA se desmarca de su socio en una votación con motivo de la corrupción política.

La retirada del informe fue conflictiva incluso en sus consecuencias laborales porque algunos técnicos fueron obligados a incorporarse a pesar de estar de vacaciones, lo que ha provocado gran malestar entre los trabajadores. El nuevo informe fue examinado el lunes y los consejeros de IUCA mostraron sus reticencias a las correcciones efectuadas, que consideraron insuficientes, acrecentando la crisis en el seno de la institución.

La Cámara de Cuentas y los ERE han tenido especiales relaciones de escándalo. El presidente, Antonio López, elegido a instancias del PSOE, quedó en evidencia en mayo de 2012 por censurar las alusiones al entonces presidente José Antonio Griñán, de un informe que los técnicos elaboraron sobre el fondo de empresas en crisis que financiaba los ERE irregulares.

En efecto, como se supo luego, el borrador del informe demostró que José Antonio Griñán, durante su mandato como consejero de Economía, y el expresidente Manuel Chaves, salían relacionados con las modificaciones presupuestarias del fondo para empresas en crisis y el conocimiento de las subvenciones discrecionales de la cúpula de Empleo. El "maquillaje" de un informe primordial para la investigación provocó una gran tormenta política y llevó a la juez a solicitar a la Cámara el original del citado estudio.

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