Susana Díaz impide la investigación del escándalo Isofotón

Se trata de un escándalo que afecta a 60 millones de euros de dinero público.

Pedro de Tena (Sevilla)

De la mano de IU, que se ha desdicho de su postura anterior que favorecía la investigación, Susana Díaz ha impedido que el Parlamento andaluz investigue el caso Isofotón, un escándalo descomunal que afecta a 60 millones de euros de dinero público (29 en subvenciones y el resto en avales) que fueron enterrados en esta empresa supuestamente puntera en energía y tecnología fotovoltaica. Paradigma en su día, según la Junta, de la modernización andaluza y emblema del Parque Tecnológico de Andalucía, ha comenzado un proceso de disolución sin que nadie sepa dónde fueron a parar los millones de dinero andaluz que se invirtieron en ella.

Isofotón acaba de anunciar un acuerdo con los administradores concursales y los empleados sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a los 297 trabajadores que quedaban en la planta malagueña. Con ello, la inmensa mayoría de los contratos se extinguirán el próximo 14 de enero quedando en la empresa sólo 20 empleados destinados a tareas de contabilidad, mantenimiento e inventariado necesarias para ejecutar el cierre definitivo.

Con este fin, la firma Isofotón, envuelta en escándalos varios, numerosos cambios de propietarios, operaciones infructuosas y decisiones culmina el proceso iniciado con un primer ERE que dejó en la calle a cerca de 360 empleados.

Otra vez la agencia IDEA

La agencia IDEA, implicada en los ERE e Invercaria, surge de nuevo en este caso. Durante años, sus análisis aprobaron la entrega de más de 60 millones de euros de dinero público andaluz repartido en avales y préstamos. Desde 2010, cuando la empresa ya se tambaleaba, la agencia IDEA dio 37 millones a Isofotón.

En total, la agencia concedió un total de 13 subvenciones, préstamos o avales entre el 30 julio de 2003 y el 6 de agosto de 2012. Los importes de estas ayudas oscilaron entre los 116.868 euros de una "subsidiación de intereses" aprobada en 2005 y los más de 19 millones de un plan de crecimiento en 2007. A partir de marzo de 2010 se aprueban tres avales por 29 millones de euros y un préstamo otorgado el año pasado por 8.295.845; sorprendente debido a que la empresa ya estaba casi desahuciada.

CSIF presentó dos denuncias porque entendía que se podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones, pero, inexplicablemente, la Fiscalía acabó archivándolas.

El PP pidió una investigación

Isofotón es una empresa que ha recibido 29 millones de euros de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y 30 millones de euros más mediante avales garantizados por la administración andaluza. Sin embargo, Isofotón está en una extraña crisis en España (que no le impide invertir en Estados Unidos y otros países) y se suceden en su seno los expedientes de regulación de empleo. El último fue el pasado mes de mayo. "Si todas estas subvenciones debían estar vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo y ahora la empresa quiere despedir a más de la mitad de la plantilla, está claro que algo no ha salido bien y que es necesario que los responsables políticos de la Consejería den explicaciones», dijo entonces Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y portavoz parlamentaria del PP andaluz.

El razonamiento de la diputada Oña fue el siguiente:

a) Es preocupante que la Junta conceda millones de euros con fines concretos y que después no se fiscalice ni se supervise el uso del dinero público.

b) Es preocupante que la empresa use ese dinero como le viene en gana con resultado de pérdidas, algo que está investigando ya la Fiscalía, por los presuntos delitos que han podido cometerse.

c) Pero junto a la responsabilidad de los dirigentes de la empresa, está la responsabilidad de la Junta y de quienes, dentro de ella, fueron quienes concedieron esos millones y no vigilaron adecuadamente su uso.

Por ello, añadió, "queremos saber cómo son esos expedientes con los que la empresa justificó que efectivamente iba a mantener el empleo, y urgen las respuestas, porque peligran 700 puestos de trabajo –la plantilla de Isofotón- y la honestidad de la administración andaluza".

Es más, Oña insinuó que parte del dinero de los andaluces ha sido utilizado para falsear el etiquetado de productos fabricados en China o para que la dirección de Isofotón gestione actualmente abrir una planta en Estados Unidos y Ecuador mientras aquí aplica el ERE y los despidos. 

Hay que investigar, precisó, la complicidad despilfarradora entre una empresa que no ha cumplido con lo estipulado y una administración que ha otorgado subvenciones millonarias sin al parecer fiscalizar en qué se han empleado". Y concretó que todas ellas cuestiones que "debieron pasar por las manos de las dirigentes socialistas María Gámez, Pilar Serrano y Marta Rueda, como responsables provinciales durante los últimos años de la Consejería encargada de la concesión de subvenciones millonarias a Isofotón. Las tres han sido responsables provinciales de la consejería cuando se ha otorgado a la empresa hasta 29 millones de euros de subvenciones directas y 30 millones de euros en los que la administración ha sido avalista", concluyó Oña.

Sigue la obstrucción de PSOE e IU

Oña recordó que se debatió en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley a instancias del PP en la que, entre otros aspectos, se pedía investigar el destino y empleo de las ayudas públicas, "y en estos puntos, PSOE e IU se pusieron de acuerdo para votar que no se investigase nada".

También destacó que el PP andaluz ha presentado veinte preguntas en las que se pide acceder a los expedientes por los que se otorgaron las ayudas, bajo qué criterios y premisas, "y aún no han sido capaces de dar ni una sola respuesta".

El caso Isofotón

Fundada en 1981, Isofotón estuvo considerada como el buque insignia del Parque Tecnológico de Andalucía situado en Campanillas (Málaga) y era una de las principales sociedades españolas dedicadas a la fabricación de placas solares, a pesar de atravesar momentos complicados por la crisis económica y de haber presentado ya en 2010 un Expediente de Regulación de Empleo Temporal que afectaba a casi un tercio de su plantilla. El sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, fue fichado por el lobby Mapa Group vinculado a Isofotón el pasado mes de marzo.

Isofotón se encamina a la disolución tras presentar en mayo de este año el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contemplaba un total de 365 despidos, 70 más que los anunciados por la compañía en el anterior documento, según el comité de empresa.

Libertad Digital publicó un resumen del caso que pueden leer aquí.

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