La negociación entre PP y CiU retrasa la votación sobre la reforma local

Los populares siguen negociando la aplicación de la norma en Cataluña.

LD / agencias

El PP y CiU han provocado el aplazamiento de este lunes a mañana martes de la votación de la reforma local en el Pleno del Senado para dar tiempo a la negociación entre ambos partidos sobre cómo se aplicará esta ley en Cataluña, el asunto que aleja a los catalanes del apoyo a esta norma desde que se inició la tramitación en el Congreso.

El anuncio ha llegado después de siete horas de debate en el hemiciclo. El PP llevaba todo el día negociando enmiendas transaccionadas y ha llegado a un acuerdo para respetar las peculiaridades de los regímenes forales de Navarra, País Vasco y Aragón, así como de cabildos y consejos insulares, al aplicar esta ley.

Sin embargo, el PP sigue negociando con CiU la aplicación de la norma en Cataluña, ya que la coalición exige que tenga prevalencia la ley catalana sobre la estatal, dadas las competencias recogidas en el Estatut. La reclamación de los nacionalistas ha sido la misma desde que el proyecto inició su tramitación en el Congreso.

Así las cosas, el debate ha concluido sobre las 19,45 horas, pero no se ha dejado la votación del texto para el martes por la mañana, a solicitud del PP y de CiU que el resto de los grupos han aceptado.

Ha sido el portavoz convergente, Ferrán Bel, quien ha explicado la situación en la tribuna al admitir que su grupo no tenía decidido el voto dada esta negociación. Bel ha felicitado a aragoneses, navarros, vascos e insulares por las enmiendas que han logrado hoy y ha criticado que no se haya dado un paso similar con Cataluña.

"Va a ser difícil de explicar cómo se resuelve esto en Aragón, País Vasco, Navarra y las islas y no en Cataluña", ha dicho desde la tribuna. "Alguien va a tener que ir a explicar esto", ha agregado.

Un asunto concluido

Aunque la votación no se producirá hasta mañana, el debate se ha desarrollado a lo largo de todo el día. Al proyecto le quedará ya un único trámite parlamentario el jueves en el Congreso, donde será ratificada definitivamente. Hoy se han mantenido a favor PP, PNV y UPN y en contra el resto del hemiciclo, incluido CiU, que no comparte el contenido general del texto además de el asunto competencial.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Sin embargo, el texto provocó una gran polvareda incluso en las filas del PP y el debate ha ido prolongando la tramitación y la redacción de borradores, que han sido una treintena.

La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.

Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos.

Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que deberá tener en cuenta esta novedad.

Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.

Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.

Trámite en el Senado

La iniciativa ha sido reformada en el Senado, aunque de manera limitada. Se han incorporado en comisión 25 enmiendas parciales presentadas por el PP, así como dos del PNV y dos de Coalición Canaria para garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las Islas Canarias.

Además, en el mismo Pleno de este lunes, el PP ha aceptado transaccionar una decena de enmiendas con casi todos los grupos. Una de ellas, pactada con Entesa, PNV y Mixto, cambia ligeramente el porcentaje que podrán cobrar los alcaldes de los pueblos más pequeños: de 10.000 a 20.000 habitantes, el 50% que un secretario de Estado; de 5.000 a 10.000, el 55% y de mil a 5.000, el 60%. También se remite el sueldo de los presidentes de cabildos y consejos insulares al del alcalde de la localidad mayor de la isla.

Además, ha aceptado dos enmiendas de UPN sobre el respeto al régimen foral navarro y otra del propio PP (a instancias del PAR) para atender el régimen de comarcas de Aragón; tambén, dos enmiendas basadas en textos de PSOE, Entesa y Mixto, para que las entidades menores sigan siendo consideradas entidades locales y para que los cabildos insulares baleares apliquen esta ley de acuerdo con su legislación específica.

Entre las modificaciones introducidas por el PP en el Senado, destaca la que dará la posibilidad a los ayuntamientos de que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y con la obligación de reponer el importe en un plazo máximo de diez años.

Los populares también han introducido dos enmiendas para vincular el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.

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