El PP intenta ganarse a las víctimas con una nueva condecoración

Interior iniciará los trámites de concesión. Se concederá a los familiares, a los amenazados o a los ilesos en atentados.

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El Gobierno del PP incluirá en el abanico de condecoraciones que se reservaba a las víctimas del terrorismo un nuevo grado, el de la "insignia". Según informa El Mundo, se concederá a los amenazados, a los ilesos en atentados, al cónyuge o pareja de un fallecido, a sus padres, hijos, abuelos o hermanos y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

Además, el Ejecutivo intentará recuperar hasta el último euro de las indemnizaciones que los etarras deben pagar en concepto de responsabilidad civil y endurecerá los requisitos para que los excarcelados cobren el subsidio de desempleo.

La nueva medalla se concederá, según se recoge en una enmienda adicional en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, "a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge o persona ligada al fallecido por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos de los fallecidos, así como los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad".

Será el Ministerio de Interior el que inicie los trámites de concesión. Los mismos podrán activarse a instancia de los afectados o bien de oficio previa consulta con sus destinatarios.

La segunda de las enmiendas incluidas en el proyecto de Presupuestos tiene efectos más prácticos, ya que su objetivo es impedir que los etarras excarcelados gracias a la anulación de la doctrina Parot no accedan al cobro del subsidio de desempleo contemplado en la Ley General de la Seguridad Social.

De acuerdo con dicha modificación, los etarras liberados sólo podrán obtener la prestación cuando, además de reunir las condiciones establecidas por la Seguridad Social, acrediten, mediante certificación de la Administración penitenciaria, que han formulado una petición expresa de perdón a las víctimas.

Por último, el Gobierno pretende cerrar el círculo en torno a los excarcelados con una modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas, a fin de que desde el 1 de enero, a través de Hacienda y por vía de apremio, se puedan embargar los bienes, herencias o donaciones cuya titularidad corresponda a los excarcelados, para que satisfagan su responsabilidad civil con las víctimas, cuyas indemnizaciones han sido adelantadas por el Estado.

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