Un inspector se niega a actuar contra un centro que incumple el decreto del gallego

Los padres han acudido a Galicia Bilingüe porque su hija, que estudia 1º de Bachillerato, no está recibiendo educación en castellano.

Libertad Digital

La asociación Galicia Bilingüe (GB) ha presentado una queja contra el inspector don Pedro Gómez Álvarez ante el inspector-jefe de Lugo tras haber recibido unos padres una insólita resolución. Habían acudido a la asociación presidida por Gloria Lago porque su hija, que estudia 1º de Bachillerato en el IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, no está recibiendo en castellano las asignaturas que deberían corresponderle, ya que el centro incumple el decreto que regula el uso de las lenguas en la enseñanza. Asesorados por GB presentaron una queja ante la Inspección Educativa, pero dicho inspector les ha remitido una respuesta que consideran una burla. Por ello Galicia Bilingüe lo ha denunciado ante sus superiores.

En Bachillerato no hay asignaturas asignadas a cada lengua como en Primaria y ESO, sino que cada centro decide cómo se reparten, pero esto ha de hacerse según establece el decreto con: "garantía del máximo equilibrio posible en las horas semanales y en las asignaturas impartidas en las dos lenguas de Galicia, con el objetivo de asegurar la adquisición de la competencia en igualdad en ellas". En su escrito de respuesta, el inspector afirma que, "como se puede comprobar, se cumple el Decreto". Según él, existe un reparto "equilibrado" de asignaturas por lengua:

  • Asignaturas comunes en gallego: Ciencias para el mundo contemporáneo y Filosofía y Ciudadanía
  • Asignaturas comunes en castellano: Educación Física y Religión
  • Asignaturas de modalidad en gallego: Biología y Geología y Física y Química
  • Asignaturas de modalidad en castellano: Matemáticas y TIC.

Además, Educación Física está adscrita en este centro a la modalidad de sección bilingüe en inglés, la Religión no es obligatoria, la asignatura de Matemáticas también han denunciado los padres que se imparte en gallego, y en TIC los alumnos trabajan con el ordenador a través del aula virtual del centro y pueden elaborar los trabajos en cualquiera de las dos lenguas, "la conclusión, obviamente, no puede ser otra que la de un incumplimiento flagrante del decreto, ya que el desequilibrio es patente y notorio y tan sólo desde un deseo de inhibirse o desde el propósito de negarse a actuar, se puede responder que las directrices del Decreto se están cumpliendo en este centro", afirma la asociación.

Los padres también denunciaban que en el listado oficial de libros del instituto no aparece ninguno en español. Exceptuando los libros de lenguas, hay 15 libros en gallego y ninguno en español. A esto responde el inspector argumentando que no figuran libros en español porque en esas asignaturas "el profesorado utiliza libros de distintas editoriales que existen en el centro y apuntes que elabora el propio profesorado", y lo hace "obviando el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que establece que las programaciones didácticas incluirán los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso del alumnado".

La "casualidad" de que en numerosos centros públicos, justo las asignaturas a impartir en castellano no tengan libro, ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades educativas por parte de Galicia Bilingüe; es algo fácilmente comprobable, y que suele coincidir con la existencia de profesores que se niegan a impartir asignatura alguna en español. Cabe recordar que 4.500 profesores presentaron sus nombres ante Educación negándose a impartir clases en castellano y que nada han hecho las autoridades educativas al respecto. La queja presentada por la asociación pro libertad de elección de lengua también se le remitirá al consejero de Educación para que tenga constancia de lo que está sucediendo, solicitándole que ponga el empeño necesario para que desde la Xunta se hagan cumplir las normas y se respeten tanto los derechos de los alumnos como la capacidad intelectual de los ciudadanos que, legítimamente, presentan una queja ante un organismo oficial.

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