La UGT cargó a la Junta las pólizas que aseguraban los despidos de sus propios trabajadores

El sindicato socialista vinculó a la Junta de Andalucía el coste de un seguro contratado con la empresa Generali por más de un millón de euros.

Pedro de Tena

UGT Andalucía hizo recaer sobre las arcas de la Junta de Andalucía el coste del seguro colectivo número 5-84-111-000-013, por más de un millón de euros, con el que procedió a pagar las indemnizaciones de la mayoría de los trabajadores que despidió hace meses. Dicho de modo más claro, la Junta fue la que pagó realmente las indemnizaciones de los despedidos de UGT puesto que las pólizas de seguro concertado por la central sindical fueron cargadas a la Junta de Andalucía.

Recuérdese que la sección sindical de UGT-A presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (el TSJA), el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (Sercla) y las audiencias provinciales demandas de conflicto colectivo por los despidos acometidos en los últimos meses, que sumaban cuando menos 187. Además, debe sumarse un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado a 57 personas, con reducciones que se elevan en algunos casos hasta el 70 por ciento. De los trabajadores despedidos, 28 estaban desarrollando un plan específico de fomento del empleo. El 15 de noviembre de 2012 sólo, un día después de la huelga general, UGT Andalucía les envió la carta de despido.

Otros 130 trabajadores estaban adscritos a otro programa específico de empleabilidad, el "programa Orienta", de la Junta de Andalucía, y cesaron en su actividad el 9 de enero de 2013. El resto eran 29 trabajadores de estructura del sindicato. De todos ellos, sólo los 29 de la estructura habían recibido una indemnización superior a la que ordena la última reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy criticada por UGT. Según el secretario general de la sección sindical de UGT, Francisco Serrano, fue de 25 días y un máximo de 14 mensualidades. La indemnización del resto se ajustó a la Reforma Rajoy, 20 días y un máximo de doce mensualidades.

Lo asombroso es que UGT-A, en previsión de todos estos despidos, contrató con Generali, una sólida compañía de seguros cuyo nombre se ha tenido que asociar al caso de los ERE, un seguro colectivo con el número 5-84-111-000-013. El documento que lo prueba es el siguiente:

Como puede apreciarse, el documento se firma en Jerez, sede de operaciones de la empresa Uniter, de José González Mata imputado en el caso de los ERE e intermediario habitual de los ERE impulsados por los sindicatos UGT y CC.OO.

Para afrontar los despidos, la UGT aprovechó la póliza de seguros que había sido pagada por la Junta para disponer del millón largo de euros con el que pagó las indemnizaciones de sus despidos, con lo que puede decirse en puridad que fue la Junta quien pagó realmente tales indemnizaciones.

El Mundo muestra este martes extractos bancarios de los archivos contables de UGT que reflejan anotaciones manuscritas que corroboran que el pago se endosó al expediente 936/09, que es el que se identifica internamente con el programa Orienta. Incluso, según el mismo diario, la organización ugetista se quedaba con los rendimientos anuales generados por la póliza, que en 2010 superarían los 8.000 euros.

En este otro documento, en poder de Libertad Digital, se observan números anotados a mano que indican la ruta contable de los cargos a la Junta de Andalucía. Según las fuentes consultadas por LD, corresponden a programas de la Junta de Andalucía y en concreto, corrobora el destino del cargo al expediente 936/09:

UGT explica el hecho diciendo que, ya que se sabía que un programa como Orienta podría tener caducidad, es "normal" que el importe de la póliza con el que se contrata la posible indemnización de los futuros despedidos sea pagada por la Junta de Andalucía y no por la entidad contratante. Según UGT, como en la orden de 26 de diciembre de 2007 se permitía dedicar, en el capítulo de otros gastos, hasta el 25% de la ayuda con seguros, cumplió con el presupuesto adjudicado y con la legislación. UGT no reconocía como propios los trabajadores contratados por el programa Orienta sino como algo derivado de la Junta de Andalucía.

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