Una oleada de incendios afecta a Galicia

Un nuevo incendio se ha declarado entre Boiro y Lousame. Núñez Feijóo ha llamado la atención sobre la intencionalidad de estos fuegos.

LD/ Agencias

Tras la oleada de incendios que ha afectado a Galicia, dejando en Orense más de 2.000 hectáreas arrasadas y en Pontevedra más de 1.800, otro fuego se ha declarado entre las localidades coruñesas de Boiro y Noia. Con una superficie afectada de unas 120 hectáreas, ha obligado a cortar un tramo de la carretera que une ambas localidades. La Junta ha decretado el nivel de alarma, que se ha declarado en el ayuntamiento coruñés de Lousame y ha llegado hasta el cercano de Boiro, el más afectado ahora.

Además, según el último parte del Gobierno gallego, permanece activo, aunque "estabilizado" el incendio forestal del pasado lunes en Oia (Pontevedra), que ha afectado a 1.850 hectáreas. Igualmente, se han controlado un fuego en Ribeira, que quemó otras 170, y en la provincia de Pontevedra, el de Tomiño, que arrasó 50 y que afectó a un parque de petroglifos.

Intencionalidad de algunos fuegos

Alberto Núñez Feijóo en la primera reunión con su equipo de Gobierno después de las vacaciones han decidido hacer un balance «orientativo» de la campaña de incendios hasta ahora.

Galicia ha registrado, en lo que va de año, 7.903 hectáreas quemadas, Núñez Feijóo ha llamado la atención sobre la intencionalidad de algunos de los fuegos más importantes que se han producido en Galicia, "se dan situaciones concretas que no son naturales ni casuales y que están siendo investigadas" por las fuerzas de seguridad del Estado y por la Xunta.

Feijóo ha agradecido el "extraordinario" trabajo de las 7.000 personas que trabajan en los montes y en los bosques gallegos y ha considerado que el dispositivo de extinción de incendios funciona bien.

Ha pedido extremar la precaución para evitar negligencias, pero sobre todo trabajar y colaborar para "señalar a quienes nos quieren quemar". Ha incidido en la propuesta de endurecimiento de las penas en el Código Penal, aceptada por el ministro de Justicia y ha destacado la futura inclusión de la responsabilidad patrimonial para los condenados por delito de incendio forestal, de modo que tengan que pagar de su bolsillo tanto el operativo de extinción como los daños provocados.

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