Madrid sigue desregulando: su nueva "Ley Ómnibus" mejora o deroga 45 normas

El resultado será la revisión, flexibilización, mejora o derogación de 45 textos normativos.

Diego Sánchez de la Cruz

Las medidas de libertad económica que tan buenos resultados han arrojado en la Comunidad de Madrid están inspirando reformas muy interesantes en otras regiones. En clave de mejora regulatoria, es digna de mencionar la ley anti-trabas que sacó adelante Alberto Núñez Feijóo el pasado verano en Galicia o la estrategia que ha desplegado Juanma Moreno en Andalucía para revisar o derogar hasta 400 normas.

juanma-moreno-1221.jpgAndalucía sigue la estela de Madrid: así desregula y simplifica el Gobierno de Juanma Moreno

Pero Madrid no se va a quedar atrás y, en 2022, tiene prevista la aprobación de una nueva ronda de medidas de mejora regulatoria que resultarán en una reducción de las trabas y obstáculos normativos que enfrentan las empresas, los inversores y las familias. La clave está en la Ley de Medidas Urgentes para Impulsar la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, también conocida como "Ley Ómnibus".

La pasada semana, el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid fue informado del anteproyecto de Ley que, tras la consulta pública preceptiva, llegará a la Asamblea regional para su debate entre los distintos grupos con representación parlamentaria. Si se mantiene el espíritu de la propuesta original del Ejecutivo, el resultado será la derogación o la mejora de 45 textos normativos, incluidas 34 leyes, 3 decretos legislativos, 4 regulaciones y 4 decretos. A priori, la aprobación de la "Ley Ómnibus" estaría lista en junio de 2022.

Una de las mejoras clave será la modificación de la Ley del Suelo, que el gobierno autonómico describe como una mejora "ambiciosa y liberalizadora" que "favorecerá el dinamismo empresarial y las iniciativas emprendedoras". Además, se pretende mejorar la normativa urbanística "para generar más seguridad jurídica entre los inversores, evitando las interpretaciones divergentes sobre algunos puntos".

La "Ley Ómnibus" establece una nueva regulación de los "Proyectos de Alcance Regional", que funcionará como una autopista administrativa para los proyectos de mayor impacto económico que lleguen a la región. Además, se facilitan las transferencias de aprovechamiento urbanístico del suelo, se facilitan las modificaciones parciales de los planes urbanísticos por parte de los consistorios de la región, se impulsa la colaboración público-privada para tramitar licencias urbanísticas, se revisan las restricciones asociadas al suelo rústico, etc.

Otra modificación clave será el traslado de los informes de impacto económico a la consejería de Economía que dirige Javier Fernández Lasquetty. Dicha rama del gobierno regional asumirá íntegramente el desarrollo de estas evaluaciones ante la tramitación de cualquier anteproyecto de ley, decreto legislativo o disposición reglamentaria. De esta forma, se pretende vincular dicho procedimiento a la consejería más directamente comprometida con evitar trabas, reducir obstáculos, fomentar la libre competencia y promover la unidad de mercado.

Para seguir apostando por la simplificación normativa y la reducción de cargas administrativas, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior coordinará estos asuntos de forma continuada, con una comisión permanente que tendrá como meta principal la mejora de los procesos de auditoría y evaluación de la regulación.

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