Bruselas, contra la innovación: prohibirá todos los cargadores que no sean 'USB-C'

Apple advierte de que la nueva normativa "perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo".

Jesús Esteban

La Comisión Europea ha propuesto este jueves que los conectores de carga USB-C se conviertan en el sistema estándar y obligatorio para dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, cámaras y videoconsolas. De esta forma, los ciudadanos europeos pasarían a utilizar un único cargador universal para todos sus dispositivos.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha planteado la prohibición de venta conjunta de dispositivo y cargador, de forma que este último deba ser adquirido por separado.

La propuesta, que debe ser aprobada aún por el Consejo y la Eurocámara para hacerse realidad, pretende evitar el desperdicio de materiales y reducir el impacto ecológico derivado de la existencia de numerosos dispositivos de carga diferentes. Calculan que, hoy en día, los cargadores eliminados y no utilizados representan 11.000 toneladas anuales de residuos electrónicos.

Además, desde Bruselas defienden que, de esta forma, los consumidores podrán enchufar sus aparatos de manera más cómoda, sencilla y asequible. Concretamente, la Comisión estima un ahorro de 250 millones de euros anuales a los consumidores.

Si esta medida llega a aprobarse, lo cual se espera para el año 2024, los fabricantes se enfrentarán a multas en caso de vender cargadores distintos a USB-C.

Lo que se ve y lo que no se ve

Como siempre sucede a la hora de plantear cualquier normativa, la intención de los burócratas tiende a ser bienintencionada: reducir residuos, facilitar la vida al consumidor… Sin embargo, la realidad suele esconder problemas que se pasan por alto.

Más allá del hecho de que una intervención de estas características atenta unilateralmente contra la libertad de empresa, nos topamos, en términos del economista liberal Fréderic Bastiat, con la clásica falacia de la ventana rota, propuesta en su ensayo lo que se ve y lo que no se ve.

A grandes rasgos, lo que se ve responde a todos aquellos efectos pretendidos, más inmediatos y predecibles, de cualquier intervención económica: "si subo el salario mínimo, los trabajadores cobrarán más; si encarezco el despido, despedirán a menos personas; si obligo a utilizar un cargador universal, facilitaré la vida al consumidor…"

Por el contrario, lo que no se ve se refiere a lo que los economistas denominan costes ocultos o costes de oportunidad. En el caso de una intervención económica, serían aquellas consecuencias más difíciles de estimar y prever, cuando no directamente imprevisibles, que se dan como resultado de aplicar dicha intervención. Estas consecuencias imprevistas tienden a generar desajustes y perjudicar a las mismas personas a las que se pretendía ayudar o, alternativamente, a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, una subida del salario mínimo podría mandar al paro trabajadores con baja productividad, el encarecimiento del despido podría reducir los incentivos a contratar, etc.

En el caso de la estandarización obligatoria de los cargadores, uno de los problemas que los reguladores europeos podrían estar pasando por alto es un potencial desincentivo a la innovación. A saber, si se obliga a utilizar un único cargador en toda la Unión, ¿qué incentivo tendrán los fabricantes en crear mejores dispositivos de carga? Y, en caso de que estos se desarrollen, ¿prohibirá el regulador vender un producto que es mejor al autorizado?

En esta línea ya se ha pronunciado Apple: "Nos sigue preocupando que una regulación estricta que obliga a un solo tipo de conector ahogue la innovación en lugar de fomentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo", dijo la compañía a la BBC. La empresa con sede central en Cupertino cuenta con su propia tecnología de carga (Lightning), la cual emplea en buena parte de sus dispositivos, incluido el iPhone. De prosperar la iniciativa comunitaria, se verá forzada a prescindir de este sistema dentro de la Unión Europea.

La UE: un infierno burocrático

Esta polémica propuesta de la Unión Europea se suma a otros miles de normas y regulaciones ya en vigor, que además deben transponerse adecuadamente en cada país miembro. Concretamente, como viene informando Libre Mercado desde 2013, en la Unión Europea se aprueban anualmente 3.076 normas, que lastran alrededor del 1,5% del PIB comunitario y suponen especial problema para las pequeñas y medianas empresas, que encuentran mayores dificultades para adaptase a las mismas.

En términos totales, y según datos oficiales de la UE, el entramado burocrático comunitario cerró el 2019 con un total de 24.867 normas aprobadas, incluyendo directivas, reglamentos y otras resoluciones.

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Legislación vigente en la Unión Europea.

Quizás sea momento de plantear si esta inflación legislativa es realmente provechosa para todos los ciudadanos europeos, así como de crear mecanismos de derogación y simplificación. Muchos temen que la Unión Europea, que nació como un espacio de cooperación económica y social en libertad, acabe convirtiéndose– si es que no lo ha hecho ya– en un verdadero obstáculo para la prosperidad de las naciones del viejo continente.

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