Más libertad económica: el plan de Ayuso para que Madrid lidere la recuperación

El Madrid de Ayuso: menos impuestos, menos hiperregulación, liberalizaciones urbanísticas, eliminación de trabas administrativas y mercado abierto.

Luis F. Quintero

Si hay una comunidad autónoma en España con capacidad para salir de la crisis económica a la que ha condenado el Gobierno central con su gestión de la pandemia de coronavirus es la Comunidad de Madrid. Mientras otras comunidades autónomas insultan a los turistas o imponen cada vez más y más novedosos impuestos autonómicos, amén de trabas a la inversión productiva, la Comunidad de Madrid se abre y lo hace con políticas eminentemente liberales y dedicadas a la atracción de inversiones.

La Comunidad de Madrid no sólo sigue bajando impuestos, sino que la administración Ayuso ha puesto en marcha un ambicioso plan de libertad económica como receta para colocar a Madrid a la cabeza de la recuperación económica en España. En el gráfico que se acompaña a continuación puede verse la diferencia entre las dos principales regiones en PIB de España, Cataluña y Madrid en materia de impuestos.

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Diferencia entre los impuestos de la Comunidad de Madrid y Cataluña

Esta semana hemos conocido uno de los programas que está poniendo en marcha dentro de este ambicioso plan, que tiene que ver con una obsesión de Ayuso: "Ha dado la orden a todo su equipo de que identifiquen trabas burocráticas y problemas innecesarios para la inversión y el día a día de los madrileños", confesaba un importante miembro del Ejecutivo madrileño en una conversación informal hace pocas fechas.

Línea abierta contra la hiperregulación

El último de los programas anunciados por el Gobierno madrileño es una línea de comunicación abierta para que ciudadanos y, sobre todo autónomos y empresas, puedan dar cuenta directamente al Gobierno de todos los procedimientos que supongan trabas burocráticas en el desarrollo de una actividad o la puesta en marcha de una iniciativa.

Esta última iniciativa anunciada por Ayuso busca eliminar cualquier traba burocrática innecesaria para bajar, por ejemplo, la media de días necesarios para montar una empresa, o los problemas administrativos que se encuentran empresas ya constituidas a la hora de poner en marcha nuevos proyectos.

Liberalizaciones urbanísticas

En esta estrategia de liberalizaciones, destacan las que afectan al urbanismo con la aprobación del Proyecto de Ley que permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector. Con esta modificación, el Gobierno de Ayuso da respuesta a muchas de las demandas que lleva planteando el sector durante años.

Se trata de la modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y que ha sido remitida a la Asamblea de Madrid para su tramitación. Enmarcada en el Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la pandemia se centra, entre otros aspectos, en la supresión de las licencias urbanísticas —excepto las estatales—, que hasta ahora eran obligatorias. En esencia no se suprimen, sino que se sustituyen por declaraciones responsables para agilizar los plazos. Es decir, que la responsabilidad cambia de sujeto y recae ahora en aquellos que quieran construir. Podrán hacerlo y posteriormente la inspección se encargará de comprobar si el proyecto se desarrolla conforme a normativa.

En palabras del director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, Marcos Sánchez Foncueva, todo lo que suponga la "eliminación de trabas y la dinamización del suelo" es positivo para el sector, y "sin duda" animarán a la inversión y la generación de valor en la capital.

Otros actores importantes del sector como el socio fundador del despacho especializado Verdegay Abogados, Joaquín Verdegay, se ha mostrado, en declaraciones a Libre Mercado, a favor de la eliminación de trabas administrativas para liberar suelo y permitir el desarrollo urbanístico en Madrid, tanto en los nuevos barrios periféricos como en el propio centro de la ciudad de Madrid.

Eliminación de trabas administrativas

En la misma línea, el Consejo de Gobierno de la CAM aprobó en enero la tramitación urgente del proyecto de Decreto Ómnibus para agilizar la gestión pública mediante la eliminación de cargas administrativas innecesarias y trámites obsoletos.

Un trabajo basto por cuanto afecta a todas las consejerías del Gobierno autonómico. En algunos casos las reformas supondrán la sustitución del régimen de intervención administrativa previa mediante autorizaciones, de nuevo, por las declaraciones responsables. Y es que, en la Comunidad de Madrid parecen estar convencidos de que la única manera de agilizar los negocios, atraer inversiones y hacerle la vida más fácil a los ciudadanos de la región es invirtiendo los papeles y haciendo responsables a los ciudadanos, autónomos, pymes y empresas de las iniciativas que quieran poner en marcha.

Hasta ahora, para poder realizar una actividad, poner en marcha un proyecto, montar una empresa o hacer una reforma, la administración solicita una serie de licencias, permisos y trámites que retrasaban la puesta en marcha del proyecto. Ahora, básicamente se trabaja con la idea de que, en conocimiento de la normativa que hay que cumplir, los proyectos se desarrollen y se sometan con posterioridad a la inspección.

Mercado abierto

Con este mismo espíritu, la Comunidad de Madrid anunciaba este mes de febrero uno de los proyectos en los que trabaja: la Ley de Mercado Abierto, una normativa que convierta a la Comunidad de Madrid en un espacio libre de trabajadores y empresas. En un reciente acto en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el propio consejero de Economía y Empleo, Manuel Giménez, aclaraba que, con esta norma, el Gobierno autonómico quiere "eliminar trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región" y que considera "esencial para conseguir una economía más ágil y competitiva que rebaje los costes de producción, mejore la productividad y cree mayores niveles de empleo y de bienestar".

Lo que va a permitir esta Ley es que cualquier operador económico que esté legalmente establecido en España pueda desarrollar su actividad libremente en la Comunidad de Madrid sin tener que cumplir requisitos de acceso previstos en la norma autonómica. En definitiva, supone una medida con capacidad de multiplicar la llegada de inversiones a la Comunidad de Madrid.

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