El Gobierno prepara un nuevo impuesto a los residuos de 40 euros por tonelada

El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias prepara un nuevo impuesto a los residuos para recaudar 860 millones.

Libre Mercado

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluye una subida fiscal en muy diversos tributos. Uno de ellos se encuentra dentro de la futura Ley de residuos y suelos contaminados, que pretende aprobar el Ejecutivo y cuya intención es grabar el depósito de la basura en el vertedero y su posterior incineración con hasta 40 euros por cada tonelada. La intención de esta nueva tasa no es otra que la de recaudar 861 millones de euros solo en el próximo año.

Por el momento, quedan muchas cosas por definir sobre esta nueva normativa, principalmente la combinación con la tasa a la recogida de basuras que ya se cobra en nuestro país, además de otras tasas autonómicas que relacionadas también con esta misma materia. Por ello, el Ejecutivo deberá estudiar con detalle el desarrollo de la nueva Ley para no recibir sanciones por parte de Bruselas.

Lo cierto es que, según explican en El Economista, esta norma ya aparecía en el mes de octubre en la primera propuesta de los PGE, pero pasó inadvertida debido a que los focos se centraron en el impuesto sobre el diésel que se quería subir, y que finalmente quedó parado. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que se trata de una tasa dentro de la fiscalizad ambiental. Pero no se han dado ningún detalle adicional.

La situación de esta nueva tasa es, casi, embrionaria, ya que actualmente se encuentra siendo estudiada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Después de pasar este trámite debería ir al Congreso de los Diputados para ser debatida. Pero, la idea del Gobierno es combinarlo con los impuestos transferidos a las comunidades autónomas que gravan los residuos. En España, ya hay diez comunidades que tienen figuras fiscales similares y la intención ahora es homogeneizar esto y crear un único impuesto común.

Esta idea del Ejecutivo choca frontalmente con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo para España. El organismo pidió posponer la fiscalidad verde para no aumentar la presión tributaria en un momento económico tan delicado como el actual.

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