"La vivienda en Madrid es de las más caras de Europa en relación a los salarios"

Libre Mercado analiza la modificación de la ley del suelo en la Comunidad de Madrid con un experto en urbanismo.

Luis F. Quintero

Este jueves se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la modificación de la Ley del suelo aprobada el pasado día 2 de octubre. En aquel pleno y con el voto favorable de PP, Ciudadanos y Vox, daba luz verde a esta reforma elaborada por le Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que sustituye buena parte de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, con el fin de liberalizar el sector de la construcción y reactivar el tejido productivo, muy dañado por el impacto de la gestión de la pandemia del coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se felicitaba en redes sociales de la aprobación de esta ley.

Pese a que esta modificación viene a solucionar muchos de los problemas que el sector ha denunciado durante los últimos años en Madrid y que, previsiblemente, ampliará la oferta de vivienda en la comunidad, la izquierda ha tratado de frenarlo denunciando al gobierno regional de "caciquismo" urbanístico.

Durante la votación, varios diputados de Más Madrid y Unidas Podemos salían del hemiciclo en una maniobra para tratar de forzar así que no hubiera quorum. Sin embargo, el presidente de la cámara regional, Juan Trinidad (Cs), rechazaba las reclamaciones de ambos partidos en este sentido, y tachaba el intento de "artimaña" para invalidar la votación.

¿Qué implica esta modificación?

Esta modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, introduce como principal novedad la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables en las obras de menor entidad.

Así pues, bastará una declaración responsable para realizar obras de edificación de nueva planta "de escasa entidad constructiva y sencillez técnica", las ampliaciones o reformas "que no produzcan una variación esencial" en el inmueble, o para la primera ocupación.

Por otro lado también actúa sobre la agrupación de terrenos, los cerramientos de parcelas, las demoliciones de inmuebles sin protección ambiental o histórico-artística, la colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior, los cambios de uso que no modifiquen el "uso característico" del edificio, la instalación de casetas prefabricadas o los trabajos previos como catas y prospecciones.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable, actuaciones como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Los ayuntamientos, encargados del control a posteriori, deberán regular por ordenanza en el plazo de un año el contenido y el modelo de estas declaraciones responsables, que habilitan la realización de la actividad urbanística desde el día de su registro.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha considerado que esta reforma va a dar "mayor capacidad de acción a inversores y empresarios» en un sector que, ha destacado Martín, tiene "un claro efecto multiplicador" y será «clave para la reactivación económica».

"Incientiva el mercado", pero "no es suficiente"

Libre Mercado se ha puesto en contacto con especialistas en el sector para analizar el alcance de la modificación legislativa. Javier Martín-Merino, socio de Verdegay Abogados, uno de los despachos especializados más prestigiosos de Madrid, considera que la modificación legislativa apunta en la dirección correcta porque permite incentivar el mercado, abre las posibilidades y elimina trabas administrativas, lo que "es favorable" en términos de reducción de tiempos y trámites. No obstante, considera que todavía hay mucho margen para liberalizar el sector y desbloquear las trabas administrativas que mantienen el urbanismo en Madrid bloqueado en muchos aspectos. Por estos motivos "desde Verdegay celebramos la noticia pero lamentamos que no se extienda a otros supuestos de edificación", señalaba este despacho en una nota de prensa.

En declaraciones a LM, Martín-Merino considera que el nuevo texto tiene evidentes virtudes, como la de "reducir burocracia y acortar los plazos que padecemos en la tramitación en urbanismo, al menos en cuanto a las licencias", decía.

En cualquier caso considera que sería positivo "apostar por algo más. Hay que flexibilizar el proceso de autorización de nueva edificación en desarrollos urbanísticos nuevos" que están jurídicamente muy bloqueados, señalaba el especialista.

En definitiva, para este experto en urbanismo, lo que necesita la Comunidad de Madrid es una ley del suelo "completamente nueva" y no tanto modificaciones.

El problema municipal en Madrid

Por otro lado, Javier Martín-Merino recuerda a Libre Mercado que en la Comunidad de Madrid se da una circunstancia especial y es que "no hay ni un solo plan general de ningún municipio de la Comunidad de Madrid que haya hecho el ejercicio de adaptarse a la ley del suelo de 2001 incumpliendo lo que dice la propia Ley. Además, la Comunidad no ha adaptado los planes generales de los municipios pese a que la ley le habilita a ello".

Hacerlo, considera este abogado, "generaría una mayor oferta de vivienda y mayor capacidad de hacer viviendas asequibles. Además, recuerda que en la ciudad de Madrid los precios de la vivienda pueden llegar a ser de los más caros del continente si se ponen en relación con los salarios: "No somos la ciudad con la vivienda más cara de Europa, pero sí lo somos en comparación con los salarios", decía el experto. El problema, seguía, es que "nos encaminamos poco a poco a los precios de París o Londres, pero sin los salarios de París o Londres". Lo que hay que hacer para que bajen los precios es "generar oferta".

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