Los locales catalanes se preparan para el cierre total: "Les he dicho a mis clientes que me vacíen todo el bar"

Bares y restaurantes tendrán que cerrar sus puertas desde este jueves por la noche durante 15 días. "El daño va a ser irrecuperable", señalan.

Beatriz García

Jonathan ha tenido que llamar a sus proveedores para anular todos los pedidos de la semana. El jueves por la noche el dueño del Cicelyn, en el barrio de Sants de Barcelona, tendrá que clausurar su negocio durante 15 días. El Gobierno que preside en funciones Pere Aragonès anunció ayer miércoles el cierre inmediato de la actividad de los bares y restaurantes de toda Cataluña por el aumento de los contagios por coronavirus. Solo les permitirá operar a domicilio. Esta drástica medida ha cogido por sorpresa a propietarios y clientes. Y no podía llegar en peor momento para Jonathan.

"El 17 de septiembre me autorizaron la terraza, desde el 1 de junio que la pedí", se queja este hostelero, y más teniendo en cuenta que "ahora me estaba yendo fenomenal". Después de tener varios meses cerrado su negocio a cal y canto por el estado de alarma, octubre, por fin, le estaba dando a este autónomo "unos días récord en facturación". Con la decisión del Ejecutivo catalán, poco le ha durado la euforia. Ya no podrá aprovechar los últimos días de buen tiempo del año.

Jonathan ha empezado a hacer cuentas. Tendrá que aplazar otra vez el pago de impuestos, ya ha avisado al dueño del local de que no podrá pagar la renta… "Voy a perder la mitad de los ingresos del mes con el cierre", explica. El hombre calcula que tiene solvencia suficiente para "aguantar esos 15 días, pero si es más, ya no lo sé", lamenta. "No es justo que se demonice a la hostelería cuando estamos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Hemos puesto geles, desinfectado todo, nos hemos gastado dinero en mamparas..." recuerda.

El dueño del Cicelyn explica que es gracias a una "clientela fija" y a "no depender del menú del día, que está muerto con el teletrabajo", por lo que ha podido aguantar todos estos meses. "Al principio, sí que tenían miedo a entrar al local, pero luego se fueron animando. Como no tenía terraza, pero sí unas puertas muy grandes, las abría enteras y parecía que todo el bar estaba en la calle", relata. "Ya les he dicho a mis clientes que entre hoy y mañana me tienen que vaciar todo el bar", declara con resignación el hostelero.

Indignación en la patronal

En la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) tampoco dan crédito a este mazazo a la hostelería. "Es un golpe letal. En una semana hemos pasado de abrirlo todo, que iban a abrir hasta las discotecas, al cierre total. Es increíble", declara a este periódico el secretario general, Joaquim Boadas.

Desde la patronal, alertan de que "muchos locales no van a sobrevivir" a esta nueva parálisis forzosa de la actividad por dos semanas. "Si hasta ahora estaba en riesgo el 40% de la hostelería catalana, con esto, ya nos ponemos con más del 50% y más del 80% para el ocio nocturno. Como no hay que presentar concursos de acreedores hasta el 31 de diciembre, por eso los hosteleros están aguantando, pero están ahogados por las deudas y no pueden más", asegura.

"Llevamos muy tocados desde el 14 de marzo. Primero, nos obligaron a cerrar; luego, llegaron las restricciones de horario o aforo; y ahora, otra vez a cerrar, a mandar a los empleados a un ERTE y a seguir pagando los alquileres y los impuestos. El daño va a ser irreversible e irrecuperable", vaticina Boadas.

Indignado, el portavoz de la patronal muestra su "rabia e impotencia" por una medida "ineficaz, que no va a hacer bajar los contagios porque si la gente ya no puede ni salir a cenar, va a acabar teniendo reuniones en espacios no seguros". Boadas critica que el Gobierno catalán haya decidido aplicar un cierre indiscriminado "en todo el territorio en lugar de en las zonas más afectadas. Es una medida desproporcionada que no respeta el principio de onerosidad y que atenta contra el derecho a la libertad de empresa", afirma. Por todo ello, piensan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la decisión del Gobierno regional.

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