El fiasco de subvencionar la compra de coches: suben los precios, no elevan las ventas y sangran al contribuyente

Las ayudas a la compra de coches son una subvención encubierta a los productores, que aumentan el precio de los vehículos.

Francisco Nunes

La pandemia de la covid-19 ha supuesto no sólo una importante crisis sanitaria sino también una crisis económica con graves consecuencias. Debido a ella, los gobiernos de todo el mundo anuncian ya medidas económicas para minimizar el daño de la crisis. Una de las últimas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez es regar con 3.750 millones de euros en ayudas la compra de coches. Algunas de las subvenciones irán dirigidas a la compra de coches de combustión —las que menos— y otras, a la compra de coches eléctricos. ¿Es efectiva esta medida? ¿A quién beneficia?

Las ayudas a la compra de coches en España

El sector de la automoción en España representa, entre su aportación directa e indirecta, más del 11% del PIB, según el Informe Anual de la ANFAC de 2019, publicado ayer miércoles. No es la primera vez que se toma una medida de este estilo en nuestro país con el supuesto fin de estimular la demanda de vehículos. Los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y Carmen García publicaron en 2016 un estudio sobre las ayudas a la adquisición de coches contempladas en el plan 2000E de Zapatero del año 2009, que consistía en una aportación de 1.000 euros por parte del sector público —entre CCAA y Estado— y la rebaja del precio de los coches en 1.000 euros por parte de las empresas, especialmente de los menos contaminantes.

Los autores hallaron que las empresas habían aumentado los precios de los vehículos subsidiados en 600 euros antes de aplicar el descuento. También es importante su hallazgo sobre la demanda: al contrario de lo que podría pensarse de manera intuitiva, no encuentran ningún efecto significativo de este plan sobre la cantidad demandada. Se aprecia también que el plan sólo sería medioambientalmente eficiente (comparando la cantidad de dinero invertida con la reducción de la contaminación y un aumento de los ingresos del Estado) si aumentase la demanda en un 30%. Los autores Omar Licandro y Antonio Sampayo estudiaron en 2006 el efecto del Plan Prever introducido en 1997 para fomentar el reemplazo de coches antiguos, y sus conclusiones no son tampoco muy alentadoras: aumentaron las ventas al corto plazo, pero a largo plazo no fue efectivo para aumentar las ventas ni para cambiar la composición del parque automovilístico.

Al ser preguntado por su opinión acerca de las ayudas a la compra de coches por parte del gobierno, el doctor en Economía Juan Luis Jiménez, coautor del primer estudio citado, nos dice: "En mi modesta opinión, y basándome en la evidencia empírica, los numerosos planes para la sustitución de vehículos que han emprendido los diferentes Gobiernos en la última década en España suponen un subsidio encubierto a la industria de la automoción. Además, las ayudas consiguen aumentar los precios finales de los vehículos, no tienen impacto sobre la demanda (no se compran más coches por las ayudas, sino simplemente se desplazan compras en el tiempo) y, para más inri, el impacto medioambiental no necesariamente es positivo".

¿Ocurre lo mismo en otros países?

Según los economistas Jianwei Xing, Benjamin Leard y Shanjun Li, que estudiaron el comportamiento de compradores de vehículos eléctricos en Estados Unidos, los créditos tributarios destinados a la compra de vehículos eléctricos, que varían entre 2.500 dólares y 7.500 dólares, aumentaron las ventas de éstos un 29%, pero el 70% de los clientes habría comprado el vehículo sin la ayuda pública y los vehículos eléctricos comprados con ella reemplazan a coches que ya eran eficientes. Los economistas Jérôme Adda y Russell Cooper publicaron en el año 2000 un estudio sobre un programa francés entre febrero de 1994 y junio de 1995 consistente en el achatarramiento de vehículos de más de 10 años a cambio de 760 euros. Los autores concluyen que el programa no tuvo ningún efecto sobre las ventas, ya que éstas aumentaron mientras el programa estuvo en vigor y disminuyeron tras su fin, consiguiendo tan sólo adelantar la compra de vehículos. El programa costó al Estado francés 170 millones de euros. La evidencia obtenida en Estados Unidos y Francia es, por tanto, similar a la obtenida en nuestro país.

La evidencia empírica parece indicar, tanto en el caso de nuestro país como en el de Estados Unidos y Francia, que las ayudas a la compra de coches son una subvención encubierta a los productores, que aumentan el precio de los vehículos y que no aumentan su demanda — al menos, no lo suficiente como para ser eficientes—, constituyendo un mal uso del dinero público. Es necesario evaluar este tipo de ayudas a fin de mejorar la eficiencia del gasto público y no malgastar el dinero de los contribuyentes en beneficio de ningún lobby.

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