La ruina de la Seguridad Social: su deuda ascenderá a 9.700 euros por pensionista

La deuda del sistema salta de 17.000 a 85.000 millones.

Diego Sánchez de la Cruz

A mediados de los años 90, el sistema de Seguridad Social atravesaba una grave crisis. Desde el gobierno del PSOE que presidía Felipe González se llegó a invitar a los españoles a ahorrar en planes de pensiones privados como medida de precaución ante tal deriva. No hay que olvidar que entre 1982 y 1996 apenas se creó empleo en términos netos, de modo que el felipismo heredó una España con doce millones de asalariados y entregó un país con un número muy similar de ocupados.

El lento aumento de los ingresos de la Seguridad Social, soportado realmente por subidas impositivas, contrastaba con un número creciente de jubilados, lo que introducía nuevas presiones de gasto. El sistema parecía estar camino de la quiebra y, tras la llegada al gobierno de José María Aznar, el gabinete del PP se vio obligado a pedir un crédito para cumplir los compromisos de pago de la Seguridad Social.

La intensa creación de empleo ocurrida durante el aznarismo ayudó a reequilibrar el sistema y disipó los fantasmas de la bancarrota de las pensiones. Entre 2004 y 2008, bajo gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, se mantuvo el saldo positivo de la Seguridad Social, aunque con un componente de ingresos cada vez más atado al empleo que generaba la burbuja inmobiliaria.

El colapso del ladrillo tumbó la ilusión de prosperidad de la primera legislatura de ZP y condujo a la Seguridad Social a una preocupante deriva. Si en 2008 aún registraba un superávit del 1,3% del PIB, en 2010 ya estaba al borde del déficit. Desde 2011, el sistema está en números rojos, con déficits anuales que se han enquistado entre los 15.000 y los 20.000 millones.

La única forma de seguir pagando las pensiones en una situación así era echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado por el gobierno de José María Aznar. Dicho vehículo acumuló 66.800 millones entre el año 2000 y el curso 2011. Sin embargo, los desequilibrios entre los ingresos por cotizaciones y los gastos en prestaciones obligaron a vaciar esa hucha entre 2012 y 2019. En la actualidad, apenas quedan unos 1.500 millones en caja.

De hecho, puesto que estos recursos dejaron de ser suficientes para compensar el déficit del sistema en el año 2016, la deuda de la Seguridad Social se ha disparado desde 2017, subiendo de 17.000 a 50.000 millones.

El impacto de la covid-19

Sin embargo, las cuentas de 2020 amenazan con elevar esta cifra hasta niveles sin precedentes. A comienzos de año, el gobierno ya esperaba inyectar 14.000 millones para cubrir las pagas extra de verano y de navidad, pero la crisis de la covid-19 ha provocado una caída de ingresos valorada en otros 14.000 millones. A esta segunda cifra debería sumarse el incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que va a aumentar en 17.000 millones.

Es cierto que el programa de reaseguro europeo que financiará el pago de los ERTE puede mitigar en 15.000 millones estas obligaciones, pero incluso descontando tal partida encontramos que el déficit del sistema se va a duplicar. Por lo tanto, todo invita a pensar que el curso 2020 se cerrará con unas obligaciones cercanas a los 85.000 millones, equivalentes a 9.700 euros por pensionista.

Durante los últimos quince años, el único intento de reformar el sistema fue la introducción del factor de sostenibilidad, impulsado bajo gobierno de Mariano Rajoy. Bajo los años de mandato del dirigente popular, las pensiones experimentaron aumentos muy moderados: 1% en 2012 y 2013, 0,25% en 2014, 2015 y 2016.

Este sistema logró frenar el aumento del gasto y empezó a favorecer un vuelco en las previsiones de equilibrio del sistema. Sin embargo, esta perspectiva se fue al traste en 2017, cuando las negociaciones parlamentarias del PP con Cs y PNV terminaron en la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Desde entonces, el aumento de gastos del sistema solo ha contribuido a ahondar el déficit de la Seguridad Social. La crisis del Covid-19 llega, pues, en el peor momento, puesto que el único intento de corregir los desequilibrios de la caja de las pensiones quedó enterrado unos pocos años antes del estallido de la pandemia.

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