Peleas, rectificaciones, mentiras e incumplimientos: el descrédito económico del Gobierno en diez escenas

Calviño contra Díaz, Escrivá vs Iglesias, cifras enviadas a Bruselas que no cuadran... Y en juego la credibilidad del Estado español ante sus socios.

D. Soriano

Nadia Calviño fue un fichaje sorpresa. Desconocida para el gran público, con un perfil muy técnico, experiencia en Bruselas y algunas posiciones más cercanas al programa del PP que al del PSOE, desde el principio fue vista como la excusa ortodoxa de Pedro Sánchez; la baza que jugar en Bruselas o ante los empresarios; la garantía de que, más allá de algunas declaraciones, el Gobierno mantendría una cierta racionalidad en el área económica. De hecho, cuando Podemos entró en el Ejecutivo, se planteó su ascenso a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, responsable del Área Económica, como una forma de reafirmar ese papel de guardiana de la estabilidad.

Esta semana, todo eso ha saltado por los aires tras el pacto PSOE-Podemos-Bildu para conseguir el apoyo a la prórroga del estado de alarma de los cinco diputados de la coalición vasca que integra a Sortu, los herederos de Batasuna-ETA. Ese folio, con apenas cinco párrafos y las firmas de Pablo Echenique, Adriana Lastra y Mertxe Aizpurua, y que incluía la promesa de derogar, de "forma íntegra" y en las próximas semanas, la reforma laboral del PP de 2012, amenaza con romper el Gobierno.

Para empezar ha puesto en una posición muy complicada a Calviño: Pablo Iglesias, que no hay que olvidar que es vicepresidente segundo, aseguraba que los pactos hay que cumplirlos y ratificaba el contenido del documento. Ni siquiera el puñetazo en la mesa de la vicepresidenta de Economía, con las declaraciones del jueves, en las que aseguraba que "sería absurdo y contraproducente" derogar la reforma laboral, ha logrado reconducir las cosas. En el momento de la publicación de este artículo (sábado 23 de mayo por la mañana) nadie ha dimitido: ni Calviño ni Iglesias, ni Adriana Lastra. Y tampoco está claro cuál es la postura oficial del Gobierno ni hasta dónde llegará la derogación, si la hay, de la reforma laboral.

Sánchez sabe que necesita a Calviño. En estos momentos, la prioridad número uno del presidente del Gobierno es lograr financiación barata desde Bruselas. Y para conseguirlo no puede prescindir de su ministra de Economía, con mucha experiencia en las instituciones comunitarias y buena imagen ante sus colegas. Para eso la trajo. La salida de Calviño del ministerio o la derogación plena de la reforma laboral de 2012 (la reforma aprobada en España más elogiada por las instituciones comunitarias de los últimos 15-20 años) podría abrir una crisis sin precedentes entre España y sus socios comunitarios. Es cierto que hasta ahora las condiciones macro del rescate (porque en ese escenario están Italia y España) son muy diferentes a las planteadas en 2010-2012, pero no lo es menos que, una vez que se pierde la confianza entre una capital y Bruselas, es muy complicado recuperarla. Nadie quiere decirlo en voz alta pero, sin el apoyo de nuestros socios de la Eurozona, la situación podría derivar rápidamente en un escenario a la griega: con la prima de riesgo disparada, problemas de acceso a los mercados y amenaza de ruptura del euro.

De Madrid en 2020 a Atenas en 2015 hay una distancia menor de la que a veces se piensa. Porque, no hay que olvidarlo, Grecia no estuvo al borde del colapso hace cinco años por un problema financiero (había dinero para rescatar al país, como se comprobó tras el acuerdo del 12-13 de julio), sino de confianza entre las instituciones comunitarias, los gobiernos alemán-austriaco-holandés y el Ejecutivo de Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis.

La hemeroteca

El problema es que, incluso si se logra (que está por ver) calmar las aguas en el corto plazo, es complicado vender que lo ocurrido de esta semana ha sido simplemente un error, un fallo de comunicación, un incidente aislado. La credibilidad del Gobierno no está sólo dañada por lo que ha pasado en las últimas 72 horas. En los cinco meses de coalición PSOE-Podemos, el caos se ha adueñado del área económica: los choques entre los dos partidos, las peleas en la prensa entre ministros, las rectificaciones, los desmentidos, los enfrentamientos con los empresarios, las llamadas de atención de Bruselas… Todo esto va más allá de la crisis del coronavirus, aunque es cierto que algunos de esos problemas se han intensificado con la aprobación de las medidas asociadas al Estado de Alarma.

El siguiente listado recoge diez (podrían ser algunos más) de las polémicas más sonadas. La hemeroteca es muy dura para este Gobierno. Y eso que sólo nos ceñiremos al área económica (dejamos a un lado, por ejemplo, el durísimo enfrentamiento entre Irene Montero y el Ministerio de Justicia por el proyecto de ley de Libertad Sexual que prepara el Ministerio de Igualdad).

- Reforma laboral: ¿la clave que decidirá quién gana el combate? No es casualidad que la reforma laboral de 2012 haya protagonizado los tres peores días del Gobierno Sánchez-Iglesias, PSOE-Podemos. De hecho, tan importante es el tema y tan profundas las discrepancias que la discusión sobre la cuestión económica casi ha ensombrecido el hecho de que el PSOE haya traspasado todas las líneas rojas políticas firmando un acuerdo con Bildu.

Y no, esto no es nuevo. En realidad, colea desde antes incluso de la entrada de Podemos en el Ejecutivo. Desde hace años, en los programas electorales del PSOE figura la promesa de derogación de la reforma de Fátima Báñez. Por una cuestión ideológica y por eliminar una de las normas más exitosas y reivindicadas del PP. Pero una y otra vez Calviño ha aguado esa promesa, diciendo que la idea era eliminar partes que podían generar "abusos" pero al mismo tiempo dejando claro que su objetivo era mantener lo sustancial de la reforma. Lo hizo cuando Magdalena Valerio era la ministra del ramo y lo ha hecho con Yolanda Díaz, matizando o directamente corrigiendo a sus compañeros del Consejo de Ministros.

Además, aquí hay dos aspectos: lo que finalmente se apruebe y eso que ahora se llama "la batalla del relato". Podemos forzará al máximo en este punto porque sabe que está ante un escenario que le favorece sea cual sea el resultado: si hay contrarreforma, dirán que han conseguido lo que el PSOE nunca habría hecho sin su presión; si no la hay, culparán a la troika, a Bruselas, a Merkel y a los grandes empresarios. De hecho, eso es lo que están haciendo desde el miércoles en las redes sociales los dirigentes de Podemos (aquí, Pablo Echenique, aunque hay muchos más ejemplos). Es una retórica en la que se sienten muy cómodos.

Y, por supuesto, si no hubiera contrarreforma, el Gobierno se rompiera y la crisis económica se agudizara, esa posición tendría mucho predicamento entre el electorado de izquierda. Eso es lo que no quiere Sánchez, que le roben a un votante al que también corteja. Es lo que tienen los gobiernos de coalición: los que se llaman socios en Moncloa son rivales despiadados en las urnas.

- Consejo de Ministros del 14 de marzo: de las nacionalizaciones de sectores a las amenazas de dimisión. La reunión del Gobierno del sábado 14 de marzo debió ser entretenida. Lo que se ha filtrado de aquel Consejo de Ministros apunta a un choque de trenes entre Calviño e Iglesias (que se saltaba la cuarentena a la que estaba, en teoría, obligado para acudir en persona a la Moncloa) que obligó a retrasar la comparecencia del presidente para explicar la aprobación del Estado de Alarma desde las 14.00 (era la hora prevista en un principio) hasta cerca de las 21.00. Según algunas informaciones, el líder de Podemos pidió nacionalizar eléctricas e intervenir los medios de comunicación y la vicepresidenta amenazó con dimitir si lo conseguía. Aquel pulso se saldó a favor de Calviño: las medidas más radicales se guardaron en un cajón y los ministros encargados de la gestión de la crisis eran todos del sector-PSOE.

- Consejo de Ministros del 29 de marzo: "Podemos arrasa". Si el 14 de marzo ganó Calviño, a partir de ahí casi todas los tantos se los está anotando el sector podemita.

El 29 de marzo Libertad Digital titulaba "El caos se apodera del Gobierno: Sánchez permite a Podemos 'arrasar' en la negociación", el choque vino por las medidas de confinamiento y el parón de la actividad económica, que la vicepresidenta quería que fuera más flexible, con más sectores autorizados a mantenerse abiertos y menos prolongado. No lo consiguió y desde entonces España no es sólo uno de los países con más muertos por millón de habitantes del mundo, sino también aquel que ha tomado medidas más duras, durante más tiempo y con más impacto en la economía. De nuevo, volvió a sonar la palabra "dimisión" asociada a Calviño. Aunque, de nuevo, aquello quedó en nada.

- Bronca por los alquileres. Calviño no se ha enfrentado sólo a Iglesias, Díaz o Garzón. Con José Luis Ábalos también tuvo sus más y sus menos, en febrero, a cuenta de la regulación sobre los alquileres. En este caso, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quería imponer precios máximos (a través de un índice de precios, sobre todo en las zonas con más presión sobre el mercado) y la vicepresidenta le recordó que este tipo de medidas no han funcionado nunca.

Eso sí, el enemigo se volvió aliado hace unas semanas, cuando hubo que aprobar medidas extraordinarias relacionadas con el estado de alarma y Podemos intentó una condonación generalizada de deudas para los inquilinos que no pudiesen pagar. Ábalos y Calviño se negaron en redondo a una medida como ésta, que habría dinamitado el mercado y la confianza de los inversores. Y Sánchez tomó una decisión que dejó aquella batalla en tablas: quita opcional a los grandes tenedores pero no condonaciones de deuda.

- Iglesias, Escrivá y la batalla de la renta mínima. El sector Podemos no se las ha tenido tiesas sólo con Calviño. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y Pablo Iglesias libran desde hace unas semanas una batalla no del todo soterrada sobre la renta mínima. Ambos quieren apuntarse el tanto. Las discrepancias giran en torno al calendario (Iglesias presionó para adelantarse a los plazos previstos por Escrivá) y a la medida (en Podemos quieren que sea incondicional y Escrivá pretende asociarla a la búsqueda de empleo y a la mejora en las condiciones del receptor). El vodevil alcanzó su punto culminante el pasado 16 de abril, cuando Escrivá reconoció en una entrevista en la Cadena Ser que se había enterado por los medios de comunicación de que la medida estrella de su departamento iba a presentarse en el Consejo de Ministros.

- Iglesias vs los empresarios. Toma 1. Desde que se formó el nuevo Gobierno de coalición, quedó claro que la relación entre el sector de Podemos y los empresarios no sería sencilla. La retórica anti-empresarial, anti-ricos, anti-capitalismo… de los ministros morados no ayuda. Pero no es sólo una cuestión ideológica. Así, el pasado 9 de abril Iglesias abría un nuevo frente con la CEOE, filtrando desde su departamento una información en la que se aseguraba que la CEOE veía "adecuada y positiva" la renta mínima según el diseño planteado por Podemos. La realidad era bien distinta: la patronal lo negaba de forma rotunda, hablaba de "manipulación interesada y deslealtad" al diálogo social y daba plantón a Yolanda Díaz, con la que había prevista una reunión para el día siguiente.

- Iglesias y Díaz vs empresarios. Toma 2. Ni siquiera la firma del acuerdo del diálogo social para prorrogar los ERTE estuvo exenta de polémica. El Gobierno lo vendió como un éxito y reunió en Moncloa a Sánchez, Escrivá, Díaz, Iglesias, Montero y Calviño (para lograr esa foto tan rara, en la escalinata de Moncloa, con hasta diez personas separadas por la distancia de seguridad). Eso sí, los empresarios no salieron especialmente contentos. Se trataba más de limitar daños que de lograr un acuerdo en el que todos se sintieran cómodos. Como narraba al día siguiente Carlos Segovia en El Mundo, aquello se parecía más a un chantaje: "El órdago del Gobierno a CEOE: o firmaba el pacto o los ERTE serían más caros para las empresas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió un mensaje a Garamendi: si CEOE no firmaba el pacto, eliminaría las mejoras que le había arrancado". No parece el escenario más propicio para generar confianza en los agentes sociales.

- Díaz vs empresarios. Toma 3. El enfrentamiento con los empresarios no ha sido exclusiva de Iglesias. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha tenido varias polémicas sonadas con la CEOE y las organizaciones de autónomos. Empezó a comienzos de marzo, antes del Estado de Alarma, con la guía sobre cómo debían actuar las empresas ante el Coronavirus, que CEOE y Cepyme denunciaron por la "confusión" que generaba. Aquel episodio también provocó un enorme "enfado" en Moncloa, que acusó a Díaz de ir por libre. Luego vino el decreto que prohibía los despidos (y las declaraciones sobre el mismo, pidiendo "ejemplaridad" a los empresarios), a espaldas de la patronal; el caos en la tramitación de los ERTE; y el esperpento del domingo 29 de marzo, cuando se publicaba en el BOE de madrugada (apenas unas horas antes de su entrada en vigor) qué actividades eran esenciales y cuáles no, lo que obligó a retrasar su puesta en marcha 24 horas para permitir que empresas y trabajadores se ajustasen a sus disposiciones.

- La dimisión de Jordi Sevilla. Éste es el único episodio de la lista en el que no está involucrado el sector podemita el Gobierno. El exministro del PSOE Jordi Sevilla dimitía el pasado mes de enero como presidente de Red Eléctrica Española (una sociedad en la que el Estado tiene el 20% del capital) por sus discrepancias con Teresa Ribera (ministra y vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico) y las injerencias de ésta en la gestión de la compañía. Sevilla habló de "restricciones externas sobrevenidas" que podían afectar a la buena marcha del grupo.

- Bruselas y el déficit de 2019. Volvemos al primer punto, a Bruselas, Calviño, la credibilidad y la ayuda de nuestros socios. Al igual que ocurre con la reforma laboral, en lo que tiene que ver con el déficit, las idas y venidas del Gobierno tienen una doble importancia: por un lado, por lo que supone en sí mismo disparar los números rojos del Estado; por el otro, por lo que implica destrozar la credibilidad del Reino de España ante sus socios en un momento de máxima tensión y en el que necesitamos el apoyo de la UE más que nunca.

Pues bien, el relato de lo sucedido en este punto es elocuente: España comenzaba con un objetivo de déficit del 1,3% para 2019; nada más llegar a La Moncloa, Sánchez se negó a cumplirlo y pacto con Bruselas un nuevo objetivo del 1,8%. Según avanzaba el pasado ejercicio, quedó claro que no se lograría tampoco ese límite y se subió de nuevo el objetivo al 2% (hasta aquí, con el acuerdo con la Comisión). De hecho, hasta bien entrado el otoño el mensaje oficial era que cumpliríamos con ese 2% del PIB.

La realidad es que no nos quedamos ni cerca de esa cifra. Y lo que es casi peor, de nuevo España dio un auténtico espectáculo con los datos, en lo que supuso un nuevo golpe a la imagen de nuestro país ante nuestro socios: el Gobierno anunció en marzo que el déficit era del 2,64% del PIB… pero unos días después, Eurostar rectificaba esas cifras y situaba el agujero presupuestario en el 2,82%: más del doble del objetivo inicial y un punto del PIB superior al compromiso del Gobierno de Sánchez. Y, lo que es casi más increíble y difícil de explicar en Bruselas: ocho décimas (unos 10.000 millones) más de lo que Calviño le decía a sus socios en otoño. ¿Cuánta confianza más puede derrochar este Gobierno antes de llegar a un enfrentamiento abierto con la UE? ¿Será el episodio de esta semana a cuenta de la reforma laboral la gota que rebose el vaso de su paciencia? ¿Cómo le explicará lo ocurrido la vicepresidenta a sus colegas del Eurogrupo? Lo que está claro es que las próximas reuniones que tenga con ellos serán muy interesantes y no sólo por el coronavirus.

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