Autónomos que pagan de más y créditos atascados: así fracasan las medidas de Sánchez

Son muchos los colectivos que siguen esperando el salvavidas anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Beatriz García

"No dejar a nadie atrás" se ha convertido en el eslogan del plan de choque económico del Gobierno ante el coronavirus, aunque a día de hoy, todavía son varios los colectivos que siguen esperando el salvavidas anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Requisitos para acceder a las ayudas que no acaban de concretarse, retrasos en los pagos, cobros indebidos, papeleos que tienen atascadas las solicitudes… Ha pasado más de un mes desde que el Gobierno declarara el estado de alarma, y a sus medidas todavía le cuelgan muchos flecos.

Que a los autónomos que han echado el cierre todavía no se les haya devuelto la cuota que se les cargó en marzo o que haya empleados en ERTE que lleven sin ingresar un sólo euro también desde el mes pasado, son algunas de las situaciones más sangrantes. En Libre Mercado hemos recogido algunos fallos de la macromovilización de Pedro Sánchez de 200.000 millones de euros para paliar los estragos del coronavirus, que ayer martes, ya recortó hasta los 130.000 millones (y sin olvidar, que 100.000 son avales).

La cuota de marzo

No fue hasta el pasado viernes, 17 de abril, cuando los autónomos que dejaron de trabajar en marzo, o cuyos ingresos cayeron más del 75%, vieron ingresada la prestación extraordinaria por cese de actividad. En total han sido 919.173 autónomos los beneficiados por una prestación que supone un coste para las arcas públicas de 670,9 millones de euros. Además de este particular paro, se les exonera también temporalmente del pago de la cuota a la Seguridad Social.

Según los cálculos del Ministerio que dirige Escrivá, 1.016.670 autónomos solicitaron este paro a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, por lo que se han aprobado el 97,3% de las solicitudes tramitadas. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima.

Eso sí, el Gobierno les ha cobrado a todos los autónomos de España, más de 3,2 millones de personas, la cuota íntegra del mes de marzo. La parte correspondiente a los 13 primeros días del mes, antes del estado de alarma, tendrán que pagarla todos los autónomos, sin excepción, y el resto de los días, el Gobierno ha prometido devolvérsela de oficio a los que cerraron. A día de hoy, no ha habido ninguna devolución, y no será hasta la segunda quincena de mayo, según la propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cuando reciban el dinero indebidamente cobrado. Con dos meses de retraso.

"Ya no haba tiempo de parar la maquinaria de la Tesorería, que hace operaciones masivas y que no se puede detener sin más", justificaba ayer mismo, en un encuentro con el Consejo General de Economistas, el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez.

La cuota de abril

Como hemos visto en el punto anterior, las exenciones fiscales y las prestaciones para los autónomos por la crisis del coronavirus solo van dirigidas a los trabajadores por cuenta propia que hayan paralizado su actividad o sus ingresos hayan caído más del 75%. El resto, tendrá que seguir pagando los mismos impuestos y trabajando, por lo que esta medida incentiva a muchos autónomos a cerrar en lugar de premiar los que intentan seguir produciendo.

El Gobierno se ha resistido a aprobar una bajada generalizada de los impuestos a los autónomos que sigan operando en nuestro país y sólo ha puesto en marcha aplazamientos y moratorias fiscales que tarde o temprano tendrán que pagar a Hacienda. Es curioso el caso de abril, porque los autónomos que sigan operando tendrán que pagar la cuota o solicitar un aplazamiento al 0,5% de interés. La moratoria de 6 meses sin intereses no entrará en vigor hasta mayo y todavía el Gobierno no ha aclarado qué tipo de empresas o autónomos se podrán beneficiar de ella. La teoría dice que a los autónomos que hayan paralizado su actividad por la pandemia, la Seguridad Social no les cobrará la cuota de abril, pero "si no la han tramitado con tiempo suficiente", admitía Suárez, puede que también se encuentren con el cargo este mes y no les sea devuelto hasta junio.

ERTE sin cobrar

Las oficinas de empleo están desbordadas por la cascada de ERTE que se ha producido en nuestro país, y lo mismo ocurre con las de los asesores y gestores, que no dan abasto con la cantidad de trámites burocráticos que tienen que hacer para llevar a cabo estos procesos en nombre de sus clientes. El Gobierno ha flexibilizado los ERTE de fuerza mayor por el coronavirus y pagará una prestación a todos los trabajadores afectados, sin tener en cuenta lo que hayan cotizado, pero esas prestaciones no están llegado a todos.

El 3 de abril se produjo el primer pago del paro de los ERTE por la covid-19 y fueron muchos los empleados que se quedaron sin cobrar, aún habiendo dejado de trabajar el marzo. Según Escrivá, a día de hoy, hay 4 millones de trabajadores en ERTE en su casa, pero no llegan a 2 millones los que están cobrando la prestación, por lo que más de la mitad de los ERTE no habría recibido ningún ingreso en la actualidad. Los motivos del impago podrían ser varios: que la Administración no ha tenido tiempo a tramitarlo, que a la empresa le faltaba algún dato y el proceso se ralentizó, que todos los ERTE que no han cobrado se presentaron en los últimos días o marzo principios de abril (algo improbable porque desde el 14 de marzo ya había empleados en casa sin trabajar)... Lo cierto es que una parte importante de afectados por ERTE, tendrán que esperar hasta el 3 de mayo para ver el dinero en sus cuentas. "No conozco a ningún empleado en ERTE que haya cobrado. Están dejando a gente sin comer", señalaba una abogada laboralista hace unos días a este periódico. El sindicato de funcionarios CSIF denunciaba la semana pasada que todavía no se ha incorporado al SEPE el millar de interinos de refuerzo que anunció el Gobierno en marzo. Además, CSIF ha denunciado que los equipos no soportan el trabajo simultáneo de las 5.500 personas autorizadas en la Seguridad Social, por lo que solo se puede sacar entre un 20 y un 25% del total de expedientes al día.

Empleadas del hogar

Uno de los colectivos que el Gobierno no iba a "dejar atrás" era el de las empleadas de hogar, para las que se ha anunciado una prestación que cobrarán "un mes más tarde", tal y como reconocía el propio Escrivá esta semana. El 31 de marzo el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció una ayuda temporal para 20.000 empleadas del hogar equivalente a un 70% de la base reguladora de cada una de ellas, pero tampoco ha llegado.

Impuestos

El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos hasta 30.000 euros y, la semana pasada, un aplazamiento general de los pagos tributarios a pymes y autónomos de un mes. Esta medida la tomó in extremis, un día antes de que venciera el plazo para la domiciliación bancaria de los impuestos de abril, con el caos en gestoras y despachos que eso supuso. Al final, la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y el del IRPF se pospone al 20 de mayo.

Todo apunta a que estos aplazamientos y moratorias van a ser las principales medidas de alivio fiscal del Gobierno para paliar la crisis del coronavirus, pero es llamativo que no hayan planteado ningún aplazamiento para el contribuyente asalariado. Así, la campaña de la renta de este año no ha movido su fecha en el calendario: empezó el 1 de abril y está prevista que dure hasta el 30 de junio, como es habitual. Tampoco han suspendido las citas presenciales, pese a que las oficinas de la Agencia Tributaria están cerradas, lo que supondrá una dificultad añadida para los contribuyentes que están acostumbrados a acudir en persona a saldar sus cuentas con Hacienda. Quienes tengan que aportar documentación en los despachos de sus asesores también lo tendrán más difícil.

Los avales del ICO no llegan

El Gobierno ha anunciado una línea de créditos a empresas y autónomos que otorgarán los bancos y que avalará el Estado por la friolera de 100.000 millones de euros. De esa cifra, sólo están activos 40.000 millones en avales desde el pasado 6 de abril, pero es que, según los últimos datos del departamento que dirige Nadia Calviño, a día de hoy se han concedido sólo 15.100 millones de euros en créditos para unas 116.000 operaciones, de los que el Estado ha avalado 11.700 millones de euros (el resto del riesgo corre a cuenta del banco).

Que de los 40.000 millones de euros activados sólo hayan llegado 11.700 millones a la economía real es otra muestra de la lentitud de los procesos. Según explican fuentes del Ministerio de Economía, los créditos de menos de 50 millones de euros dependen directamente del departamento de riesgos de los bancos y el ICO los evalúa ex post, aunque, antes, las entidades tienen que recopilar toda la documentación del prestatario y cargar los detalles del préstamo en la web del ICO. Para mayores cuantías, el ICO tiene que dar luz verde primero. Independientemente de dónde se atasque el crédito, la realidad es que los préstamos tampoco están fluyendo.

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