La Junta aprueba el 'Bonillazo': elimina 130 trabas burocráticas de golpe

La Junta de Andalucía toma estas medidas para detectar regulaciones que impiden el desarrollo normal de todo tipo de industrias y negocios.

Diego Sánchez de la Cruz

La Junta de Andalucía ha sido, durante décadas, responsable de una de las políticas económicas más intervencionistas de todo el mapa autonómico español. Según el Índice de Libertad Económica Autonómico publicado por la fundación europea New Direction, el territorio sureño se situó en el puesto 15 de la tabla en todos los años comprendidos entre 2008 y 2018, con apenas Castilla-La Mancha y Extremadura por detrás de dicha posición.

Pero esa situación podría estar empezando a cambiar a raíz del nuevo gobierno de coalición conformado por PP y Cs, con apoyo parlamentario de Vox. Desde que Juanma Moreno Bonilla tomó posesión como presidente de la Junta a comienzos de 2019, San Telmo ha pasado de subir impuestos y crear más y más trabas a bajar la presión fiscal regional y a reducir los obstáculos que minan el crecimiento del sector privado. El resultado ha sido un ritmo de crecimiento superior al promedio nacional y europeo, un repunte del 10% en la inversión extranjera y el segundo mayor aumento del empleo, con 68.000 nuevos ocupados.

Esta semana, el gobierno andaluz ha dado un nuevo paso en su estrategia liberalizadora y, en el marco de los acuerdos de legislatura, ha procedido a aprobar un decreto ley que tumba más de veinticinco leyes y decretos aprobados durante la larga noche socialista que, durante cuarenta años, mantuvo a la región en los puestos de cola de la economía nacional.

No hay que olvidar, de hecho, que Andalucía ocupa el puesto 220 en el Índice de Competitividad de las Regiones Europeas y que, según las auditorías del Banco Mundial, obtener una licencia para abrir una fábrica requiere tres veces más gasto y tiempo de espera que en otras regiones españolas. En consecuencia, la Junta tenía clara la necesidad de atajar esta cuestión.

El Bonillazo llega tras meses de trabajo en los que una comisión de más de quince expertos ha evaluado la normativa en vigor, con ánimo de detectar regulaciones que impiden el desarrollo normal de todo tipo de industrias y negocios. El resultado es un decreto ley mediante el cual son 130 los trámites que pasan a mejor vida y que quedan derogados.

Adiós a los doce meses de espera para la licencia de obras

Un buen ejemplo de los cambios que introduce este decreto ley es la decisión de tumbar la necesidad de poseer una licencia de obras para acometer modificaciones menores en suelo urbano. Según el gobierno andaluz, este requisito previo retrasaba hasta doce meses el tiempo de apertura de algunos negocios. Bajo el nuevo paradigma, bastará con una declaración responsable y el Ayuntamiento se limitará a hacer un control a posteriori, siguiendo el modelo vigente en otras regiones.

Otro ejemplo práctico de lo que supone esta nueva situación lo tenemos en el sector turístico y, más concretamente, en el segmento asociado a la práctica del golf. Durante la última década, la Junta ha recibido casi treinta peticiones de desarrollo de este tipo de espacios. Sin embargo, la legislación socialista en vigor solo permite aprobar tales expedientes si el gobierno regional los vincula a algún tipo de "interés turístico". De modo que, aún teniendo los terrenos y existiendo voluntad de invertir, todos esos proyectos acababan en un cajón.

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