Un juez acusa a UGT Canarias de financiarse con una estafa a fondos de empleo

Desviaron hacia el sindicato parte de los fondos que su fundación Fundescán recibía del Gobierno regional para cursos de formación de trabajadores.

LD/Agencias

El Juzgado número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado por delitos de estafa y fraude en el uso de subvenciones públicas a 26 antiguos cargos de UGT de Canarias, sindicato al que acusa de financiarse con los fondos públicos para formación que recibía su fundación Fundescán.

En un auto dictado el 28 de febrero, el juez sostiene que existen indicios de que entre 2006 y 2009 altos miembros de la Ejecutiva de UGT en las islas, entre los que menciona a tres secretarios generales, Carlos Ucha, Alicia Rodríguez y Juan Francisco Fonte, crearon una trama financiera que permitía desviar hacia el sindicato una parte de los fondos que Fundescán recibía del Gobierno de la comunidad autónoma para impartir cursos de formación a trabajadores.

El magistrado apunta directamente a UGT como beneficiaria de la estafa cometida a costa de fondos públicos que atribuye a los 26 investigados y abre la vía para que las acusaciones puedan proceder contra el sindicato en un futuro juicio, al declararlo posible responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo de los delitos incluidos en este procedimiento penal.

El auto describe varios procedimientos por los que, presuntamente, UGT de Canarias obtenía de esos fondos dinero que destinaba a cubrir gastos del sindicato completamente ajenos a la finalidad para la que habían sido concedidos: formar a trabajadores.

La primera de ellas, relata el juez, consistía en retener para el sindicato una parte de la subvención que recibía del Gobierno de Canarias. Por esa vía, UGT se habría quedado entre 2006 y 2008 con casi 872.000 euros de los ocho millones de euros que la comunidad autónoma concedió a Fundescan para organizar cursos de formación.

La segunda vía de posible financiación de UGT a costa de las subvenciones públicas para formación consistía en el pago por parte de Fundescán al sindicato de una renta por el arrendamiento de su sede "muy superior a un alquiler medio de un local de las mismas características en la misma zona", lo que "obedecía únicamente a que el citado sindicato obtuviera una importante financiación de sus gastos ordinarios a costa de los ingresos de la fundación".

En tercer lugar, el juez observa que Fundescán contrató como asesores a altos cargos de UGT de Canarias en puestos inexistentes y sin que "realmente realizaran ninguna labor por cuenta y beneficio de la fundación". Como beneficiario de ese proceder, el auto cita a Carlos Ucha, secretario general del sindicato entre 1998 y 2005, a quien Fundescán pagaba como asesor 1.200 euros mensuales, a pesar de que este "se limitaba desarrollar actividades sindicales para UGT".

El auto recuerda que Ucha fue despedido de Fundescán en 2007 y parte de los imputados en este procedimiento acordaron que se le abonara una indemnización de 48.000 euros "con el único objeto de beneficiarlo sin causa lícita alguna".

Tras cobrarla, Carlos Ucha fue contratado un año después como director general de Fundescán y "ello aún a careciendo de la titulación, capacitación y experiencia profesional necesarias para desempeñar tal empleo", añade el instructor de la causa.

Entre las 26 procesados figuran personas con cargo público en la actualidad, como el consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Gilberto Díaz (PSOE), acusado de un delito de estafa y otro de fraude; y el concejal de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía de Adeje (Tenerife), Andrés Pérez Ramos (PSOE), imputado un delito de estafa y tres de fraude.

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