Los Presupuestos de Sánchez: más gasto, impuestos, déficit y deuda

Las medidas que contienen estos presupuestos se traducirán en menor crecimiento y creación de empleo.

José María Rotellar

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que constituye un fortísimo ataque a la estabilidad económica, al crecimiento y al empleo y, por tanto, a la prosperidad de nuestra economía. Con los pocos datos que conocemos del pasado viernes, hemos podido confirmar el escalofrío que nos recorrió el cuerpo cuando hace unos meses el Gobierno firmó aquel acuerdo de presupuestos con Podemos. Cuando este lunes los presenten en el Congreso podremos tener algún dato más sobre, por ejemplo, la distribución de inversiones territorializables, que puede ser una de las contrapartidas que el Gobierno dé a los independentistas catalanes a cambio del apoyo a las cuentas públicas para continuar en La Moncloa.

Estos presupuestos de Sánchez reúnen en unas únicas cuentas toda la doctrina más fundamentalista del intervencionismo, con elevación desmedida del gasto público, tremenda subida de impuestos, un déficit que, aunque no lo hayan podido plasmar, será mayor en ejecución al que marca el objetivo -o tendrán, si no, que no ejecutar gasto, con lo que se tratará de un presupuesto falso desde su presentación-, una mayor deuda, un menor crecimiento que los propios socialistas reconocen, al rebajar la previsión de crecimiento, y, por tanto, una menor creación de empleo.

En primer lugar, incrementa el gasto en más de 5.000 millones de euros, al elevar el techo de gasto público hasta los 125.000 millones de euros.

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Aquí, recogen medidas muy perjudiciales para la economía, como ligar definitivamente las pensiones al IPC, que constituye una bomba de relojería para la sostenibilidad de las cuentas públicas y de las propias pensiones, junto con muchas otras medidas que no podemos permitirnos, como el incremento de la enseñanza gratuita de cero a tres años, que hacen insostenible el proyecto de presupuestos que presentan. Incremento de gasto que la propia Comisión Europea, en carta dirigida al Gobierno, ponía en duda que incluso no fuese mayor, con lo que la sostenibilidad de las cuentas públicas podría resentirse todavía más.

Paralelamente, plantea un conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía: no sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales o repercusión del AJD a los bancos, que encarecerán los préstamos a sus clientes, con lo que se ralentizará la expansión del crédito y, por tanto, el crecimiento económico.

Como última perla de subida impositiva nos encontramos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.

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Además, todas estas subidas no conseguirán incrementar la recaudación. Así, también la Comisión Europea ha puesto en duda que vaya a conseguir los efectos recaudatorios que persigue, dudando, por tanto, de que vaya a paliar ni siquiera en parte el desfase presupuestario por mayor incremento de gasto. Lo que sucederá en el medio plazo es que la actividad y el empleo caerán y, con ellos, la recaudación, aumentando déficit y deuda.

Junto a ello, otra medida anticipada y aprobada en los últimos consejos de ministros de 2018 fue la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3%. Dicha medida, expulsará del mercado de trabajo a muchos trabajadores, especialmente, a los más débiles, que son los jóvenes y los menos cualificados, o los condenará a la economía sumergida, que hay que erradicar, pero que el Gobierno socialista incentiva con medidas como ésta. La Comisión Europea ha cifrado en 70.000 puestos de trabajo menos el efecto negativo de esta medida, que hará retroceder a la economía al menos cuatro décimas.

Adicionalmente, el incremento de las bases de cotización de la Seguridad Social -un 7% las máximas, sin ninguna ganancia de derechos sobre una futura pensión máxima, y un 22,3% las mínimas, derivado de la subida del salario mínimo-, son otras medidas que constituyen un despropósito económico, al ir directamente contra el tejido productivo y, por tanto, contra el empleo. Por tanto, la recaudación no subirá, pero el gasto sí: más déficit y deuda asegurados.

Este presupuesto, además de insostenible, es poco creíble, pues han aprobado el anteproyecto con la anterior senda de estabilidad, que recogía un déficit del 1,3%, cuando el gasto lo incrementan en 6.000 millones de euros, motivo por el que querían elevar la cifra de déficit a 1,8%. ¿Qué reconocen implícitamente? O bien que la subida de impuestos no va a generar recaudación para compensar la subida, o bien que la subida del gasto en ejecución será el doble que la planteada. Si no, no habrían insistido, una y otra vez, en tratar de elevar el objetivo de déficit al 1,8%, cosa que, al final, no han podido sacar adelante.

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Por otra parte, el Gobierno elevó en julio de 2018 el objetivo de déficit de todas las administraciones públicas -salvo el de los ayuntamientos-, en base al objetivo global incrementado para el Reino de España en cinco décimas, hasta el 1,8%, el cual no ha podido sacar adelante. ¿Qué van a hacer con los objetivos de déficit que elevaron a las CCAA en base al objetivo global de 1,8% que no han podido sacar adelante? ¿Van a rebajárselo y a obligarles a presentar un Plan Económico Financiero por haber elaborado sus presupuestos con un objetivo que el Gobierno de Sánchez les concedió de manera irreal e irresponsable y que ahora volverá a ser inferior?

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Y todo ello -este presupuesto y el conjunto de medidas económicas de Sánchez- provoca inseguridad y lastra la economía: ya comenzamos a ver los primeros síntomas de desaceleración: el índice de producción industrial cae, y lo hace especialmente en bienes de consumo duradero y en bienes de equipo, que denota que las expectativas de los agentes económicos han empeorado, cae la creación de empresas y se ralentiza la generación de empleo. Incluso el Gobierno ha reconocido que existe desaceleración, al rebajar en una décima -y ya es la segunda ocasión en la que lo hace- sus previsiones económicas para 2019, rebajando el crecimiento económico esperado al borde del 2% y elevando dos décimas la tasa de paro.

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Y no es cierto que dicha desaceleración se deba a no poder contar con un mayor gasto público al no poder elevar el objetivo de déficit al 1,8%, como dijo la ministra Calviño, sino que, precisamente, es el incremento de gasto público, de impuestos y la adopción de medidas como las de la subida del salario mínimo o de las bases de cotización las que están dañando mucho a la economía y las que nos alejan del tren de la prosperidad que habíamos vuelto a alcanzar tras largos años de crisis.

Lo mejor que le puede pasar a la economía española es que dichos presupuestos sean devueltos y que, por tanto, no se apliquen. Parece que este presupuesto es el precio del alquiler de La Moncloa que Sánchez tiene que abonar a sus aliados de la moción de censura, pero es un precio muy elevado que los españoles no deben costear.

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