Uber y Cabify reclamarán 1.100 millones a Cataluña si aplica la última exigencia de los taxistas

El presidente de Unauto VTC dice que establecer plazos de antelación para precontratar los servicios de transporte es "innegociable".

Lm/Agencias

Las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC) aseguran que la Generalidad de Cataluña tendría que hacer frente a reclamaciones del sector por importe de 1.100 millones de euros en el caso de que finalmente establezcan plazos de antelación para precontratar los servicios de transporte que prestan a través de plataformas como Uber y Cabify.

Así lo ha indicado Josep María Goñi, el presidente en Cataluña de la patronal del ramo Unauto, quien cifra en unas 4.500 las reclamaciones que presentaría el sector.

Goñi advierte de que si la Generalitat permite la medida, tendrá que asumir las indemnizaciones que derivan del Real Decreto Ley aprobado por el Congreso a finales de septiembre que permite a las comunidades y los ayuntamientos entrar a regular las VTC en sus territorios e incluso suprimir licencias dentro de cuatro años.

Para Unauto, la eventual medida de fijar un plazo mínimo de antelación para precontratar un servicio de VTC "haría desaparecer a este sector". "El taxi quiere exterminar su competencia", indicó el representante de los VTC, un sector que, según asegura, apuesta por la convivencia de ambos modelos de negocio.

Se trata de una medida que bajara el Ayuntamiento de Barcelona y que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad valora para determinar su viabilidad jurídica.

"Los VTC dejarían de ser competitivos y rentables", asegura su patronal sobre esta iniciativa, dado que, en la práctica, conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, unos 3.000 en Cataluña. Por ello, el presidente de Unauto VTC a escala nacional, Eduardo Martín, ha asegurado que se trata de una propuesta "innegociable" para el sector.

Así, han pedido que la Consejería que dirige Damià Calvet reconsidere la medida que actualmente se baraja incluir en el Decreto Ley que la Generalidad y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) están elaborando para regular los servicios de plataformas como Uber y Cabify. Además, han criticado que las decisiones de las Administraciones públicas respondan a "la presión y el chantaje" del sector del taxi. "Me parece una verdadera vergüenza", declaró.

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