Fomento suprimirá los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión

Ábalos confirma que la autopista AP-1 será gratuita a partir del próximo día 30.

LM/Agencias

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado que la autopista AP-1 Burgos-Armiñón levantará su peaje y pasará a ser gratuita para los usuarios a partir del próximo 30 de noviembre, fecha en la que vence su contrato de concesión con el grupo Itínere.

Esta autopista será así la primera de todas las carreteras de alta capacidad construidas en España en régimen de concesión que revierta al Estado y suprima su peaje. El titular de Fomento aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para ratificar su disposición a no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la presente Legislatura.

Además de la AP-1, también concluyen los del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y el de la AP-4 Sevilla-Cádiz, ambas del grupo Aberits y que, en ambos casos, vencen en diciembre de 2019. "No vamos a prorrogar las concesiones que vencen en la actual legislatura. Serán liberadas y de uso gratuito", ha afirmado Ábalos, quien ha invitado a que, en paralelo, las formaciones políticas reflexionen sobre la sosteniblidad de la red viaria general y en particular de las vías de alta capacidad –autovías y autopistas–.

A pesar de la proximidad de la conclusión del primer contrato de concesión, el Ministerio de Fomento aún no ha informado sobre cómo se acometerá el mantenimiento de la AP-1 a partir del día 30. De hecho, el grupo Itínere actualmente negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de los 111 trabajadores de la autopista.

A pesar de ratificar su voluntad de no prorrogar las autopistas que venzan, Ábalos insistió en la necesidad de diseñar un sistema para financiar el coste que anualmente supone mantener la red de casi 11.000 autovías con que cuenta España, toda vez que, según dijo, "es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es".

"En el caso de los aeropuertos y puertos se pagan tasas, en las vías del tren se pagan cánones, pero en las carreteras no contribuye ninguno de los agentes que las utilizan y, por lo tanto, las causan un daño", apuntó el ministro. Por ello, llamó a diseñar una fórmula para garantizar el coste que supone mantener la red de vías, "sea el que sea", remarcó en referencia a las distintas opciones que se pueden barajar.

El ministro pretende que este nuevo modelo de financiación de la sostenibilidad de las carreteras surja de un consenso entre las principales formaciones políticas. Para ello, el grupo parlamentario socialista promueve una subcomisión en el Congreso. Ante este debate, Ábalos se limitó a apuntar que el nuevo sistema debe ser "igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" por cuestiones de tasas o peajes tal como, según considera, pasa ahora con los 2.550 kilómetros de autopistas de peaje, "concentrados en determinados territorios", donde pagan dos veces los "contribuyentes que las usan".

Más sanciones

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado endurecer las sanciones a las que se pueden enfrentar las concesionarias de las autopistas de peaje en el caso de que, por negligencia en el mantenimiento de las vías, se causen "perjuicios significativos" a los usuarios, como los registrados en el primer fin de semana de este año, cuando una nevada atrapó a decenas de conductores en la AP-6.

"Se trata de actualizar y contextualizar el régimen sancionador para que sea proporcional al daño que se causa", indicó Ábalos. Para ello, situaciones de bloqueo de las autopistas como el ocurrido en dicha autopista, pasarán a considerarse como una infracción muy grave. Según la Ley de Carreteras, estas infracciones conllevarán multas de hasta 300.000 euros, frente a la sanción de 31.200 euros que se impuso a la concesionaria de la AP-6, una filial del grupo Abertis, a partir del régimen de infracciones y multas vigente hasta ahora.

El endurecimento de la sanción se aprueba a través de un Real Decreto Ley por el se modificará la Ley de Carreteras, un texto que además abrirá la puerta a prohibir el tráfico de camiones por determinadas carreteras nacionales. La nueva normativa permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se prohíba circular a determinados vehículos pesados en algunas carreteras convencionales y se les obligue a circular por las autopistas. Estas medidas, que se desarrollarán posteriormente mediante convenios o reales decretos, se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas

Además, en virtud de esta modificación, se habilitará a Seitta, una empresa pública de Fomento, para que gestione y cobre el peaje de las nueve autopistas de peaje rescatadas, y agilizará los trámites de expropiaciones para obras de carreteras. En concreto, permitirá que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios con el fin de evitar demoras en las obras, sobre todo en aquellas de menor envergadura y destinadas a la mejora de la seguridad vial.

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