Escándalo en la empresa semipública Mercavalencia por 429 falsos autónomos

Mercavalencia tendrá que abonar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social en concepto de las cotizaciones impagadas.

Libre Mercado

Un informe elaborado por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo sobre la cooperativa Mercavalencia destapa que tenían 429 falsos autónomos y por ello tendrá que abonar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social en concepto de las cotizaciones impagadas. Esa cantidad no es una multa (al ser empresa semipública se libra de sanción), se corresponde a las cotizaciones que el erario público ha dejado de recibir por tener trabajadores por cuenta propia, en lugar de empleados contratados por la empresa.

La resolución, emitida a finales de junio, dicta que la cooperativa no funcionaba como una asociación de trabajadores, sino que se trataba de un instrumento ideado para tener trabajadores dados de alta como autónomos en lugar de empleados. Según el texto, Mercavalencia es quien da ordenes por las que se fija un horario, los días laborales y cómo se debe trabajar. Algo que diferencia a los autónomos de los trabajadores por cuenta ajena.

La investigación ha puesto el foco en los últimos cuatro años de actividad, durante ese periodo se han cifrado en 429 personas que estaban cotizando como autónomos, cuando tenían que haberlo hecho como empleados. A día de hoy, la cifra de trabajadores en esta situación es de 250. Según el diario Valencia Plaza, si tuvieran que integrar esos puestos de trabajo, la plantilla se dispararía un 330% y los gastos por costes laborales harían lo propio.

La cooperativa es una empresa semipública, ya que el 51% pertenece al Ayuntamiento de Valencia y el 49% a la empresa Mercasa. Precisamente, el hecho de que la mayor parte sea propiedad del Estado es lo que ha librado a Mercavalencia de tener que pagar una multa. Cabe señalar que, cuando una compañía trabaja con falsos autónomos se enfrenta a sanciones de entre 3.000 y 10.000 euros por cada trabajador más el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Esto supone que, en el mejor de los casos (si tuvieran que haber pagado la sanción mínima) la cooperativa tendría que haber abonado una multa adicional de 1,3 millones de euros. Mientras que, si se le hubiera multado con la penalización máxima, la de 10.000 euros por trabajador, el coste sería de 4,3 millones de euros.

La diferencia entre trabajar con un falso autónomo y un empleado es considerable en términos económicos. Cuando una compañía solicita los servicios de un trabajador por cuenta propia solo tiene que pagar el coste del servicio, ya que las cotizaciones las paga el autónomo. Mientras que, en el caso de un trabajador de la plantilla, es la empresa la que debe abonar las cotizaciones. Esto supone en la practica un encarecimiento de un 30% para la empresa. La media de coste por las cotizaciones mensuales de un empleado en España es de 450 euros, que siempre paga la compañía. Sin embargo, la cuota mínima de autónomo es de 279 euros.

"Estas fórmulas de trabajo sin derechos abaratan un 30% los costes empresariales y perjudican a la caja de las pensiones. Condenan a los trabajadores y trabajadoras a una flexibilidad total, les privan de sus derechos como trabajadores, del Convenio Colectivo y de disfrutar las bajas adecuadamente remuneradas y el desempleo", declaran desde UGT.

Según parece, Joan Ribó adoptó este modelo de contratación del anterior Gobierno del Partido Popular y no lo ha cambiado desde que tomó posesión en 2015. En el pleno del Ayuntamiento, Ciudadanos presentó una moción para incorporar a la plantilla de Mercavalencia a los 250 falsos autónomos con los que trabaja la empresa. Sin embargo, el PP, el PSOE, Compromís y Valencia En Comú se comprometieron a realizar una auditoría y después regularizar la situación de los empleados.

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