Réplica a José García Domínguez: los inmigrantes no pagarán las pensiones

Alemania y Francia han puesto en marcha diferentes medidas para apuntalar la sostenibilidad de sus pensiones públicas.

El Club de los Viernes

Desde El Club de los Viernes nos tomamos muy en serio la sostenibilidad del sistema de pensiones. Asegurar la calidad de vida durante la jubilación nos parece un pilar esencial de bienestar, y por ello la población necesita disponer de información veraz y contrastada.

Afirma D. José García Domínguez en su artículo titulado Los inmigrantes no pagarán las pensiones que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones solamente emerge en los países periféricos, mientras que las grandes potencias europeas como Francia y Alemania están al margen de este debate.

Pues bien, Alemania, en un período comprendido entre el año 1999 y 2007, afrontó una profunda reforma de su sistema de Seguridad Social. En dicho periodo se aumentó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se abrió la puerta a la aplicación retroactiva de recortes en pensiones (en el año 2004 ya se redujeron un 2%), se instauró un tipo de cotización máximo a la Seguridad Social del 22% a partir de 2030, se añadió una tasa de dependencia en la fórmula de actualización de las pensiones, se introdujo el concepto de pensión complementaria incentivada por el sector público bajo un sistema de capitalización (Riester pension plan) y un largo etcétera. A pesar de ello, muchos jubilados tienen que acudir a los mini jobs para complementar pensiones de 400 €/mes.

En Francia ocurre algo parecido. Desde hace años el número de cotizantes no puede soportar la carga que suponen los 18,5 millones de pensionistas. ¿A qué han recurrido? ¡Oh, sorpresa! A un impuesto finalista denominado contribución social generalizada. Cuando se aprobó (1991), grababa el 1,1% los salarios y las rentas del capital; desde 2005, este impuesto asciende al 7,5% para los salarios, 8,2% para las rentas del capital y al 6,6%.... ¡para las propias pensiones¡ Por si esto no fuera una reducción encubierta de las mismas, Macron tiene un marcha un incremento adicional de hasta el 9,2% en los salarios.

Permítanos dudar, señor García, que los políticos alemanes y franceses se expongan al desgaste electoral que este tipo de medidas conlleva si no son plenamente conscientes de que el sistema hace aguas.

Por otra parte, argumentar que la migración del sistema hacia uno de capitalización basándose en una traslación simplista y poco exhaustiva de la situación chilena al modelo español es, sencillamente, absurdo. Por supuesto que se puede evolucionar hacia un modelo de pensiones de capitalización. Es más, probablemente sea la única alternativa sostenible que exista a día de hoy. Cuanto más tardemos en concienciarnos y dar el paso, más elevada será la factura que pagaremos todos. Alentar la falta de alternativas es un discurso catastrofista cuyo único fin es acudir a la economía del miedo para manejar la población a su antojo.

Frente a la demagogia, propuestas: nuestra postura pasa por establecer un período de transición en el que convivan ambos modelos como paso previo a un sistema de capitalización. Una vía podría ser importar el modelo alemán de incentivos fiscales a la creación de fondos de pensiones capitalizados como complemento a la contraprestación pública. Otra, más agresiva, sería dividir a la población activa en función de su edad (o años trabajados), de tal forma que los que más han cotizado a la Seguridad Social perciban su pensión bajo el sistema actual, mientras que los más jóvenes pasen directamente a capitalizar sus aportaciones para la jubilación.

Para lograrlo, solamente es necesario un compromiso político. Si hubiera que acudir al presupuesto público durante el período transitorio, las necesidades de recursos serán infinitamente menores que perpetuar el sistema actual.

Señor García, hablar del número de pensionistas y no mencionar la estructura retributiva del sistema es hacer un análisis sesgado que lleva a conclusiones erróneas. En España, la tasa de sustitución durante la jubilación es mayor al 75%. En Francia y Alemania están en torno al 50%, y bajando. En diciembre de 2017 había más de 290.000 pensionistas cobrando la pensión máxima en nuestro país, un 3% del total, 218.000 más que en enero de 2005.

La precariedad laboral, esos mileuristas a los que apela en su artículo, está concentrada en las personas que acceden al mercado laboral. Los mismos que, con un 40% de brecha salarial, tienen que pagar estructuras burocráticas y gubernamentales que cercenan su capacidad de prosperar. Las pensiones son una de las más importantes, pues suponen uno de cada tres euros del presupuesto público. ¿Quiere mejorar su renta disponible presente y futura? Hay una fórmula: reduzcamos impuestos y capitalicemos las pensiones.

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