Salgado se acuerda ahora de los discapacitados para justificar los 13.000 millones del Plan E

La ministra sólo puede aducir que 500 millones (menos del 4% del total) del Plan se gastaron en mejorar la accesibilidad de edificios públicos.

D. Soriano

Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL). Eran dos nombres muy largos. Y poco comerciales. Así que desde el principio sus promotores decidieron rebautizarlos con la denominación con la que se conoció: Plan E (con una virgulilla similar a la de la letra Ñ por encima de la E).

Eso sí, aunque el nombre se acortase, los fondos empleados mantuvieron la cifra prevista desde el principio. El FEIL, según las cifras oficiales que aparecen en la web del proyecto, ascendió a 7.988 millones de euros. El FEESL, de acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, a 4.850 millones. En total, casi 13.000 millones de euros en dinero para obras en los ayuntamientos españoles. Fueron aprobados en 2008 y 2009, con el objetivo de detener la crisis en los momentos más duros de la misma, cuando se destruían más de un millón de empleos en nuestro país (al final del artículo, cuadros resumen del Gobierno y el Tribunal de Cuentas sobre el FEIL y el FEESL respectivamente).

Y no parece que dieran demasiados resultados: la tasa de paro continuó disparada durante al menos cuatro años más (hasta finales de 2013 no comenzó a verse una recuperación real del mercado de trabajo). La receta más clásica del keynesianismo no funcionó. Al menos en España y durante la última crisis. Bueno, no funcionó según a quién se pregunte.

Este jueves, por ejemplo, Elena Salgado defendía el programa en el Congreso. La que fuera ministra de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero comparecía en la Comisión que investiga la crisis del sistema financiero y el posterior rescate del verano de 2012. Se esperaba su visita: hay que recordar que hablamos de la responsable de las cuentas públicas españolas, que aseguró, hasta el día antes de su marcha, que el déficit del año 2011 rondaría el 6% pactado con Bruselas para aquel ejercicio. Una cifra que pasó, misteriosamente a superar el 9,5% a los pocos días de su salida del Ministerio. Un descuadre que no fue un tema menor y que, sin duda, contribuyó a la pérdida de credibilidad de nuestro país y a la escalada de la prima de riesgo de aquel primer semestre de 2012 que terminó en el rescate de España.

Por eso, Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y portavoz de su partido en la Comisión, le ha preguntado por el Plan E y por el despilfarro que, en su opinión, supuso. Salgado no se ha dado por aludida y ha defendido la medida con un argumento peculiar: sí, pudo haber algunas obras inútiles… pero cuidado, no todas lo fueron, se gastaron 500 millones de euros (recordemos que supone menos del 4% del total de los dos planes) en obras de acondicionamiento para discapacitados. Así lo explicaba la exministra: "El Plan E sí tuvo un pequeño efecto económico y sirvió para amortiguar, algunos meses, la destrucción de empleo. Cuando yo tomo posesión [en el Ministerio de Economía] estamos en medio de la crisis. Yo llego al Gobierno en el trimestre de nuestra historia reciente en el que se destruye más empleo: eran medidas de choque y pensábamos que iban a tener algún efecto a corto plazo. La idea era parar el golpe. En un país muy centrado en la construcción: ese era el empleo que se había perdido y eso era lo que sabían hacer. Era razonable que se implantara una medida que tuviera relación con esas capacidades".

"Con ese Plan E se hicieron accesibles muchísimos centros, establecimientos, servicios públicos a personas discapacitadas. Se dedicaron 500 millones de euros a esto", explicaba Salgado que, eso sí, admitía que probablemente en el resto de las obras efectuadas "seguro que había cosas que no eran tan necesarias".

Es decir, una de las personas que promovió e impulsó el Plan E, casi una década después de su aprobación, todo lo que puede decir a su favor es que los más de 12.000 millones de euros de gasto público, que además llegaron justo en el momento en el que las cuentas del Estado se venían abajo, sirvieron para retrasar unos meses los peores efectos de la crisis y para hacer unas obras de accesibilidad que no suman más del 4% del total del plan.

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CUADRO RESUMEN FEIL

Como excusa puede parecer un buen intento, porque pone a los críticos ante una difícil disyuntiva: criticar el plan puede parecer que implica un desprecio a este tipo de obras o a las necesidades de los discapacitados. Pero lo cierto es que esta ha sido la parte menos sólida de la intervención de Salgado en el Congreso. Tampoco lo tenía fácil. Desde 2008 y 2009, prácticamente todos los informes sobre el Plan E han coincidido en que no generó el empleo previsto, se gasto en muchos casos en obras sin una finalidad clara y no mejoró de forma sustancial las infraestructuras esenciales de los municipios. Vamos, que fue un fiasco.

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CUADRO RESUMEN FEESL

Por ejemplo, la noticia de Libre Mercado sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre el FEIL (el primer Plan E) apuntaba en 2012 lo siguiente: "Según los cuadros incluidos en las páginas 111 y 113 del documento [del Tribunal de Cuentas], los 30.698 proyectos generaron 201.195 contratados. Teniendo en cuenta que el coste total ejecutado fue de 7.859 millones, tenemos un importe por desempleado de algo más de 39.000 euros. Si se cuentan las casi 17 millones de jornadas efectuadas, aparece un coste de 463 euros por día de trabajo. Sólo el 4% de los contratados seguía dos años después trabajando en la empresa que les contrató a través del Plan E". No hace falta acudir a los ejemplos más sangrantes (desde pistas de pádel en pueblos de unos pocos cientos de habitantes a carriles-bici que nunca se usaron). Aunque también podrían ponerse encima de la mesa. Este jueves, Elena Salgado sólo pudo agarrarse a los discapacitados para justificar el plan. 500 millones ha dicho que se invirtió en esta cuestión. Si sólo hubiera sido eso: al menos podría alegarse que había unos beneficiarios reales y que, además, muchas veces son olvidados por las administraciones. Y los contribuyentes españoles se habrían ahorrado unos 12.000 millones de euros.

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