Los empresarios piden una nueva ley electoral y transparencia en el gasto público

Las principales asociaciones empresariales creen que las reformas institucionales son "inaplazables" para relanzar la economía.

D. Soriano

La corrupción tiene un coste y no es pequeño. Si hay algo en lo que los empresarios de todo el mundo coinciden es en que hay pocas cosas más importantes para la vida de un negocio que la estabilidad en las normas, la seguridad jurídica y un entorno institucional confiable. Podría resumirse en el viejo aforismo: "Pocas leyes y que se cumplan".

No siempre se tiene en cuenta lo relevante del entorno institucional. Pero los países menos corruptos también están entre los más prósperos (y entre lo más libres desde el punto de vista económico, una relación que no siempre se hace).

De esta forma, según Transparencia Internacional, los diez países con una mejor clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Singapur, Suiza, Países Bajos, Australia y Canadá. Todos ellos son ejemplos de sociedades ricas y estables.

España, por el contrario, ocupa el puesto 40ª, entre Polonia y Cabo Verde. No parece que sea el lugar que le corresponde por el tamaño de nuestra economía. Es cierto, los hay peores, como Venezuela, que ocupa el puesto 160º en este índice y el último puesto en el Informe de competitividad global, y a pesar de todo es un modelo para algunos de los nuevos partidos que han surgido en el panorama nacional en los últimos meses.

En este contexto, este lunes, algunas de las asociaciones de empresarios más relevantes de España (Círculo de Economía, Círculo de Emrpesarios, Círculo de Empresarios Vascos, etc), se reunían en Sevilla en el VII Encuentro Economía y Sociedad. En esta ocasión, el documento que ha salido no tienen el enfoque económico habitual en este tipo de foros. O quizás, sí, pero está enfocado de otra manera. No se centra en fiscalidad o el mercado laboral. El objetivo es la reforma institucional.

Los empresarios se suman, de esta manera, a la marea regeneracionista que inunda España, con un mensaje claro: un cambio en las instituciones también ayudará a impulsar la economía de nuestro país. El objetivo es reducir el margen de discrecionalidad de los políticos, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones de los cargos públicos, conseguir que las relaciones entre el mundo de la empresa y el sector público sean más fluidas y fiables. En resumen, lograr un entorno caracterizado por la "estabilidad y la seguridad jurídica", en el que las empresas sepan a qué atenerse cuando tomen sus decisiones de inversión.

Sus propuestas se resumen en cuatro grandes apartados:

- "Un nuevo sistema electoral": con el objetivo de "recuperar la confianza de los ciudadanos". La forma de conseguirlo sería a través de esa reforma en la elección de los representantes públicos, de forma que estos respondan de forma más directa ante "sus electores en lugar de ante los aparatos de los partidos". Además, piden una "nueva ley de partidos que regule su financiación y asegure su control interno".

- "Más transparencia en las administraciones": esto sería clave contra la corrupción. Los expertos coinciden en que la mayoría de los problemas de mal uso de los fondos públidos se deben al mal diseño institucional y no a que todas las malas personas y los ladrones de España se hayan dedicado a la política. Por eso, los empresarios piden "mejorar la actual Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".

- "Control eficaz e independiente": en la misma línea del punto anterior, los empresarios piden que las decisiones de la adminsitración sean controladas, para limitar la arbitrariedad y los costes asociados a la misma (inseguridad jurídica, incertidumbre,...)

- "Reforma territorial": posiblemente el punto más polémico. Los empresarios creen que el modelo autonómico ya está superado y hay que cambiarlo, para corregir "las múltiples disfuncionalidades que su evolución ha generado". En este sentido, su apuesta es por implicarse en una reforma "imprescindible aunque no existiesen demandas concretas de Cataluña".

A continuación