El Gobierno se lía con los datos del fraude en el paro

Soraya Sáenz de Santamaría mezcla los casos de suspensión con los de retirada definitiva de la prestación.

Libre Mercado

Los datos de fraude del paro le han provocado al Gobierno su enésimo problema de comunicación. Todo ha empezado este viernes por la tarde, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que las inspecciones del Ministerio de Trabajo han detectado, en el último año y medio, más de medio millón de perceptores irregulares de la prestación por desempleo. Luego, la vicepresidenta ha hablado de trabajadores que cobraban en B, en un empleo negro, mientras seguían dados de alta en los Servicios Públicos de Empleo. Y claro todo el mundo ha entendido que estaba acusando a 500.000 parados de defraudar al Estado (casi uno de cada cinco de los que cobran cada mes la prestación).

Todo apunta a que Sáenz de Santamaría se ha liado con los datos. Desde poco después de acabada la rueda de prensa, los servicios de prensa del Gobierno han tratado de detener la polémica, que creía en las redes sociales. Las cifras del informe oficial elevado al Consejo de Ministros serían las siguientes:

  • "Se han realizado, desde comienzos de 2012, más de dos millones y medios de actuaciones de control, que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores". De ahí sale el dato dado por la Vicepresidenta. La vicepresidenta se ha referido a estos desempleados como "perceptores indebidos".
  • Esto no quiere decir que todas esas personas sean defraudadoras, en el sentido de que no debían cobrar la prestación por tener otro empleo. Los mentirosos son, en puridad, unos 160.000 (99.789 en 2012 y unos 60.000 en lo que va de año). A estos se les ha retirado completamente la prestación.

  • Los demás son parados que han cometido varias infracciones leves (como no seguir el procedimiento adecuado de renovación) y han sido suspendidos del cobro, aunque luego han vuelto a recibir su paga. De estos, a 263.834 perceptores se les suspendió temporalmente la prestación en 2012 y a 123.945 en el primer semestre de 2013. En Empleo, aseguran que desde el punto de vista "técnico" también esto es fraude y por eso se incluyeron en los datos entregados al Gobierno.
  • Entre estos últimos casos se encuentran, por ejemplo, aquellos que no han formalizado de manera correcta el papeleo previo para obtener la prestación. "Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción", explica Empleo.

De esta manera, lo que tenemos son 520.000 parados que han cometido algún tipo de irregularidad en el último año y medio (no cada mes; es decir, no es que uno de cada cinco parados lo hagan). Y de estos, unos 160.000 han engañado, en el sentido de que no tenían derecho a la prestación, mientras que los demás han cometido algún tipo de falta administrativa (o varias, que suele ser el requisito para sufrir la suspensión de la paga).

El Gobierno asegura que el plan de lucha contra el fraude le ha generado un ahorro de unos 6.000 millones. Esta cantidad se dividiría en 3.161 millones en ahorro de prestaciones por detección de fraude (básicamente por esos 169.000 casos comentados antes), 557 millones por inspecciones a empresas ficticias, 408 millones por fraudes en materia de incapacidad temporal o complementos a mínimos y 1.714 millones por afloramiento de cantidades no declaradas a la Seguridad Social.

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