Los jueces frenan la efectividad de la reforma laboral de Báñez

La ministra presenta un balance triunfalista, pero se acumulan las sentencias que mitigan el impacto de la nueva normativa.

D. SORIANO

La reforma laboral de Fátima Báñez no está ejerciendo todos los efectos buscados por el Gobierno. Al menos en lo que hace referencia a la negociación colectiva y los ERE, no termina de arrancar. Uno de sus objetivos era simplificar las relaciones laborales y reducir la judicialización. Pero no sólo no se ha logrado, sino que aparentemente ha empeorado la situación en este aspecto.

Este jueves, la ministra de Empleo se presentará en el Congreso, ante la Comisión correspondiente, para evaluar cómo ha evolucionado el mercado laboral en el último año y medio, desde que se aprobó la última reforma. Según las cuentas del Gobierno, unos 225.000 españoles han mantenido su puesto de trabajo gracias a los cambios introducidos entre febrero y julio de 2012.

Habrá quien diga que el paro sigue por encima del 25% (y es verdad), pero no es menos cierto que con una caída del PIB como la sufrida por España en los últimos 18 meses, lo normal era ver un desplome del empleo incluso más pronunciado. De hecho, el primer semestre ha sido sorprendentemente bueno en esta cuestión, lo que reforzaría el análisis del Gobierno de que las empresas están utilizando los mecanismos de flexibilidad a su alcance (reducciones de jornada, ajustes en los costes, etc...) antes de acudir directamente al despido, como se hacía anteriormente.

Sin embargo, hay aspectos en el que la mayoría de los expertos coincide: no se está produciendo una reducción en la judicialización de los conflictos laborales ni se ven ganancias claras en términos de dualidad. Dos elementos muy asociados y en el que la reforma no está teniendo el mismo éxito.

ERE, ultraactividad y temporalidad

La regulación laboral española es muy compleja. Los empresarios han protestado en numerosas ocasiones sobre la incertidumbre que rodea a casi todas sus decisiones en la materia. Ya no es sólo que despedir sea más caro o más barato, sino también que es complicado saber cómo y cuando acabará un proceso.

Evidentemente, esta falta de claridad tiene consecuencias en el mercado. Es más difícil que una compañía se lance a realizar contratos indefinidos si cree que cuando necesite hacer algún ajuste (por la mala actitud del trabajador o por la caída general de los ingresos) tendrá que pagar la máxima indemnización y a través de un procedimiento que podría alargarse varios años.

El Gobierno se planteó cambiar esta situación, a través de modificaciones en tres frentes:

  • ERE: se eliminaba la autorización administrativa previa, lo que estaba dirigido a agilizar su tramitación.
  • Ultraactividad: se ponía un límite de un año al mantenimiento de los convenios colectivos una vez que llegase la fecha de que expirasen.
  • Despido objetivo: la idea era definir bien las causas, para que las empresas que estuvieran realmente en dificultades económicas pudieran despedir con 20 días por indemnización por año.

Como decíamos, todo apunta a que no se están consiguiendo. Los jueces no están interpretando la norma en la dirección buscada por Empleo. Así, hace un mes, la Audiencia Nacional avalaba la ultraactividad de los convenios anteriores a la reforma. En los ERE extintivos, la mayoría de los casos siguen acabando delante de los tribunales. Y en cuanto al despido objetivo, tampoco hay unanimidad.

Este lunes, la consultora BCN publicaba un informe sobre el "impacto en las empresas" de la reforma. En su opinión, en lo que hace referencia a la conflictividad laboral, "los jueces han cobrado una especial relevancia en la aplicación de lo establecido el nuevo marco legal". Vamos, que los tribunales están parando estos procesos aduciendo causas como "falta de rigor documental", carencias durante la negociación o pertenencia de la empresa a un grupo más grande.

Esta visión concuerda con lo que los expertos han apuntado desde que se aprobó la reforma. Por ejemplo, al quitar la exigencia de autorización administrativa en los ERE, no sólo no se ha reducido la judicialización, sino que ha aumentado. Hasta la reforma, si una empresa pactaba con sus empleados y conseguía el OK del correspondiente gobierno (nacional o autonómico). Los jueces casi siempre daban por bueno al acuerdo. Sin embargo, desde febrero de 2012, los tribunales terminan por revisar casi todos los ERE. Porque incluso aunque haya acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, se admiten las denuncias de individuos que no acepten el pacto firmado en su nombre. Y lo que están haciendo los jueces, entre otras cosas, es dar mucha importancia a las cuestiones formales, algo que podía preverse viendo las exigencias incluidas en la reforma.

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