La agenda de un ministro, un secretario de Estado o un consejero autonómico no debe ser sencilla de cuadrar. Pero la reforma de la administración que prepara el Gobierno podría complicarla mucho más. Desde ahora, si se cumplen los planes de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), unos y otros tendrán que verse las caras más a menudo, cuadrar sus calendarios y coordinar sus trabajos. El objetivo es acabar con las duplicidades. Y la propuesta es hacerlo a través de un sinfín de nuevos comités en los que participen conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas.
En teoría, lo que quiere Moncloa es eliminar entes y procesos en los que se solapan la administración central y las regionales. En la práctica, lo primero que ocurrirá es que nacerán nuevos órganos que hasta ahora no existían. El Gobierno quiere atar en corto a las comunidades. Por eso, obligará a venir a Madrid, cada poco tiempo, a los consejeros, a pasar revista en el ministerio correspondiente. La duda es si servirá para algo.
La CORA recoge en el capítulo IV de su informe el análisis de las duplicidades administrativas. Los autores diferencian entre "duplicidad de actuaciones" (cuando dos administraciones prestan los mismos servicios y el ciudadano debe decidir a cuál acudir) y "duplicidad orgánica" (dos entes realizan cometidos iguales y actúan sobre los mismos sujetos). Y dedican casi 50 páginas a ofrecer sus consejos para minimizar su impacto.
Hay que decir que en todo lo que hace referencia a las competencias autonómicas, la CORA ha sido extremadamente cautelosa. Por eso, no es extraño que en la parte dedicada a las "duplicidades administrativas" brillen por su ausencia las propuestas concretas de supresión de entes con nombres y apellidos. En la mayoría de los casos, se limita a "aconsejar" su fusión en algún organismo estatal o a pedir su extinción por estar realizando las mismas tareas que el Ministerio correspondiente. Ahora, queda en manos de los gobiernos regionales decidir qué hacer. Las reacciones, por el momento, no han sido muy entusiastas.
En esta cuestión, la primera propuesta de la CORA consiste en elaborar un "manual en el que se identificarán los principales tipos de ineficiencias y duplicidades". Pero este documento no será una ley de obligado cumplimiento. Se trata simplemente de un estudio de los técnicos del Ministerio que se remitirá a las diferentes administraciones. Y tendrá cuatro grandes apartados: planificación, órganos de cooperación, transparencia en la financiación y mejoras en los sistemas de información compartidos.
La idea que está detrás de este planteamiento consiste en controlar a las regiones de dos formas:
En lo que se refiere a la información, la CORA pide "generalizar el uso de base de datos integradas" de forma que sean una "fuente de información única y completa para el ciudadano y las administraciones". Además, propone "unificar, integrar o racionalizar los observatorios" ministeriales y autonómicos.
Pero la herramienta básica serán las "conferencias sectoriales", unos órganos de cooperación multilateral que reúnen a un representante ministerial con los responsables de cada autonomía. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el más conocido de los que existen en la actualidad, aunque no el único, porque hay 39 conferencias constituidas, aunque sólo 21 han desarrollado alguna actividad regular en los últimos tres años. En realidad, a lo largo de las 50 páginas de este capítulo, se suceden las llamadas a instaurar algún tipo de comité o comisión a 18 bandas (Gobierno+CCAA).
Pero órdenes o peticiones directas de eliminación de órganos no hay muchas. Quizás lo más sencillo sea ver un ejemplo en un ministerio concreto. Las siguientes propuestas son algunas de las dedicadas a Educación, cultura y deporte:
El Ejecutivo afirma que no hay más connotación que la de la mejora de la eficiencia administrativa y augura que "acabará imperando el sentido común".
La mayoría trabaja en entes públicos, en donde sólo el 1,5% es personal funcionario.
Nueve autonomías todavía mantienen esta figura. El Sindic catalán cuesta más de cinco millones al año.