Bruselas pidió al Gobierno español subir el IVA, nuevos impuestos medioambientales y una simplificación de los tributos. Sí, eso es cierto. Y los organismos comunitarios no están solos. Numerosos expertos han abogado por subir los impuestos al consumo, tanto para aumentar la recaudación como para limitar el fraude. En esto tiene razón Cristóbal Montoro, cuando explica la subida de los impuestos al consumo asegurando que España tiene "un IVA bajo en comparación con otro países".
El problema para el ministro de Hacienda reside en que ni la UE ni los principales departamentos de análisis se han quedado ahí. Casi todos los estudios, oficiales o no, conocidos en los últimos meses coinciden en que España necesita una gran reforma fiscal, que termine con un modelo que penaliza la creación de riqueza y no es especialmente efectivo desde un punto de vista recaudatorio. Si se aplicarán sus conclusiones probablemente veríamos alguna subida impositiva como las anunciadas en los últimos días, pero también importantes rebajas en algunos de los principales tributos. Y de esto último no hay noticias desde Moncloa. Parece que la memoria del Gobierno en esta cuestión es muy selectiva.
Desde que comenzó el proceso de ajuste presupuestario, de los anuncios de recortes gasto y subidas de impuestos se ha culpabilizado a "Bruselas". Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy han utilizado la excusa de las autoridades comunitarias. Su relato se basa en que los gobiernos de la Eurozona han impuesto a nuestro país un estricto plan de consolidación fiscal a cambio del sostén financiero del BCE y del rescate de 100.000 millones de euros para nuestras cajas de ahorros. De hecho, este mismo lunes, el presidente del Gobierno aseguraba ante el Instituto de Empresa Familiar que él también habría preferido "más tiempo" para cuadrar las cifras de déficit pero que "si se está en un club y se está voluntariamente no es para saltarse las reglas sino para mejorarlas".
Lo que ocurre es que, como decíamos anteriormente, "Bruselas" dice muchas cosas y el Gobierno parece decidido a quedarse sólo con la parte que le conviene para justificar su escalada tributaria. Por ejemplo, la semana pasada, Olli Rehn denunciaba, tras conocer los datos del paro español, que había algunos países que parecían decididos a hacer todo el ajuste vía "subidas de impuestos" sin realizar el mismo esfuerzo en la "reducción de los gastos".
Y no es el primer mensaje de este tipo que llega a Moncloa. Hace unas semanas, la Comisión presentó su informe más duro sobre la política económica española, en el que exigía que se acelerase el ritmo de las reformas (y que éstas fueran más profundas) para dinamizar la actividad económica y que, de esta manera, fuera más fácil incrementar la recaudación sin subir los tipos. Incluso Mario Draghi ya alertaba, hace unos meses, de que centrarse sólo en subir los tributos para atajar el déficit podría dañar el crecimiento, por lo que solicitaba "menos impuestos y más reformas".
En lo que tiene que ver estrictamente con impuestos, las recomendaciones de Bruselas hablan de "mejorar la eficiencia del sistema fiscal". ¿Y cómo se hace eso? "Introduciendo un modelo que apoye más el crecimiento, que incluya un cambio de los tributos sobre el trabajo hacia los del consumo y medioambientales".
En realidad, en esta cuestión la UE no se aleja demasiado de lo que propugnan otros expertos. Hace dos semanas, Fedea presentó su modelo de reforma fiscal. En este caso, sus recomendaciones se centraban en eliminar las deducciones de los grandes impuestos a cambio de bajar los tipos generales. Y la OCDE también pidió, en su último informe sobre la economía española, que se "suban los impuestos indirectos, al mismo tiempo que se baja la tributación sobre el trabajo y las cotizaciones sociales".
Como puede comprobarse, todas estas recomendaciones coinciden en algunos de los problemas del sistema tributario español. Una vez solucionado este tema, podría discutirse si la presión fiscal debe ser del 30, 40 ó 50%. Pero existe un acuerdo en que el modelo falla en tres cuestiones fundamentales:
Por todo esto, en Fedea aseguran que vivimos "en el peor de los mundo posibles", con tipos altos que atacan a la creación de riqueza, dentro de unos tributos que ni siquiera acaban recaudando tanto como podría suponerse; que discriminan a unos contribuyentes (o productos) sobre otros con criterios caprichosos; y que hacen que pagar impuestos en España sea complicado, caro y costoso en términos del tiempo empleado.
Con todos estos elementos en juego, es factible imaginar una reforma que toque los grandes impuestos y cumpla con los requisitos de Bruselas al mismo tiempo que mejora la eficiencia del conjunto del sistema:
Además, si unimos este impuesto a las altísimas cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios, nos encontramos con que España es uno de los países de la UE con un mayor coste sobre el trabajo, lo que tiene una influencia directa en la competitividad de su economía. El Gobierno no sólo subió el IRPF nada más llegar a Moncloa, sino que además, ha alargado al menos un año, hasta 2015, una medida que se suponía que era temporal y con fecha determinada.
Juan Ramón Rallo es uno de los columnistas más seguidos en España en cuestiones fiscales. Libre Mercado le preguntó la semana pasada por su opinión sobre una posible reforma tributaria que fuera en la línea de lo apuntado anteriormente. Estos fueron sus principales comentarios:
El presidente de UPTA ha destacado en Es Noticia que de las medidas anunciadas, el aplazamiento de un año de la bajada del IRPF "ha sido la peor".
Rajoy "pulsó" el enfado de los empresarios por la falta de reformas: "¿Por qué no es más radical? ¿Por qué no incrementa el ritmo?", le abordaron.
El tipo máximo del IRPF en España se sitúa en el 52%, al mismo nivel que en Holanda, y sólo superado por Suecia, Dinamarca, Bélgica y Portugal.
El presidente se reafirma: "Hay que mantener esta política". Niega una posible crisis de Gobierno y promete que su intención es bajar los impuestos.