'Solidaridad' y cesión de impuestos: las claves de la nueva financiación autonómica

La negociación probablemente se alargue hasta 2014. Todo apunta a que aumentará el porcentaje de los tributos que recaude cada región.

D. SORIANO

El actual sistema de financiación autonómica tiene los días contados. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado las conversaciones con las comunidades para modificar las reglas que establecen cuánto dinero recibe cada región. En principio, al equipo de Montoro le gustaría que el proceso estuviera finiquitado este año, aunque el realismo indica que no será hasta 2014 cuando se remate la tarea.

Eso sí, los gobiernos autonómicos ya afilan sus cuchillos para una negociación que se prevé muy dura. Cataluña y Madrid han sido las primeras en salir a escena, una con una entrevista secreta entre Artur Mas y Mariano Rajoy y la otra con un "Decálogo para un nuevo sistema de financiación". Son las más grandes, ricas y pobladas. Y por eso, sienten que son las que más peso deberían tener en la decisión final. El resultado girará en torno a dos viejos conocidos: el porcentaje de los impuestos que manejarán las regiones y el tamaño de la bolsa de la solidaridad interterritorial.

Por los pasillos de Hacienda corre el dicho de que el sistema de financiación autonómico es tan complejo que ni siquiera aquellos que lo negociaron comprendían bien todos sus recovecos. Y la negociación anual a 18 bandas entre el Ministerio y las regiones parece confirmar este hecho. Cada ejercicio, cuando se conocen las cifras definitivas, es habitual escuchar a los 17 consejeros quejarse de que su comunidad sale perdiendo, algo que es utilizado políticamente por las autonomías con un Gobierno con diferente color político al que ocupa la Moncloa.

Complejo e injusto

Lo cierto es que el modelo actual es muy complejo y puede ser injusto para algunas comunidades, porque la dificultad en el cálculo y las trampas estadísticas dejan en manos del ministro de turno buena parte del reparto de cada ejercicio.

En principio, cada comunidad autónoma recibe del sistema de financiación en función de tres grandes variables:

  • Impuestos cedidos parcialmente: IRPF (50%), IVA (50%) e Impuestos especiales (58%).
  • Impuestos cedidos totalmente: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio, Tasa sobre el Juego, Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Fondos: de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Cooperación y de Competitividad.

Hasta aquí todo parece más o menos claro. Cada región recauda algunos tributos en su totalidad y recibe del Estado un porcentaje de lo recaudado en otros impuestos en su territorio. La teoría nos dice que como esto podía hacer que las regiones menos pobladas o más pobres quedaran en situación de desventaja porque no tienen suficientes ingresos vía impuestos, alguien se inventó el concepto "fondo": una cantidad que se distribuye en función de diversos conceptos, para igualar de alguna manera lo que recibe cada uno.

Con este panorama, la lucha fundamental en los próximos meses estará en el tamaño de cada concepto, entre aquellas comunidades que quieren que un peso mayor de los ingresos totales se decida vía impuestos cedidos sin ajustes vía fondos y las que quieren que haya más bolsa común para repartir (o más ajustes, para ser más precisos). Por ejemplo, supongamos que, en total, las autonomías tienen unos ingresos conjuntos de 100: la primera opción podría ser que 90 vengan por impuestos cedidos y 10 vengan por los ajustes de los fondos, mientras que la segunda sería que 50 vengan de impuestos cedidos y los otros 50 se distribuyan según los criterios fijados en la negociación.

En teoría, las regiones ricas y más pobladas empujan en la dirección del primer supuesto, que refuerza la corresponsabilidad fiscal (tiene la ventaja de que lo que recauda cada Gobierno depende de sus propias decisiones); las menos ricas y con territorios más grandes quieren ampliar la bolsa común (para compensar con criterios supuestamente "solidarios" la situación de partida de desventaja de cada autonomía).

Tres incógnitas

Como decíamos antes, el proceso negociador será largo y complejo. No se espera un texto definitivo en menos de un año. Tal y como se ha planteado la batalla definitiva, hay tres grandes incógnitas que determinarán muy seriamente tanto el resultado final como la sensación de éxito y fracaso del nuevo modelo:

Madrid vs Cataluña: este miércoles, El País encabezaba su portada con el "Madrid se alinea con Cataluña para exigir a Rajoy más financiación". Luego, la información destacaba que "una de las líneas del nuevo modelo podría estar en una mayor cesión de impuestos, algo que a priori perjudicaría a los territorios más pobres y despoblados".

El problema es que aunque es cierto que, como apuntamos arriba, que ambas regiones tienen algunas coincidencias, les separan algunas diferencias fundamentales. Así, el objetivo del Gobierno de CiU es establecer una negociación bilateral con La Moncloa, que les permita cerrar la financiación catalana al margen de las demás autonomías, algo a lo que no está dispuesto el Ejecutivo de Ignacio González, que ha señalado que una de sus líneas rojas es la "multilateralidad".

Criterios solidarios: la discusión principal girará en torno a si ceder más impuestos o mantener el tamaño del ajuste vía fondos. Pero habrá un segundo campo de batalla fundamental: cómo establecer los criterios para el reparto de esos mismos fondos, sean mayores o menores. Y la enredo del sistema no hará nada sencilla esta negociación.

Ahora mismo, para el Fondo de Garantía se tienen en cuenta la población, la superficie, la dispersión, la población de determinados grupos de edad o la insularidad. Para el Fondo de suficiencia se sigue un complejísimo cálculo sobre lo recaudado y lo gastado, para equilibrar el saldo final. Mientras, el Fondo de Competitividad se utilizar para transferir fondos a las regiones con una "financiación per cápita ajustada inferior a la media". Y el Fondo de Cooperación "se reparte anualmente entre las Comunidades Autónomas de régimen común que tengan un PIB per cápita inferior al 90 % de la media, que tengan una densidad de población inferior al 50 % de la densidad media o que, teniendo un crecimiento de población inferior al 90 % de la media, tengan una densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de multiplicar por 1,25 la densidad media de las Comunidades Autónomas de régimen común".

Todo apunta a que el nuevo modelo será más sencillo. Sean cuales sean los criterios de compensación interterritorial, la lógica debería obligar a que sean más fáciles de explicar cuando se pacten, de calcular para saber cuánto le toca a cada una y de corregir cada año en función de los cambios en las circunstancias.

El problema es que por muchas componendas que se hagan habrá ganadores y perdedores. La bolsa es una y si se divide entre 17, habrá quién se lleve más porcentaje y quien vea disminuido su peso. Incluso aunque el tamaño aumente (los fondos sean más grandes en total), en términos relativos habrá motivos de queja. Y a esto se unirá la tendencia de los gobiernos regionales de echar la culpa a La Moncloa de todo lo que les ocurre.

Margallo: por si había pocos temas de discusión, el sábado pasado entró en escena José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que en una entrevista en el diario El Mundo pedía "reservar los grandes impuestos que afectan al mercado interior (IVA y Sociedades) al Gobierno central, dejando el resto, incluyendo el IRPF, a cada autonomía. Ahora mismo puede parecer una locura, pero en realidad es un modelo que numerosas voces reclaman desde hace tiempo, una especie de federalismo fiscal que haga a cada región responsable de sus ingresos y gastos.

El decálogo de Madrid

La Comunidad de Madrid maneja, para iniciar las conversaciones, un documento bajo el título de "Decálogo para un nuevo sistema de financiación autonómica". En su opinión, el nuevo modelo deberá girar en torno a los siguientes aspectos:

  1. "La negociación debe hacerse de forma multilateral".
  2. "Un Sistema de Financiación claro y transparente" que ponga fin "a los dos problemas más graves que entraña el modelo actual: la incertidumbre en su aplicación y la injusticia de sus resultados".
  3. "Un modelo que aporte recursos suficientes para que las Comunidades puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados".
  4. "Deben calcularse de acuerdo a criterios justos y equitativos".
  5. "Reglas de reparto ecuánimes y actualizadas para la distribución de recursos provenientes de los impuestos no territorializables".
  6. "Debe premiar a las regiones que aplican políticas económicas de austeridad y cumplimiento del déficit".
  7. "Debe preservar la solidaridad entre regiones para que los españoles tengan asegurada una similar prestación de los servicios públicos esenciales".
  8. "La solidaridad no puede entenderse sin un régimen común para todas las CCAA".
  9. "Equilibrar la posición de las regiones frente al Estado en esta materia".
  10. "En materia de gestión tributaria deben establecerse nuevas fórmulas de colaboración entre el Estado y las Administraciones Tributarias autonómicas".
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