Desde hace años, Cataluña tiene una de las regulaciones comerciales más restrictivas de España. Todos los gobiernos que han pasado por la Generalidad han hecho bandera de la defensa de sus pequeños tenderos (los botiguers, en catalán) frente a las grandes superficies. No importa los cambios normativos que haya aprobado el Gobierno central, como el decreto de liberalización de horarios comerciales impulsado por Jaime García-Legaz. Las instituciones públicas catalanas siempre se han negado en redondo a liberalizar un sector que consideran estratégico.
Sin embargo, no todos dentro de la administración regional parecen estar de acuerdo con esta postura. Hace unos días, un organismo dependiente directamente de la Consejería de Economía, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), publicó un demoledor informe acerca de las diferentes leyes regionales sobre comercios. Según sus conclusiones, esta normativa no ha conseguido los objetivos de proteger al pequeño comercio y, sin embargo, ha supuesto un enorme perjuicio para los consumidores, que tienen menos oferta, precios más altos y más dificultades para acceder a los bienes que los vecinos de otras comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, los autores piden más liberalización, tanto para ayudar a la modernización del sector (especialmente el pequeño comercio) y conseguir más competencia, con los benéficos efectos que esta tiene para el usuario. Por lo visto hasta ahora, no parece que desde el Gobierno regional se hayan dado por enterados del contenido de dicho estudio.
Tal y como explica el mismo informe, "la normativa comercial catalana de los últimos 15 años se ha caracterizado por su elevado grado de intervención administrativa", que ha dado lugar a "numerosas restricciones injustificadas a la competencia, básicamente en forma de barreras de entrada, y al ejercicio de la actividad, concretadas en la limitación de horarios comerciales y períodos de rebajas".
La justificación tradicional a este tipo de leyes es que protegen al pequeño comercio frente a las grandes superficies. Sin embargo, numerosos estudios académicos, muchos de ellos incluidos en el informe del ACCO, han desmontado esta creencia. Como podemos ver en este artículo publicado por Fedea hace sólo un par de meses, tanto en Italia como en Francia, los análisis realizados muestran que las restricciones provinciales a la apertura de establecimientos comerciales se tradujeron en "aumentos de precios, costes laborales y beneficios de las empresas ya establecidas, reduciendo al mismo tiempo la productividad y el empleo".
En España, Luis Orea realizó un interesante análisis acerca del impacto en los precios de las diferentes regulaciones comerciales de las 17 comunidades autónomas, una cuestión en la que Cataluña destaca como la más intervencionistas y restrictiva. Pues bien, según sus datos, las diferentes leyes pueden provocar cambios en los precios de hasta el 8%, siendo estos incrementos especialmente significativos en el caso de los bienes más económicos.
Y según un informe de la Comisión Nacional de la Competencia de 2011, los principales beneficiarios de la regulación restrictiva han sido los supermercados de menor tamaño. Es decir, que una normativa restrictiva perjudica a los consumidores porque incrementa los precios (sobre todo a los de menor poder adquisitivo) y favorece sobre todo a las cadenas de supermercados de tamaño medio.
Todo el informe es absolutamente demoledor. Prácticamente no hay ni un solo párrafo que no sea crítico con las leyes comerciales catalanas. De hecho, si no lo hubiera realizado un departamento dependiente de la propia Generalidad podría ser despreciado como un ataque interesado al Gobierno regional. Sin embargo, son los propios técnicos de la Consejería de Economía los que lo han escrito y por eso debería tener algún impacto en la política del Ejecutivo de Artur Mas, aunque todos sus pronunciamientos hasta el momento han ido en sentido contrario. Éstas son sus principales conclusiones:
El consejero ha admitido su "poca fe" en que prospere el requerimiento, que es un paso previo para recurrir la ley.
La subvención más alta fue a parar a Caracas: 82.950 euros. También hay ayudas directas a casales de Zaragoza o Córdoba.
La provincia francófona sufre un prolongado declive desde que el separatismo apostó por la separación de Canadá.