Déficit estructural 0% en 2020

Las claves de la Ley de Estabilidad: hispabonos e intervención de las CCAA

La norma más importante del Gobierno prevé el control de facto de las cuentas de las regiones que incumplan sus objetivos.

D. SORIANO

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno pretende presentarse el lunes en Bruselas con esta norma bajo el brazo, como la prueba más evidente de la seriedad del Estado y de su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas.

Este texto supone el desarrollo del artículo 135 de la Constittución, que se cambió este verano, tras un acuerdo express con el PSOE y con Angela Merkel presionando para que los países del sur de Europa certificasen su apuesta por el control del déficit. Ahora, los socialistas dicen que esta ley va un paso más allá de lo pactado. Las siguientes son las claves de la norma más importante del Gobierno, la que Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro creen que pondrá las bases de la recuperación, puesto que devolverá la credibilidad a las cuentas públicas españolas.

1. Los límites: el texto del Anteproyecto recoge un límite de deuda del 60% y la obligación de presentar "equilibrio o superávit" presupuestario. Ninguna administración podrá presentar "déficit estructural".

2. Los plazos: se establece un período transitorio hasta 2020 (para permitir a todas las administraciones que vayan adaptando sus cuentas), aunque en 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

3. Excepciones: el documento del Gobierno deja la puerta abierta al incumplimiento de estos objetivos en caso de situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o una emergencia extraordinaria), así como en caso de reformas estructurales (en este caso se podría llegar al 0,4% que pactaron PSOE y PP en verano).

4. Intervención de las regiones y ayuntamientos: la nueva norma deja completamente abierta la posibilidad de que el Gobierno central intervenga las cuentas de las administraciones que incumplan sus objetivos.

Habrá "techo de gasto"; "obligación de presentar un plan económico-financiero" para los que no sigan la línea correcta; y la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda envíe "una delegación" si se incumple ese plan (a los nueve meses, dice el texto).

5. Se cierra el grifo: lo más preocupante para los caciques regionales con la mano muy generosa es que el Estado podría cerrarles el grifo de la financiación. El Anteproyecto dice claramente que el cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para "autorizar emisiones de deuda, la concesión de subvenciones y la suscripción de convenios".

Además, a partir de un umbral de deuda, "las únicas operaciones de endeudamiento que se permitirán serán las de Tesorería". Esto quiere decir que todo el dinero que el Estado entrega a las comunidades y los permisos que les otorga para endeudarse o gastar podrían depender de que al Gobierno de turno le gusten los presupuestos regionales.

6. ¿Hispabonos?: quizá la parte más confusa de lo presentado por Montoro el viernes esté en el punto en el que señala que "el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las CCAA y las corporaciones locales estará condicionado a un plan de ajuste". Esto parece apuntar a que el Gobierno central podría realizar emisiones de deuda para respaldar a aquellas administraciones que no encuentren financiación en el mercado.

Eso sí, esta ayuda dependería de la aprobación de un programa de "ajuste". Es un esquema muy parecido al de los Eurobonos: deuda conjunta a cambio de reformas y recortes. Por un lado, tiene de positivo que no se deja caer a nadie (algo a lo que Montoro y Rajoy se han comprometido), por otro, deja la puerta abierta a que los políticos menos escrupulosos mantengan el derroche sabiendo que tienen el salvavidas estatal.

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