rechazan la reforma laboral

UGT y CCOO temen la desaparición de la negociación colectiva

Las centrales intentan mantener su posición privilegiada ante el inminente cambio en la normativa que prepara el Ministerio de Empleo.

D. SORIANO

El mensaje que UGT, CCOO, CEOE y Cepyme han querido transmitir este miércoles por la tarde es que la negociación colectiva sigue siendo necesaria en España. Ignacio Fernández Toxo ha asegurado que el pacto es una "reivindicación" de los agentes sociales (es decir, de ellos mismos), para a renglón seguido asegurar que este pacto hace “innecesarios” los cambios en la legislación.

De esta manera, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 está sirviendo para que sindicatos y patronal intenten blindar la actual estructura del mercado laboral español. En esto, están teniendo un papel fundamental las grandes centrales (UGT y CCOO), que quieren utilizar la foto con CEOE y Cepyme para detener uno de los grandes proyectos del Gobierno en este comienzo de legislatura: la reforma laboral de la que se lleva dos años hablando.

¿Negociación a nivel de empresa?

Aunque la mayor publicidad se la ha llevado el pacto salarial (incrementos del 0,5% para este año, y 0,6% para 2013 y 2014), lo más importante de lo pactado entre sindicatos y patronal está en el capítulo I, La estructura de la negociación colectiva, donde dice (las negritas son nuestras):

Los convenios colectivos de ámbito estatal o de comunidad autónoma deben desarrollar las reglas de articulación y vertebración que han de regir la estructura de la negociación colectiva, apostando de forma decidida a favor de la descentralización de la misma. (…) Los gobiernos sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa, a iniciativa de las partes, de jornada, funciones y salarios.

Este comienzo parece una apuesta decidida por llevar la negociación colectiva al ámbito de la empresa, tal y como piden los expertos y como anunció Rajoy en el Debate de Investidura (aunque Fátima Báñez luego ha matizado mucho esta cuestión).

Luego, a lo largo del texto se repite la intención de los agentes sociales de introducir más flexibilidad en las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, así como en la forma y el ámbito de negociación entre sindicatos y trabajadores. Si todo esto se aplicase (puesto que el documento no es más que una mera declaración de intenciones), aparentemente supondría un cambio radical en el mercado laboral.

Pero no todo está tan claro. Para empezar, el texto no rompe la cuestión clave: la prioridad de los convenios sectoriales y territoriales (de ámbito nacional, autonómico o provincial). Lo único que dice el documento es que se anima a los negociadores a que permitan en estos convenios el descuelgue a nivel de empresa.

Además,  en el capítulo IV, Inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios sectoriales, se hace una referencia a una serie de medidas de "carácter excepcional y con proyección temporal limitada a la actual coyuntura". En este epígrafe se admite que en el caso de "disminución persistente de ingresos" podrían cambiarse las condiciones laborales, como el horario, el sistema de remuneración o las funciones, aunque no se dice nada del salario.

Contradicciones

Por lo tanto, el acuerdo dice que sería bueno llevar la negociación colectiva al ámbito empresarial, pero luego los sindicatos se levantan en armas cuando el Gobierno insinúa que podría legislar en esta dirección. Además, se incluye un capítulo dedicado a la posible inaplicación temporal de algunas cláusulas de los convenios sectoriales en razón de la coyuntura económica y la situación de cada compañía.

Todo es contradictorio: si lo bueno son los convenios de empresa, ¿por qué negarse a que se incluya en la ley? Si hay que aumentar la flexibilidad, ¿por qué limitarlo a los momentos de crisis o a las empresas en dificultades?

La sensación es que los agentes sociales, especialmente UGT y CCOO, quieren mantener la actual estructura, centrada en convenios de ámbito superior al de empresa, que les beneficia a ellos como supuestos interlocutores. El texto de este miércoles sería así un intento de detener una reforma laboral que podría acabar con este formato.

Argumentos

Durante todo este proceso de negociación, se han sucedido las declaraciones de los líderes sindicales pidiendo tiempo a Gobierno y exigiendo que se respete lo pactado con la patronal. Todas ellas van dirigidas a mantener la estructura y la legislación actual, pero tienen poco apoyo en los hechos.

La historia: el primer argumento de sindicatos y patronal es que siempre es mejor una reforma pactada: “Más vale un acuerdo, por pequeño que sea, que imposiciones”, ha dicho Juan Rosell. Pero esto choca con la historia. Todas las reformas laborales en España se han pactado y la tasa de paro es del 23%. De hecho, muchos expertos se preguntan si los sucesivos pactos sociales no son una condena (porque atan al Gobierno de turno a un texto que puede ser sólo de mínimos), en vez de una bendición.

La negociación colectiva: existe un problema alrededor del hecho de que sean patronal y sindicatos mayoritarios los que establezcan el ámbito de la negociación colectiva. Evidentemente, sacar los convenios de las empresas favorece especialmente a UGT y CCOO, que asumen una representatividad que no tienen. Esto les proporciona una visibilidad, ingresos y peso político que no se corresponde con su afiliación real. Por eso, es lógico que pidan que las reformas pasen por su filtro, quizás no sea lo mejor para los trabajadores, pero desde luego es lo mejor para sus organizaciones.

Modalidades de contratación: es el apartado en el que más lejos están sindicatos y patronal. La CEOE quiere que se avance hacia un contrato único, con menor indemnización por despido y más flexibilidad. UGT y CCOO se levantarán ante cualquier cosa que suene a abaratamiento del despido. Mientras, el mercado laboral español es completamente dual, con una gran diferencia entre fijos y temporales.

Políticas activas de empleo: es un tema especialmente delicado, pero que patronal y sindicatos no quieren tratar. Los cursillos de los Servicios Públicos de Empleo suponen 8.000 millones de euros al año. Tanto las organizaciones empresariales como las centrales sindicales se llevan un muy buen pellizco de esta cantidad (desde luego, mucho más que a través de subvenciones directas). La efectividad de estas políticas es muy limitada (el sector público coloca alrededor del 2.3% de los parados); pero nadie se atreve a alzar la voz en esta cuestión. El Gobierno se ha limitado a hacer anuncios genéricos sobre pequeños cambios, pero no se espera ninguna sorpresa radical.

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