agujeros en el nuevo tratado

Los estados podrán saltarse las normas de disciplina fiscal de la UE cuando haya crisis

La última versión del borrador presentada al Parlamento Europeo abre vías de escape en caso de crisis o "acontecimientos inusuales".

D. SORIANO

El nuevo Tratado de la UE sobre disciplina fiscal podría estar ya herido de muerte… y eso que todavía no ha nacido. Según el último borrador entregado por los países de la UE al Parlamento, será posible escapar a las estrictas normas pactadas en la última cumbre en numerosos casos. Por lo tanto, las normas que se suponía que iban a atar en corto a los Gobiernos europeos, podrían quedarse simplemente en una indicación general con numerosas excepciones.

De diciembre a enero

Apenas ha pasado un mes desde la Cumbre del 9 diciembre. Entonces se habló de una refundación de la UE, basada en una estricta normativa presupuestaria que controlase a los Gobiernos de los Estados miembro. El objetivo es que todos los países repliquen la normativa antidéficit que ya está vigente en la normativa alemana (algo similar a lo que se hizo en España el pasado septiembre). La fecha para su entrada en vigor sería comienzos de 2013, aunque dependerá de lo que se alarguen los trámites legislativos en todos los países: la intención es evitar los referendos populares y aprobar estos cambios en los parlamentos nacionales de la forma más tranquila posible.

De hecho, lo más destacable de lo conocido el miércoles es que esta última versión enviada por los negociadores de los países al Parlamento Europeo flexibiliza la obligación de incluir la regla de oro de equilibrio presupuestario en las Constituciones de los países firmantes. Los expertos interpretan que se trata de una concesión a países como Irlanda, Dinamarca o Finlandia, que probablemente necesitarían un referéndum para cualquier reforma constitucional. En lugar de exigir la introducción en "disposiciones nacionales vinculantes de naturaleza constitucional o equivalente", ahora se habla de "disposiciones de fuerza vinculante y carácter permanente, preferentemente constitucional, cuyo respeto esté garantizado durante los procesos presupuestarios nacionales".

Además, se restan poderes a la Comisión, que ya no podrá denunciar ante el Tribunal de Justicia irregularidades, sino que sólo podrá realizar un informe si se lo pide un Estado miembro. Sólo los Gobiernos nacionales podrán llevar ante la justicia a otros Estados miembros. Y también se ha sacado del texto la referencia a una "integración más profunda en el mercado interior".

La nueva versión dedica un apartado específico a las excepciones que permitirán a un país saltarse la regla de oro sin ser sancionados, que anteriormente estaban incluidas en otros apartados. La regla podrá incumplirse "en caso de un acontecimiento inusual fuera de control" que tenga "un impacto importante en la posición financiera del Gobierno o en periodos de recesión económica grave".

¿Qué ha cambiado?

El problema es que, con estas modificaciones, el Tratado del que tanto se habló hace un mes queda completamente aguado. Los países podrán incumplir los objetivos de déficit en momentos de crisis económica y otras situaciones inusuales. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en el último lustro. Portugal, España, Grecia o Italia mantenían unas cuentas más o menos equilibradas durante la fase de expansión: fue cuando comenzó la crisis cuando afloraron los números rojos y ninguno de sus gobiernos tomó medidas para evitarlo. Si se aprueba la última versión del Tratado conocida esta semana, sus políticos podrían volver a hacer exactamente lo mismo que ya han hecho y que nos ha llevado hasta la situación actual.

Además, será más difícil denunciar a los Gobiernos derrochadores. Y los estados siempre podrán aprobar excepciones para los que estén en dificultades. Es decir, que en cuanto olviden lo mal que lo han pasado en esta recesión, los políticos europeos podrán volver a las andadas. Por eso, es lógico hacerse la pregunta de ¿qué ha cambiado?

Algo parecido ocurrió en España el pasado agosto cuando PP y PSOE pactaron la reforma constitucional que fijaba un límite presupuestario. Se dijo que aquel cambio en la Carta Magna impediría que las cuentas públicas españolas volvieran a la precaria situación en la que ahora se encuentran. Pero como ya explicó Libre Mercado, en realidad las excepciones y la falta de concreción en la redacción eran tales que será muy sencillo para cualquier Gobierno incurrir en los mismos niveles de déficit y deuda pública que hemos visto en los últimos años.

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