¿Una verdad que prohibirá la 'memoria'? La matanza de diputados en la guerra

Pedro Fernández Barbadillo

Las guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XX buscaban la aniquilación del enemigo. Debido a la ideologización provocada por los totalitarismos, primero el comunista y luego los fascistas, no puede haber neutrales ni tampoco armisticios. Las potencias monárquicas capturaron a Napoleón, pero en vez de ahorcarle le desterraron por dos veces, una Elba y otra a Santa Elena. La Unión no ejecutó ni al presidente de la Confederación, Jefferson Davies, ni al general Robert Lee. Y el gobierno de Isabel II reconoció el grado y la paga de teniente general a Rafael Maroto, que rindió los restos de las tropas carlistas.

A partir de 1917, la piedad o la reconciliación con el enemigo derrotado será inconcebible, se trate de las hijas del zar Nicolás II o del capturado Gadaffi.

En este sentido, la guerra civil española fue una de las más despiadadas del siglo XX, pues afectó a grupos sociales que solían quedar al margen, como la población civil, los generales y los diputados. En España, las masacres de civiles o los magnicidios los cometían terroristas de izquierdas, sobre todo anarquistas. Pero en los años 30, la violencia se convirtió en cotidiana: atentados, tiroteos entre bandas de jóvenes, huelgas, censura de prensa, asonadas y hasta descarrilamiento de trenes. Bastaba que unas monjas trataran de votar para que los matones de izquierdas las apalearan. Y en 1934 el PSOE y la UGT organizaron la mayor sublevación armada en la Europa de la primera posguerra.

A este clima de violencia y odio contribuyó la máquina de propaganda de las izquierdas. En las Cortes fraudulentas de 1936, numerosos diputados del Frente Popular insultaban a los del Bloque Nacional y hasta les amenazaban de muerte.

La comunista Dolores Ibárruri afirmó que ningún diputado de derechas había obtenido su acta limpiamente y acusó a José Calvo Sotelo y José María Gil Robles de ser autores de la supuesta represión de Asturias, cuando no estaban en el gobierno. El socialista Ángel Galarza le espetó a Calvo Sotelo en el pleno del 1 de julio la siguiente amenaza: "La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida". El 13, el diputado gallego fue secuestrado en su casa y asesinado por un comando terrorista socialista.

El 18% de los diputados de las Cortes republicanas

Casi un 30% de los generales españoles fueron fusilados o asesinados por los dos bandos, un porcentaje descomunal que se acerca a las purgas entre el generalato del Ejército Rojo perpetradas por Stalin. Los diputados de las Cortes republicanas sufrieron una mortandad enorme, aunque no tan alta: casi el 20%.

De acuerdo con la investigación del catedrático Octavio Ruiz-Manjón, de las 1.007 personas que fueron elegidas en algunas de las tres legislaturas (para cubrir 1.409 escaños), a partir del 18 de julio de 1936, murieron de manera violenta 184; es decir, 18,3% del total.

Ruiz-Manjón los distribuye de la siguiente manera. Los sublevados mataron a 73 diputados y ex diputados de izquierdas durante la guerra y 34 más en los años posteriores. El Frente Popular asesinó a 77 diputados y exdiputados derechistas. En total, 184.

En la lista que ofrece Ruiz-Manjón en Violencia vs. representación. Los diputados de las Cortes de 1936, víctimas de la guerra civil española, hay un par de ausencias que no debemos olvidar.

La primera, la de Marcelino Oreja Elósegui, diputado elegido en 1931 y 1933, y asesinado durante la revolución de octubre de 1934 (esa que el panfletista Paul Preston considera "huelga general pacífica") por un terrorista socialista, Celestino Uriarte. Su asesinato se suele olvidar, porque ocurrió antes de 1936. La segunda corresponde a Gregorio Balparda de las Herrerías, diputado liberal y monárquico vizcaíno en las Cortes de Alfonso XIII, que se negó a participar en los tribunales de depuración del Frente Popular y por ello fue encerrado en el barco-prisión Cabo Quilates y luego asesinado.

Los ladrones Prieto y Negrín

La mayoría de los diputados sobrevivieron a la guerra. José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón López de Ayala, parlamentarios en las Constituyentes (1931-1933), escaparon de la España ‘leal’ y una vez a salvo apoyaron a los alzados. Acabada la guerra, regresaron a España.

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Juan Negrín

Otros diputados no volvieron, fuese por su vinculación con asesinatos y saqueos, como los comunistas y socialistas, fuese por sus responsabilidades políticas, como Santiago Casares Quiroga y el peneuvista José Antonio Aguirre, o fuese por testarudez antifranquista, como el historiador Claudio Sánchez Albornoz y el diplomático Salvador de Madariaga.

Sin embargo, algunos diputados de las Cortes de la República después de la guerra disfrutaron de una vida envidiable. El monárquico Antonio Goicoechea fue gobernador del Banco de España entre 1938 y 1950. El financiero Juan March siguió con sus negocios y conspiraciones. La comunista Dolores Ibárruri, mantenida por Stalin, animó el maquis y los asesinatos de camaradas desobedientes y consiguió presidir la mesa de edad de las Cortes elegidas en 1977. Y los socialistas Indalecio Prieto y Juan Negrín, murieron en 1962 en México y 1956 en París como dos hombres riquísimos, gracias a lo que robaron a los españoles y nunca devolvieron.

De aprobarse la ley de ‘memoria democrática’, el Estado podrá honrar a los diputados muertos por un bando y prohibir y castigar los homenajes a los otros, que al parecer "se merecían morir con los zapatos puestos". Porque lo que pretenden la izquierda y los nacionalistas es la exclusión de quienes no comulgan con ellos.

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