La organización culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus.
El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha acordado la apertura de diligencias respecto a la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, para investigar si hubo delito de prevaricación en la gestión de la pandemia del coronavirus.
Así lo acuerda en un auto a raíz de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra Fernando Simón y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y contra los exvicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa, sobre quien el juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ya ha abierto diligencias previas por la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tras conocerse el uso de mascarillas defectuosas durante los primeros momentos de la pandemia.
Pero el juez abre sólo diligencias respecto a Fernando Simón porque "la situación procesal de las personas aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Supremo ya fue resuelta por dicho Tribunal".
La Asociación Española de Abogados Cristianos inició un proceso penal contra el Gobierno por un presunto delito de prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus.
En plena primera ola, Sanidad distribuyó entre los sanitarios mascarillas no homologadas que no impidieron contagios.
Aunque indicó que no lo había "leído", respondió al informe que dice que se hubieran salvado 23.000 vidas confinando una semana antes.
Simón lleva casi un año haciendo de portavoz del Gobierno, pero al no ostentar un cargo político, Sanidad se niega a publicar su salario.
En una entrevista en EFE a pocas horas de que espire 2020, Simón presume de gestión de la pandemia, incluida su recomendación de no llevar mascarilla.
El Consejo General de Colegios de Médicos considera "urgente un golpe de timón en la gestión". Piden un "Comité de Expertos independiente"