La Generalidad "recomienda" el cierre de Barcelona y su entorno y pide a sus ciudadanos que se confinen

Aconseja a los ciudadanos no desplazarse a sus segundas residencias y restringe la actividad de bares y restaurantes.

Pablo Planas (Barcelona)

Barcelona y las localidades de su entorno retroceden a una suerte de fase dos por el aumento de los casos de coronavirus. La Generalidad aconseja a los ciudadanos recluirse en sus domicilios y no salir nada más que para trabajar, hacer compras o ir al médico. También pide que no haya desplazamientos a las segundas residencias y que se reduzca al mínimo la actividad social.

El gobierno catalán está desbordado. La epidemia avanza sin que la Generalidad sea capaz de atajar el aumento de contagios. Faltan rastreadores y ha fallado la previsión, según apuntan médicos como Antoni Trilla y Oriol Mitjà, asesores de la administración autonómica. Tras la primera oleada del coronavirus, la Generalidad bajó la guardia. Ahora prima la improvisación, el desconcierto y apelaciones a la responsabilidad de los ciudadanos, a quienes se trata de culpar de conductas de riesgo que habrían contribuido a desatar la segunda oleada.

Los consejeros autonómicos se curan en salud y hacen llamamientos a la prudencia, al mantenimiento de una estricta profilaxis. Sin embargo, la falta de medios, de rastreadores y de medidas eficaces de detección y seguimiento están detrás del peligroso repunte, con cifras similares a las de finales de febrero y primeros de marzo.

La administración autonómica ha ordenado el cierre de los locales de ocio nocturno e impone restricciones en las actividades de bares y restaurantes, que deberán reducir al cincuenta por ciento su aforo en el interior, no se podrá servir en barra y se tendrán que separar las mesas de las terrazas dos metros. Las tiendas podrán permanecer abiertas, pero se tendrá que despachar mediante cita previa.

Los consejeros de Presidencia, Interior y Salud, Meritxell Budó, Miquel Buch y Alba Vergès, han comparecido en rueda de prensa para detallar que las medidas aplicadas en tres barrios de Hospitalet (Collblanch, La Florida y Torrasa) se extienden a toda la ciudad de Barcelona y a las localidades que la rodean, tales como San Adrián del Besós, Badalona, Santa Coloma, Cornellá, Esplugas, San Juan Despí, San Justo Desvern, Moncada y Reixach, El Prat de Llobregat, San Baudilio de Llobregat y Viladecans.

Además de Barcelona y el entorno de Lérida, las recomendaciones y prohibiciones (la reuniones de más de diez personas) se aplicarán también en la comarca de La Noguera (Balaguer, Artesa de Segre y Agramunt).

La titular de Salud, Vergès, ha insistido en que la ciudadanía debe reducir al máximo el contacto social pues la mayoría de los contagios se producen, asegura, en reuniones familiares y sociales. También ha dicho que el propósito no es prohibir sino recomendar que se eviten las salidas. Si no se cumplen las observaciones de la Generalidad, ha apuntado que se tendrá que recurrir a las prohibiciones estrictas.

Vergès ha asegurado que ha aumentado el número de hospitalizaciones a pesar de que el perfil del contagiado difiere de la primera oleada. En esta ocasión se trata de personas de entre veinte y cincuenta años que, en principio, presentan síntomas menos graves que en las semanas y meses precedentes. También ha admitido que ya hay una transmisión comunitaria del patógeno, lo que dificulta sobremanera el rastreo de los casos.

El consejero Buch ha aprovechado la comparecencia para criticar las resoluciones judiciales que han puesto en tela de juicio las prohibiciones que pretendía imponer la Generalidad por decreto. "Las herramientas que tenemos para luchar contra la pandemia son irrisorias", ha declarado.

A pesar de la gravedad de la situación, la Generalidad mantiene abiertas las colonias infantiles para favorecer que los padres puedan ir a trabajar. La policía autonómica realizará controles de tráfico, pero no limitará los movimientos por carretera, ha apuntado el consejero de Interior. No habrá, por tanto, ni multas ni controles perimetrales. Está en duda la celebración del día del libro, fijada para el 23 de julio, y de momento se mantienen los festivales de teatro y musicales, si bien con fuertes limitaciones de aforo.

Las medidas, que durarán un mínimo de quince días, afectan a una población en torno a los cuatro millones de personas.

Colau critica a la Generalidad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento, pero ha manifestado que "hay la sensación objetiva de que el 'Govern' llegó tarde en el caso de Lérida y que también ha llegado tarde en el área metropolitana".

La dirigente podemita ha criticado también que la Generalidad no cuente con suficientes rastreadores para hacer el seguimiento de los brotes y que no sea capaz de afrontar con eficacia los rebrotes del patógeno.

El juez avala las medidas

Por otra parte, el magistrado titular del juzgado de lo contencioso número 15 de Barcelona, donde la Generalidad ha presentado su escrito sobre las restricciones, ha avalado la propuesta de la administración autonómica a pesar de que la Fiscalía se había pronunciado en contra de que se prohibieran las reuniones de más de diez personas.

Según la Fiscalía, tal medida es "desproporcionada" y el gobierno catalán no la justifica de manera adecuada. En el texto del órgano fiscal se subraya que la limitación de las reuniones afecta a un derecho constitucional y la situación sanitaria "no constituye una justificación jurídica que sea apta y suficiente".

"Si algunos problemas plantea su limitación con base en la declaración del estado de alarma, muchas son las dificultades para acordar una limitación en otras circunstancias que no son excepcionales", añade el texto. La Fiscalía apunta también que "si se opta por apelar a la responsabilidad personal de los habitantes y acto seguido se prohíben absolutamente reuniones que de suyo implican desoír ese llamamiento, es evidente que la administración duda de que la gente siga las recomendaciones sanitarias".

La resolución fiscal incide en el hecho de que la Generalidad sí está dispuesta a permitir la asistencia a espectáculos públicos y otra clase de reuniones y asegura que "solo en cada caso concreto podría la autoridad valorar si se han previsto medidas de limitación de contagios y actuar en consecuencia, impidiendo la concentración de personas".

Con la decisión judicial, las medidas planteadas por la Generalidad entrarán en vigor este sábado a partir de las nueve de la mañana y se alargarán durante quince días.

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