La puerta giratoria marea al teniente fiscal Emilio de Llera, que critica la sentencia de los ERE

Su comportamiento se considera un quebranto del nuevo Código Ético del Ministerio Fiscal.

Pedro de Tena (Sevilla)

Sabido es que hay puertas giratorias en la política y la administración de modo que un fiscal puede ser nombrado consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y al cesar en su cargo, puede volver, sin solución de continuidad ni plazo preventivo, a ser de nuevo fiscal. Pero, claro, pasar de un cargo político a un puesto en la administración de Justicia, que es o debería ser un poder independiente, puede marear a algunos.

Ha sido el caso de Emilio de Llera, que fue nombrado consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por el Gobierno socialista de José Antonio Griñán (2012), siendo refrendado por el primer gobierno de Susana Díaz hasta 2017. Su mandato, muy polémico, se caracterizó por los ataques a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE y por su amistad muy cercana con la juez que la sustituyó, María Ángeles Núñez Bolaños, que troceó el caso y que finalmente hubo de dejarlo en manos de su juez de apoyo.

De su 'mareo', que le ha hecho no percatarse de que cuando uno es fiscal ya no es político, se han hecho eco el diario ABC y Diario de Sevilla. De Llera acaba de ser designado nuevo teniente fiscal, es decir, el segundo de a bordo de la Fiscalía Jefe de la provincia de Sevilla y al poco tiempo ya hizo declaraciones contra la sentencia de los ERE augurando que el Tribunal Supremo puede deparar con su decisión sorpresas importantes en el caso.

Sus afirmaciones, recogidas en una entrevista con Diario de Sevilla, hacen algunas alusiones y avanzan opiniones personales que no han gustado a la carrera fiscal. Entre otras, las más importantes han sido las que siguen:

"La sentencia de los ERE (que condenó a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos más a penas de inhabilitación y cárcel en algunos casos) no me gusta ni me convence nada, ni como jurista ni como ciudadano. Pero comprendo la presión mediática que sufrió la Sala: cuando los medios han condenado a los dos presidentes, a ver cómo los absuelve. Pasó igual que ahora con el rey emérito, que mucha gente le tiene ganas".

"Si son serios (los componentes de la sala del Supremo que resolverá los recursos), sí. Pero a mí me desanimó mucho cuando vi que el magistrado instructor designado en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en quien yo tenía mucha fe, le compró el rollo a Alaya, la tesis de que los presidentes, por estar donde estaban, tenían que saberlo".

"Es que malversación no hay (Griñán y otros han sido condenados por ello) y además se han encontrado mis compañeros con un problema, que como acusaron de malversación, ahora ya no pueden acusar por ese delito a nadie".

"María Núñez Bolaños ha sufrido mucho, lo que pretendían era echarla de la carrera judicial. Yo creo que es humano que una persona que ha sido perseguida con tanto ahínco, con verdadera pasión, acabe tirando la toalla y dejándoselo al juez Vilaplana. Lo que ocurre es que Vilaplana es más complaciente con los criterios de la Fiscalía, de manera sin duda imparcial, como era también imparcial el criterio de Núñez Bolaños".

"A Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, yo siempre lo he respetado y querido mucho, pero también hay que respetar el criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Yo no la hubiera presentado ni hubiera firmado la denuncia que suscribieron los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla" (contra la juez Bolaños).

Pues al poco tiempo de ser conocida la entrevista, dos asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, han considerado que estas declaraciones son más propias de un político que de un teniente fiscal, que debería haber respetado las decisiones judiciales y esperar en todo caso a que se resuelvan definitivamente.

Por tanto se considera que De Llera ha incumplido el código ético del Ministerio Fiscal que dice expresamente en su preámbulo que, si bien es cierto que los fiscales tienen el derecho a la libertad de expresión, hay "determinados condicionantes, entre otros, los que se refieren a que las informaciones sean claras, fiables, precisas y no pongan en peligro las investigaciones; al necesario respeto a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas y a la presunción de inocencia. Reserva y confidencialidad son, por consiguiente, algunos de los límites que ha de respetar el Ministerio Fiscal". El caso de los ERE sigue su curso con más de 100 piezas pendientes de instrucción.

Además, el muy reciente código fiscal añade que "las y los fiscales habrán de mostrarse prudentes en sus manifestaciones y no solo respecto de las opiniones que se formulan por escrito u oralmente sino, también, en la realización de actos que tengan contenido simbólico; cautela que debería extender - se a los temas que abordan públicamente, a cómo lo hacen y los medios que emplean para hacerlo".

Finalmente, en su artículo primero dice: "Las y los fiscales se comprometen a ejercer con prudencia el derecho a la libertad de expresión que como ciudadanas y ciudadanos les corresponde, respetando en todo momento las obligaciones derivadas del secreto profesional, la reserva, discreción y consideración a los derechos de los individuos, prestando especial cuidado en evitar actuaciones o emitir juicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad, así como la imagen y crédito del Ministerio Fiscal".

Por si no fuera suficiente, el Código Ético se refiere expresamente a quienes usan las puertas giratorias para volver a la carrera y dice en su artículo 35: "Las y los fiscales extremarán el celo en preservar su apariencia de imparcialidad cuando regresen a la carrera fiscal después de haber prestado servicios en cargos de representación política y/o parlamentaria, cargos públicos y actividades profesionales en el sector privado".

Las manifestaciones del teniente fiscal de Llera contradiciendo a la Audiencia de Sevilla, a la Fiscalía General, a sus propios compañeros fiscales de Sevilla, y descalificando la instrucción de la juez Alaya, entre otros, fueron publicadas días después de que lo fuera el propio Código Ético.

Una de las manifestaciones de Emilio de Llera se refería precisamente a la postura de la Fiscalía Anticorrupción en el caso ERE que se juzga actualmente en la Audiencia de Sevilla, en la pieza del caso Acyco, cuyas prejubilaciones, cuenta El Mundo, que fueron consideradas como un premio de la lotería para sus beneficiarios.

De Llera ha llegado a cuestionar la actuación de sus fiscales que "no han actuado contra esos trabajadores ni contra el Parlamento, que fue quien aprobó el sistema. Hubo un momento en que alguien apuntó por ahí y Alaya entró al trapo, pero luego se dio cuenta de que era demasiado y dio marcha atrás".

La Fiscalía Anticorrupción en el caso Acyco solicita el reintegro de 2,9 millones de euros porque considera que todas las ayudas recibidas fueron "ilícitas" al carecer de "procedimiento alguno" mientras que la Junta, gobernada por el PP y Ciudadanos, sólo reclama, en concepto de responsabilidad civil, la devolución de 530.000 euros, que corresponden a las pólizas de prejubilación de los dos intrusos a los que colocaron en el ERE de Acyco.

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